Un nuevo ataque en El Tarra, Norte de Santander, deja a la policía herida y aumenta el miedo en la región
Los ataques con explosivos llevados a cabo por pandillas criminales en la Región de Catatumbo, norte de Santander, han tomado un cariz alarmante y parece no haber un final a la vista. El más reciente ataque fue reportado en la comuna Tarra.
Según la información preliminar, el evento ocurrió alrededor de las 19:00 del domingo 11 de mayo. En ese momento, los ciudadanos alertaron sobre la explosión de una granada que había sido lanzada hacia la estación de policía.
El impacto de la detonación dejó a varios uniformados gravemente heridos, siendo ellos los más afectados por las esquirlas. Los informes de los medios locales también indican que una fuerte onda expansiva dañó una carpintería situada al lado de la estación de policía, afectando su estructura. Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales.
Adicionalmente, se informa que los miembros de la policía fueron trasladados a un centro de salud en la zona para recibir atención médica.
Catatumbo, en Norte de Santander. Foto:Andrés Carvajal
En este momento, las autoridades de la región están realizando las investigaciones pertinentes para determinar qué grupo criminal o armado es responsable de este ataque.
Un aumento inquietante en el reclutamiento juvenil en Catatumbo
Más de 50 mujeres permanecen detenidas en territorios dominados por actores armados. Foto:César Melgarejo/ El TIempo @CsearmelgaroJoa
Recientemente, la ONU para los derechos humanos en Colombia reportó que más de 66,000 personas han sido reubicadas, 126 asesinatos han sido contabilizados y se han documentado 36 casos de reclutamiento juvenil, de los cuales el 23% son migrantes venezolanos.
Tras su visita a Tibú y Cúcuta, Norte de Santander, Scott Campbell, quien es un representante en Colombia del Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, expresó su profunda preocupación por las malas condiciones de seguridad que aún prevalecen en las comunidades de la región.
En este contexto, se estima que más de 900 personas continúan viviendo en refugios, otras han regresado sin garantías mínimas de seguridad y aproximadamente 11,000 personas aún enfrentan limitaciones para evitar confrontaciones entre grupos armados ilegales y las fuerzas públicas legítimas.
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Según el último informe del Comando Conjunto, entre las más de cien víctimas fatales se cuentan al menos 23 niños y jóvenes que se han visto involucrados con grupos armados.
«El reclutamiento forzado de niñas, niños y jóvenes menores de 18 años es un crimen cometido por grupos armados no estatales que debe ser condenado. Las plataformas de redes sociales han facilitado este tipo de capturas en Colombia», afirmó Campbell.
Además, Campbell se unió a la alerta emitida por el Defensor del Pueblo en relación al creciente problema de la violencia de género. En medio de la descomposición del orden público, se han documentado 56 casos de violencia sexual contra mujeres y niñas, de los cuales el 64% corresponden a migrantes.
Felipe Santanilla Ayala
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