Un ciudadano chocó su vehículo de alquiler y afirma que lo obligaron a pagar mediante intimidación – Primer plano
Un accidente menor ocurrió en El Rodadero, uno de los sitios turísticos más visitados del Caribe colombiano, dejando al descubierto muchos detalles la principal denuncia que encendió las alarmas: En respuesta a los conflictos cotidianos, no aparecieron policías ni agentes de tránsito en la zona, sino personas en motocicletas que Dicen preocuparse por el orden.
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Según el defensor ambiental luis miguel moisescuando su hijo sufrió un accidente en una moto eléctrica alquilada en el sector turístico, No llegó ningún equipo de carretera ni agentes uniformados. Afirma que en su lugar aparecieron hombres en motocicletas que se presentaron como miembros Conquistadores de las Autodefensas de Sierra Nevada (ACSN)) y exigió el pago inmediato de una indemnización.
El ambientalista Luis Miguel Moisés fue quien condenó el acoso. Foto:Redes sociales
“El policía nunca llegó, los que sí vinieron fueron hombres que Declararon ser de los Conquistadores y exigieron el pago de cierta cantidad de un millón quinientos”, dijo Moisés en un video divulgado públicamente.
El denunciante alega que los hombres Impusieron condiciones para resolver el conflicto. y presionó para que pagara el dinero exigido por el propietario del vehículo.
«Pagas o te llevamos a la Sierra»El denunciante afirmó que se lo contaron a su hijo para que no se resistiera a pagar la cantidad requerida.
Denuncia de un organismo paralelo
Para Moisés lo ocurrido no fue un hecho aislado, sino un ejemplo de cómo trabajan dinámica de control informal en los sectores turísticos de Santa Marta.
El ecologista aseguró que compradores y prestadores de servicios pagarían pagos periódicos a estructuras armadas que garantizan la «seguridad»apoyo y mediación en disputas comerciales o acontecimientos de la vida cotidiana.
ACSN negó su participación en estos hechos. Foto:Redes sociales
“Así funciona la ley en este sector. Las empresas pagan por gestionar su negocio y reciben garantías”, afirmó.
La denuncia, según defensores de derechos humanos, entre otros, Norma Veraplantea mayores preocupaciones: la posible sustitución de funciones estatales por actores ilegítimos en los conflictos sociales, situación que él considera índice de debilidad institucional cuando se desarrolla en el espacio urbano y turístico.
“En Santa Marta no hay duda que en las instalaciones turísticas quienes imponen sanciones y control son las Autodefensas. Imponen servicio de vigilancia a vendedores y seguridad a cambio de pagar una tarifa que imponen dependiendo del tamaño de la empresa”, afirmó Vera, quien asegura que este problema ya se ha extendido por toda la ciudad.
Vera detalla que la Sierra Nevada de Santa Marta y su zona de influencia han sido escenarios de presencia en el pasado diversos actores armados ilegalmente. “En los últimos años, las Autodefensas Conquistadores de la Sierra se han mantenido estables Impacto en las zonas rurales y suburbanas.mientras que el Gobierno Nacional es partidario de un acercamiento en el marco de una política de paz total», sostiene.
El Oficina del Comisionado de Derechos Humanos Recientemente emitió la Alerta Temprana 020-25, advirtiendo sobre amenazas derivadas de disputas territoriales y posibles efectos sobre la población civil.
En este contexto, crecen las denuncias sobre supuesto control social o mediación armada importancia especialespecialmente en áreas estratégicas para la economía turística.
Respuesta de ACSN
Luego de enviada la denuncia, el Estado Mayor del Col. Conquistadores de las Autodefensas de la Sierra emitió un comunicado público negando cualquier amenaza o participación en los hechos denunciados.
Declaración de un grupo armado. Foto:Redes sociales
La organización dijo que se vio obligada a hablar «negar tales amenazas» atribuido por el ciudadano Luis Miguel Moisés y aseguró que no tenía relación con el cargo realizado tras el accidente.
En el documento, ACSN indicó que si bien históricamente ejerció control territorial debido -según su versión- a la ausencia prolongada del Estado, en este caso particular «No tenemos absolutamente nada que ver con eso»..
El grupo también confirmó que respetará los compromisos asumidos en la Ley de Paz Integral No. 2272 y expresó su voluntad de continuar el diálogo con organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Defensoría del Pueblo.
Sostuvo además que la organización «no abruma y no amenaza» y aseguró que su existencia es una respuesta a la defensa de la seguridad y los derechos sociales de la población.
Respuesta institucional
A raíz de la denuncia, se emitió un comunicado por parte del Consejo Superior para la Paz del Distrito de Santa Marta. Su dueño, jennifer del toroAdvirtió que la situación de orden público en Sierra Nevada «no permite ambigüedades u omisiones».
En las instalaciones turísticas de Santa Marta la autoridad se ejercería paralelamente a la autoridad legal. Foto:archivo privado
El funcionario repitió esto. ninguna organización marina de guerraParticipes o no en el diálogo con el Gobierno, No puede sustituir las funciones del Estado ni el ejercicio del poder.
También pidió a la Jefatura de Policía de Varsovia y a la Fiscalía que iniciaran de inmediato una investigación para esclarecer los hechos y definir responsabilidades.
El Rodadero es uno de los principales motores económicos de Santa Marta y es visitado por miles de turistas cada temporada. Por lo tanto, cualquier signo relacionado con el control armado o El acoso escolar preocupa en el sector turístico y autoridades locales.
Los analistas de seguridad advierten que cuando actores ilícitos intervienen en los conflictos cotidianos -incluso bajo la apariencia de mediación- y una forma de regulación informal que puedan consolidar el control territorial sin una confrontación abierta.
Un síntoma de un fenómeno más amplio
Más allá de las versiones en competencia, el caso genera alarma sobre una realidad que autoridades y analistas vienen advirtiendo desde hace años: consolidación Formas de control social ejercidas por estructuras armadas. que consolidan la presencia a través de la regulación cotidiana de la vida económica y comunitaria.
“La denuncia revela cómo un conflicto menor -un accidente entre individuos- estarían incluidos en dinámicas más allá de la institucionalidad, evidencia de la existencia de redes organizadas capaces de intervenir, mediar y hacer cumplir decisiones en áreas donde sólo el Estado debería actuar», añade Norma Vera.
En sectores turísticos como El Rodadero, comerciantes y prestadores de servicios condenaron este fenómeno pago periódico de tasas ilegales que en la práctica funcionan como un sistema paralelo de seguridad y resolución de conflictos. Un modelo que, según los expertos en seguridad territorial, permite a estos grupos financiar su estructura y fortalecer su legitimidad social sin la necesidad de una violencia abierta y constante.
Lo más preocupante, advierten los investigadores consultados, es que esta presencia no siempre se traduce en un rechazo visible. En algunos casos pequeñas y grandes empresas Terminan aceptando estas tarifas como un costo operativo más, similar a un servicio público informal, en aras del apoyo. Mediación y garantías que recibirán contra robo.disputas o problemas cotidianos.
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Así, mientras el Estado intenta recuperar el control institucional y avanzar en los procesos de paz, episodios como el descrito en El Rodadero se tornan evidencia de un fenómeno más profundo. Estas estructuras armadas no sólo disputan territorios rurales, sino que también expanden sistemas de gestión paralelos que puedan afectar la economía, la seguridad y la convivencia de las ciudades.
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Un salario digno para los colombianos. Foto:
Autor: Roger Urieles para EL TIEMPO Santa Marta. @rogeruv
