Tribunal aprobó sentencia contra urbanización de Bocagrande por accidente laboral de un empleado que no tenía seguro social – Primer plano
En un fallo que confirma un antiguo litigio judicial, Corte Suprema del Distrito Judicial de Cartagena confirmó el veredicto de culpabilidad Asociación de Vecinos del Conjunto Habitacional La Marina en el sector de Bocagrande, tras un accidente laboral ocurrido hace más de diez años. La decisión mantiene las obligaciones pagar las deudas y compensar los daños resultantes del evento, y sugiere que la asociación continúa enfrentando desafíos legales en la implementación de la sentencia.
LEER TAMBIÉN
El caso se remonta a 2015, cuando aprox. un empleado informal ha caído al realizar trabajos de mantenimiento en las áreas comunes de un conjunto residencial. La falta de afiliación a los sistemas de seguridad social y la falta de medidas básicas de protección dieron lugar a un proceso que, tras muchas instancias judiciales, acabó con una sentencia reciente.
Con la ratificación de la sentencia, El Tribunal confirmó que la asociación había sufrido lo que la jurisprudencia define como «culpa del empresario».al no proporcionar condiciones de trabajo seguras o no respetar los derechos laborales del empleado en cuestión.
Accidente de trabajo y falta de seguridad social
Un empleado cayó desde una altura de tres metros mientras realizaba trabajos de mantenimiento. Foto:mapas de google
El empleado infectado, identificado como Diego Arrieta, inició trabajos el 2 de marzo de 2015 bajo contrato verbal para realizar diversas tareas, entre ellas trabajos de albañilería, pintura y mantenimiento. Según la demanda, Apenas un mes después, el 9 de abril, Arrieta cayó desde una altura de aproximadamente tres metros. al salir de un galpón, sin llevar equipo de seguridad como arnés o casco.
La caída lo provocó Fracturas de tibia y calcáneo que le obligaron a ser intervenido quirúrgicamente. y un período de incapacidad para el trabajo de seis meses. Tras su recuperación, los exámenes médicos demostraron que había perdido el 20,83% de su capacidad de trabajo, lo que sirvió de base para iniciar un proceso judicial en su contra.
Otro elemento clave de la demanda fue no pertenecientes a sistemas de seguridad social: Arrieta no estaba afiliado formalmente a la ARL, la EPS o el fondo de pensiones, lo que violaría no sólo las leyes laborales sino también los principios fundamentales de protección de los trabajadores en Colombia.
Desde la primera sentencia hasta la ratificación de la sentencia
La sentencia incluye indemnización y pago de deudas de los empleados. Foto:mapas de google
El proceso legal se inició en el Juzgado Séptimo del Trabajo del Distrito de Cartagena, el cual En mayo de 2020 condenó a la Asociación a pagar las deudas de los empleados, indemnizaciones y beneficios resultantes del accidente. Esta decisión fue posteriormente confirmada por la Sala del Trabajo de la Corte Suprema de Cartagena en marzo de 2021, que también ordenó el reconocimiento de una indemnización por daño emergente y lucro cesante, endureciendo la responsabilidad de la asociación.
LEER TAMBIÉN
Si bien la sentencia de segunda instancia ya estableció estas obligaciones, el proceso aún no ha concluido. La Asociación de Vecinos no pagó voluntariamente las cantidades ordenadas, lo que llevó al tribunal a emitir una orden ejecutiva en julio de 2023 y ordenar medidas preventivas con respecto a los honorarios administrativos del grupo.
Estas medidas están dirigidas a asegúrese de que los recursos estén disponibles al momento de ejecución de la sentencia definitiva, pero generaron tensiones internas entre los copropietarios y administradores del complejo, que repercutieron en las finanzas del edificio.
Procedimientos de desacato y litigios actuales
Las medidas relativas a las tasas administrativas tienen como objetivo garantizar el cumplimiento de la sentencia judicial. Foto:mapas de google
Además de ratificar la sentencia de fondo, el juicio derivó en el inicio de presuntas acciones por desacato basadas en la aparente falta de respuesta de la asociación a los requerimientos judiciales para cumplir con las medidas preventivas. Desde 2023 se han remitido diversos oficios a la entidad solicitándole que informe de la ejecución de la orden y brindar información sobre las personas que han estado a cargo de la administración desde agosto de este año.
Si no hay respuestas claras, El abogado del demandante solicitó el inicio del proceso. desacato, proceso que está en curso y que podría dar lugar a nuevas sanciones si se demuestra que la asociación obstaculizó el cumplimiento de obligaciones judiciales.
Él El 28 de enero de 2026, la secretaría judicial dictó resolución relacionada con la práctica de pruebas. Como parte de este esfuerzo, se ha presentado una decisión para revisión y apelación, manteniendo abierto el proceso en varios frentes.
Impacto en la comunidad y el sector de vivienda
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad de los trabajadores de conjuntos habitacionales en el país. Foto:mapas de google
La sentencia ratificada tiene consecuencias jurídicas no sólo para la Asociación de Vecinos de La Marina, sino también Consecuencias financieras y administrativas para los propietarios del complejo. Las medidas cautelares relativas a las tasas administrativas han generado preocupación entre los residentes, especialmente entre aquellos que cobran tasas administrativas. No estuvieron asociados con el consejo de administración en 2015, pero ahora se ven afectados por cargas impuestas.
LEER TAMBIÉN
Además, este caso resalta vacíos en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en cooperativas de vivienda y otras entidades que: emplean trabajadores de manera informal. Abogados laboralistas señalan que hechos como este pueden sentar precedentes sobre la importancia de garantizar la seguridad social y condiciones laborales adecuadas, incluso en sectores que aparentemente no son de alto riesgo.
Mientras tanto, La asociación y sus representantes legales enfrentan un juicio que combina la ejecución de la sentencia, cobro judicial de deudas y posible desacato, escenarios que prolongan la incertidumbre sobre la resolución final del caso.
Debate sobre responsabilidad y seguridad en conjuntos habitacionales
Conjunto residencial La Marina. Foto:mapas de google
Este caso en Bocagrande no es aislado. Los especialistas en el campo del derecho laboral y la seguridad laboral advierten contra esto Muchos complejos de departamentos en Colombia aún gestionan contratos de mantenimiento y servicios basados en prácticas informales lo que puede exponer tanto a los empleados como a las propias asociaciones a riesgos legales importantes.
Ratificación de la sentencia del Tribunal Supremo de Cartagena envía una señal clara sobre la obligación de cumplir con la normativa laboral y la obligación de aceptar responsabilidad cuando por negligencia se causen daños físicos y económicos a terceros.
La comunidad de La Marina espera escuchar casos adicionales a medida que continúa la demanda. para que se explique no sólo la ejecución de la sentencia principal, sino también las consecuencias de las acciones tomadas por desacato y posibles sanciones adicionales que pudieran resultar.
Quizás te interese este vídeo:
