Los grupos de autodefensa, conocidos como AGC de Gaitanista, forman parte de una estructura que opera en la región del Golfo Persa, y su influencia se hace notar en los juicios relacionados con las obras cívicas que se llevan a cabo en las regiones de Sucre y Córdoba. Estos grupos no escatiman esfuerzos en su objetivo de extorsionar a los contratistas involucrados, demandando pagos exorbitantes o amenazando con realizar actos de violencia tanto en contra de las personas empleadas como de las máquinas utilizadas en estas obras.
Las acciones coercitivas de estos grupos son recurrentes y se manifiestan en distintos frentes de trabajo. A pesar de los esfuerzos por registrar y desmantelar a líderes y miembros de la organización en ambos departamentos, los delitos persisten y la vigilancia parece ineficaz.
El impacto de esta situación es devastador, pues las comunidades locales sufren las consecuencias de la violencia y la extorsión, lo que impide que se materialicen muchos de sus sueños de progreso. Las infraestructuras que podrían traer desarrollo a estas regiones continúan estancadas, mientras sus habitantes observan con frustración cómo sus esperanzas se desvanecen.
Se combinaron varias máquinas en las zonas rurales de Sahagún y San Marcos. Foto:Redes sociales
Una vez que los grupos logran su objetivo a través del cobro de varios millones de pesos en extorsiones, en ocasiones, la vida de los trabajadores y la destrucción de máquinas amarillas usadas en el trabajo son consecuencias directas de su accionar. «No entendemos cómo este grupo que dice defender a las personas que trabajan puede llevar a cabo acciones que nos perjudican. Si crean una colección o ataque, entonces las obras nunca se realizan y esto es una pena para la comunidad», afirma un líder local que ha optado por mantener su identidad en secreto.
Poblaciones bajo control de AGC
Las autoridades en los municipios y departamentos afectados han señalado que los miembros de AGC viajan a las comunidades en busca de proyectos en curso o que estén por iniciar. «Una vez que identifican a los contratistas, se presentan en el lugar, se acercan a ellos y les proporcionan un número de contacto. Este número corresponde al líder regional que establece el monto que deben pagar para poder continuar con los trabajos», explican funcionarios locales.
El Ministerio de Infraestructura de Sucre ha indicado que, en la gran mayoría de estos casos, la principal orden es paralizar las obras para evitar el pago de extorsiones, lo que crea un ciclo de inactividad y desconfianza en la construcción de infraestructuras.
Los agentes de seguridad, como la Policía del Grupo Gaula, la Marina Nacional y el Ejército, intentan establecer un marco de seguridad en la zona, para reanudar los trabajos una vez que la situación se considere segura. «Si hay garantías en los puntos de trabajo, el proceso se retoma», mencionan.
Sin embargo, en situaciones menos afortunadas, durante la oscuridad de la noche y al amanecer, las máquinas son atacadas y destruidas. «Ha sido un fenómeno constante en las áreas rurales, como en Sahagún, Córdoba, donde las máquinas han sido incendiadas en diversas ocasiones», informan residentes.
También se han documentado incidentes similares en El Llano, en zonas rurales de San Marcos, en la región de San Jorge Sucreño, donde el equipamiento utilizado para las obras fue consumido por las llamas. Para que los trabajos prosigan, la administración municipal de San Marcos se ha visto obligada a contactar a las autoridades y militarizar zonas para garantizar la ejecución de las labores de infraestructura.
El control de la extorsión no se limita al área rural
El fenómeno de la extorsión no se restringe únicamente a las obras en las carreteras y caminos rurales, también afecta a proyectos en los núcleos urbanos. Diversos trabajos realizados en Vejo y Corozal han requerido el respaldo de las autoridades para ser finalizados.
Cabe destacar que en el caso de Entonces -Alled Panel Bride I, un proyecto que conecta la comuna de Corozal con la carretera troncal Occidental, el desarrollo estuvo parado durante meses debido a situaciones de inseguridad. Un caso similar ocurrió en el distrito de Libertad, desde JOJO, donde fue indispensable colocar fuerzas militares en puntos estratégicos para concluir las obras.
La situación persiste y continúa sin cambios significativos en el despliegue de las autoridades, lo que ha llevado a que muchas comunidades se sientan desprotegidas y abandonadas a su suerte.
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Sucre
