Procuraduría advierte contra la transparencia de la intervención contra Air-E y requiere soluciones específicas para Supersavicios
La situación actual ha generado una fuerte preocupación expresada por La Oficina del Fiscal General. Esta entidad ha estado trabajando en conjunto con el Curador de Servicios de Dominio Público (Superservicios) para llevar a cabo un monitoreo exhaustivo respecto a la intervención de la Compañía de Energía Air-E, que es propiedad del Estado y opera en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Durante una reunión reciente, el fiscal general insistió en que aunque ya han transcurrido varios meses desde que el gobierno nacional anunció la intervención, no existe un plan estructurado ni final en cuanto a la reorganización o eventual liquidación de la empresa. Esta falta de dirección ha suscitado inquietudes, dado que no hay garantías en torno a alternativas concretas que aseguren la continuidad y el desarrollo sostenible del servicio público de energía en estas tres regiones costeras de Colombia.
El panorama es inquietante; no hay una hoja de ruta clara ni respuestas definitivas sobre el estado actual de las finanzas de la compañía o cómo se planea abordar la crisis en la provisión de servicios.
Una reunión que deja dudas
La fachada de la sede de Air-E en Barranquilla.Foto:Vanexa Romero/The Time
En su declaración oficial, La Oficina del Fiscal General señaló que la reunión con Superservicios dejó más dudas que certezas. Ocurrió que los representantes de la agencia de supervisión no pudieron proporcionar exposiciones claras ni respaldar adecuadamente los informes financieros que fueron solicitados. Asimismo, se manifestó que no se han presentado datos actualizados y verificables sobre la deuda que tiene la empresa con los generadores eléctricos, ni se han entregado detalles sobre el monitoreo técnico y operativo desde la intervención.
«Las respuestas proporcionadas durante la reunión carecían de claridad, y no venían acompañadas de documentos o respaldos financieros. Se esperaban datos consolidados acerca de las obligaciones, la relación actual con los acreedores y los activos disponibles de la compañía, pero esto no fue lo que se presentó,» insistió el ministerio público.
Esta situación ha aumentado la ansiedad, ya que según lo reafirmado por la Oficina del Fiscal General y el Controlador de la República, la provisión de un servicio adecuado en esta región no puede ser algo improvisado. Ambas instituciones han recordado que más allá de la intervención, el acceso a un servicio básico está amenazado para más de 1.8 millones de usuarios que dependen de Air-E en los tres departamentos.
Intervención del gobierno nacional
Air-E continúa el trabajo de mantenimiento en redes eléctricas.Foto:Hermético
Es importante recordar que la empresa fue intervenida por el gobierno nacional el 20 de febrero de 2024, bajo la resolución de Superservicios 20241000008145. Esta intervención se tomó a raíz de múltiples notificaciones respecto a la situación financiera crítica de la compañía, así como los problemas relacionados con el flujo de efectivo que afectan la remuneración a generadores y transportadores de energía, además de las crecientes quejas de los ciudadanos sobre cortes prolongados y tarifas elevadas.
Desde aquel entonces, la preocupación tanto de las autoridades como de los usuarios ha ido en aumento, pues no se han evidenciado cambios estructurales ni medidas efectivas que mejoren la calidad del servicio o resuelvan la crisis en la que se encuentra. Hasta la fecha, Superservicios aún no ha determinado si la solución para la compañía involucrará una reorganización, una liquidación o la posibilidad de ceder su operación a un nuevo operador.
Para la Oficina del Fiscal General, la carencia de un plan de rescate viable y técnicamente sólido no solo pone en riesgo la provisión de servicios, sino que también agrava la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
«Exigimos una intervención y resultados transparentes a fin de verificar que la región, históricamente afectada por la deficiente calidad de servicio eléctrico, no se vea sumida en un abismo. Es urgente que el gobierno, mediante supervisión, se asegure de que se emitan facturas claras y se presente un plan técnico, financiero y legal que garantice el desarrollo sostenible de la operación,» finalizó la entidad.
Ante esta situación preocupante, la Oficina del Fiscal General ha anunciado que solicitará formalmente un informe detallado que incluya los siguientes aspectos:
- La paternidad actual y la situación financiera de Air-E.
- Cantidad de deuda total con generadores y transportadores de energía.
- Programa de actividades que se planean para la intervención en el futuro.
- Fondos destinados a garantizar un suministro continuo y eficiente del servicio.
Aparte de esto, el Ministerio Público ha advertido sobre la posible apertura de procesos disciplinarios si se determina que hubo negligencia, omisión o falta de planificación en la gestión del caso por parte de los funcionarios responsables.
En este contexto, los usuarios en la región del Caribe enfrentan una creciente incertidumbre que demanda decisiones inmediatas y efectivas para frenar el deterioro del sistema eléctrico y asegurar un servicio que sea digno, seguro y continuo.
