presunta red judicial bajo vidrio de ampliación

La investigación en curso, que se encuentra gestionada por la Octava Oficina del Fiscal delegada ante una gerencia especializada contra la corrupción, continúa ampliando el alcance de su operación a través de Pruebas de control de UEVA. Estas pruebas incluyen un mayor número de relaciones telefónicas, análisis de películas de seguridad, inspección de documentos, así como un intenso monitoreo en este campo. Todo esto es parte de la lucha contra un presunto marco de penalización vinculado al Gran robo de tierra en la comuna de Soldad, el Atlántico, cuya complejidad ha sido motivo de preocupación desde su revelación inicial. El pasado viernes 9 de mayo, la fiscalía avanzó con una exposición que revela detalles alarmantes de la red delictiva.
En esta etapa, se llevó a cabo nuevamente una interrogación virtual ante el juez de control de garantía. Este procedimiento es parte de la solicitud de un seguro que ha sido requerido para los 17 individuos procesados, quienes están acusados de haber participado activamente en estos eventos delictivos. Este día representó un avance significativo en la investigación, ya que se trata de la segunda vez que se examina a los destinatarios, lo que permite a los investigadores profundizar en los hilos de una red criminal que involucra a múltiples actores.
Entre los implicados están funcionarios públicos, abogados, notarios, procesadores e incluso personas vinculadas a la administración judicial. Como resultado, se ha tejido una red compleja que ha dado lugar a la aparición de pruebas comprometedores y ha llevado a la fiscalía a revisar numerosas relaciones y vínculos.
Prueba de la oficina del fiscal del caso
Capturado involucrado en el robo de tierra Foto:Cortesía
Nuevos elementos han sido revelados en las últimas audiencias, destacando el monitoreo en la Tierra, respaldado por imágenes capturadas por las cámaras de seguridad del centro comercial de Alegra Park, en Barranquilla. Este monitoreo ha permitido la obtención de un video del 21 de febrero de 2025, donde aparece el abogado Alex Ahumada, quien fue visto ingresando a un vehículo en el estacionamiento. De acuerdo a la información proporcionada por la fiscalía, el automóvil era conducido por Andrés Rafael Dazgranados, asesor legal de la Secretaría del Gobierno de Soldada.
La acusación establece que durante este encuentro, «Ahumada habría proporcionado la suma de dinero de Dazgranados con el objetivo de asegurar un concepto legal favorable para la resolución irregular de la propiedad que pertenece a la empresa de construcción Marval, en favor del presunto propietario ilegal Wilmar Machuca.
Además, se presentó evidencia sobre la implicación de Neissy Cantillo del Toro, ex oficial de policía de Soldada, quien supuestamente continúo facilitando el traspaso de terrenos a terceros para asegurar la aceptación de la tierra, a pesar de no contar con la posición legal adecuada. La fiscalía alega que Cantillo no solo emitió documentos presuntamente irregulares, sino que también obtuvo beneficios económicos personales del comercio ilegal de tierras.
Presunta red judicial bajo investigación
Uno de los momentos más delicados durante la presentación de las pruebas fue la revelación de posibles vínculos entre la red delictiva y ciertos funcionarios de la sala de la corte. La fiscalía afirmó que varios jueces, fiscales e incluso investigadores estaban involucrados al facilitar el acceso a información confidencial sobre las investigaciones, lo que permitiría advertir a los implicados o interferir en los procedimientos judiciales.
El fiscal comentó que en el caso, «las copias se vieron obligadas a ser presentadas ante entidades de control contra servidores de la sección del Atlántico en la oficina del fiscal, que, utilizando sus certificados, accedían a archivos internos presuntamente para fines ilegales.»
«Hay una fuerte investigación» insistió el fiscal, quien leyó una conversación interceptada entre dos individuos relacionados con el caso, donde discutían sobre el avance interno de las investigaciones.
«El propósito de esta audiencia es asegurarse de que estos actos de corrupción no se repitan en el futuro. Existen intereses privados que intentan resguardar bienes inmuebles a los que no tienen derecho, y es imperativo terminar con esta práctica estructural», continuó el fiscal en su discurso ante el juez.
Personas involucradas en el robo de la tierra
Entre ellos hay funcionarios públicos. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
La lista de las personas involucradas en este proceso incluye a varios funcionarios clave. Entre ellos se encuentran:
- Marlon Mora Montesino, Inspector de policía en Soledad.
- Juan Manuel Ucrós Ucrós, Ex-Instrumento público de registro.
- José Luis Pacco Teherán, Abogado calificado de la Oficina de Registro.
- Iván Carlos Páez Redondo, Actual Secretario de la misma entidad.
- David de Castro Macías, También ex registro.
La declaración también saca a la luz a otros individuos con antecedentes penales:
- Ismael Cárcamo e Inés Aminta Salas Palencia, indicados como presuntos agentes de corrupción.
- José Márquez Monterrosa, abogado.
- Francisco Mejía, Notario público en Santo Tomás.
- Luis Martínez, Procesador de documentos.
- Rafael Enrique Bossio Pinzón, abogado.
- Wilmar Machuca y Luis Peñaloza Rojas, identificados como propietarios irregulares.
- Roque José Lugo, señalado como un presunto testigo falso.
Es importante destacar que este proceso también incluye a la segunda notaria pública, Ana Dolores Meza Caballero, quien fue arrestada y acusada hace unos días y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, tras la decisión del 17º Tribunal Penal Municipal con función de control de garantía de Barranquilla.
La audiencia concluyó con el anuncio de un juez, quien señaló que la solicitud de un medio de garantía se reanudará el lunes 12 de mayo a las 8:00, donde se escuchará a los representantes de las víctimas. Se anticipa que este día se tomarán decisiones clave que podrían dar forma a lo que podría convertirse en uno de los mayores escándalos de corrupción territorial en la región del Caribe de Colombia.