«Pedimos medidas de seguridad y no encontramos respuesta». – Primer plano
Tras el ataque con drones explosivos ocurrido el martes 14 de octubre en Calamar (Guaviare), que dejó tres personas heridas, entre ellas la madre del alcalde del municipio (Farid Camilo Castaño), la Defensoría del Pueblo se reunió con el gobernador del departamento, Yeison Rojas, y los alcaldes de Calamar, Miraflores, El Retorno y San José del Guaviare.
La abogada defensora Iris Marín reiteró que la protección de la vida, la integridad personal y la seguridad son derechos humanos fundamentales, y Instó al Gobierno Nacional a adoptar medidas urgentes y efectivas para garantizar la seguridad de la comunidad del Guaviare y de los líderes políticos ante lo que calificó como un preocupante aumento de la violencia. en la región este año.
La Defensoría del Pueblo se reunió con los gobernadores locales del Guaviare. Foto:Oficina del Comisionado de Derechos Humanos
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El gobernador Rojas, por su parte, denunció en conferencia de prensa que la Unidad Nacional de Protección (UNP) no haya respondido a las solicitudes de las autoridades locales sobre la situación de seguridad.
“Como gobernador, hago públicamente responsable a la UNP por la vida de los alcaldes y del gobernador”, dijo tras una reunión en el Ministerio del Interior. Esto significaría poner sobre la mesa una difícil situación de política pública.
En respuesta, la UNP rechazó las declaraciones del presidente y aclaró que la asignación de fondos de protección toma en cuenta la evaluación de una comisión interinstitucional, que incluye a los Ministerios del Interior y de Defensa Nacional y a la Policía Nacional. «La Policía Nacional realiza investigaciones sobre el nivel de riesgo para alcaldes y gobernadores. Esto pasa a la comisión», dijo la unidad.
“Hemos solicitado apoyo en muchas ocasiones para garantizar las medidas de seguridad y no hemos encontrado respuesta”, concluyó el gobernador Rojas.
A su vez, la Defensoría del Pueblo dijo en un comunicado: «Apoyamos a las autoridades locales para garantizar que cuenten con las herramientas necesarias que les permitan protegerse a sí mismas y a sus comunidades y garantizar la plena implementación de los derechos humanos en el ministerio».
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