El Tribunal Penal local 17, encargado de la función de control de garantía en Barranquilla, ha ordenado el arresto domiciliario de Dolores Meza Caballero, quien ocupa el cargo de segundo notario público en la ciudad. Esta decisión se ha tomado tras las acusaciones presentadas por la fiscalía, que apunta a su presunta implicación en una red delictiva que ha facilitado la apropiación irregular de tierras, tanto públicas como privadas.
Meza Caballero enfrenta cargos que se centran en delitos asociados con la apropiación indebida, la asociación ilícita, la comisión de delitos contra la administración pública y la urbanización ilegal. Estas acusaciones han sido formuladas según la denuncia del octavo fiscal delegado en la administración especializada contra la corrupción. Aunque un empleado del tribunal ha rechazado las acusaciones, el juez ha considerado los elementos presentados.
El juez, al evaluar la situación de Meza Caballero, aceptó un medio de confianza en su hogar, teniendo en cuenta su edad y una condición de hipertensión que presenta, según informaron fuentes judiciales.
Las investigaciones realizadas por la fiscalía revelan que el notario público habría desempeñado un papel fundamental en la legalización de documentos falsificados, lo que facilitó la venta de terrenos públicos. Entre estos se encuentra un área verde destinada a un parque en la comuna de soldados y los bienes reservados para la construcción de un Megacolegio.
A estas alturas, se estima que estas actividades fraudulentas podrían haber favorecido la comercialización ilícita de parcelas, valoradas en unos 50 millones de pesos. Se ha calculado que el monto total de la defraudación asciende a 22 mil millones de pesos, en un área total aproximada de 277,000 metros cuadrados.
Marco de apropiación de tierras públicas
El nombre de Meza Caballero se asocia con otros 17 individuos implicados en esta operación anticorrupción, varios de ellos funcionarios o exfuncionarios de la Administración de Lonelidad y de las Oficinas de Instrumentos Públicos.
17 detenidos en caso de robo de tierras tras las rejas. Foto:Policía
Las autoridades han indicado que esta red delictiva ha permitido la creación de un registro fraudulentos de propiedades, la anulación de resoluciones judiciales, y la ocupación ilegal de tierras públicas. Esto se ha logrado mediante la emisión de documentos falsos por parte de personas naturales.
Entre los funcionarios implicados, la oficina del fiscal menciona a registradores que omiten verificar la legalidad de los títulos, y notarios que protocolizan documentos sin la debida comprobación de impuestos, antecedentes legales y calificaciones jurídicas. Este comportamiento ha incumplido su deber de supervisar los documentos que se registran. También se han identificado inspectores de policía, quienes justificaron la ocupación irregular de terrenos públicos a través de prácticas ilegales.
Este escándalo, que se ha dado a conocer recientemente, ha llevado al presidente Gustavo Petro a comprometerse con la defensa del patrimonio público, afectando planes urbanos como la construcción de jardines y centros culturales para niños, y ha generado un caos legal que incide directamente en aproximadamente 1800 familias.
Las autoridades aseguran que esto es solo la primera fase de un proceso de investigación más amplio.
Tanto la fiscalía como la policía nacional continúan recolectando pruebas para presentar a todos los presuntos responsables de este sistema de corrupción ante las instancias judiciales pertinentes.
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