narcos y grupos armados, en alianzas con bandas para lavado de activos, sicariato y contrabando – Primer plano

Cali ha venido trabajando contra el narcotráfico y la minería ilegal. Inclusive, en la Secretaría de Seguridad y Justicia del distrito, así como en la Policía Metropolitana de la ciudad y en la Fiscalía señalan que los operativos también apuntan a desarticular organizaciones criminales que se autofinancian y lavan activos, mediante el contrabando.

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali, Jairo García, ratificó que el contrabando es una forma con la cual, se lavan los recursos del narcotráfico y de la misma minería legal. 

«El alcalde Alejandro Eder y la Secretaría de Seguridad y Justicia le hemos pedido a la Fiscalía General de la Nación que la delegada contra el crimen organizado, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía, esté mucho más presente en Cali. Tengamos más casos estratégicos porque claramente aquí hay una delincuencia importante que requiere también del apoyo del nivel nacional para que sea desarticulada», dijo el secretario García a EL TIEMPO.

Explicó que hasta hace una semana, las autoridades habían contabilizado alrededor de 930 homicidios. 

El secretario García afirmó que el 70 % de esos casos tiene que ver con estructuras del crimen organizado y delincuencia común. En cuanto al 30 % restante de las muertes se debe a problemas de convivencia. 

«Hemos dicho que cerca del 30 % de los homicidios en Cali no tienen nada que ver con la criminalidad. Tienen que ver con una mala resolución de un conflicto entre los caleños», añadió el funcionario. 

Dentro de ese 30 % entran dos casos de homicidios, registrados en el fin de semana del 6 de diciembre de este año que, según la Policía del barrio Nueva Floresta, no obedecen a ajustes de cuentas por narcotraficantes, ni a venganzas, sino de intolerancia, aunque los homicidas dispararon y huyeron en motocicleta.  

La masacre en la vía a La Buitrera no se fragüó en Cali, sino en Buenaventura: detrás habría capos del narcotráfico por minería ilegal de oro y una traición

Según la Secretaría de Seguridad y Justicia de Cali, la masacre en la vía al corregimiento La Buitrera, en la noche del pasado 17 de septiembre, dejó ver cómo Cali viene siendo un corredor de grupos criminales para mover dinero por negocios ilícitos, que involucran drogas y minería ilegal de oro, entre narcotraficantes, en alianzas con grupos armados y delincuenciales, y mafias transnacionales.

Es por ello, como lo dijo el secretario de Seguridad y Justicia de Cali a EL TIEMPO que la ciudad se ha convertido en ese corredor para grupos criminales, mencionando que ese fue el caso de la masacre ocurrida en la noche del 17 de septiembre pasado en el corregimiento de La Buitrera.

Todo empezó en Buenaventura. «Fue una especie de negocio que ocurrió por la venta de oro en Buenaventura y se viene acá a Cali, de alguna manera a culminar ese tipo de negocios criminales», afirmó el secretario García a EL TIEMPO.

Un comerciante se dedicaba a negociar lingotes de oro, pero habría molestado a un capo con una red de lavado de activos en el Valle del Cauca. 

La zona rural de Buenaventura se ha convertido en una región donde se cruzan grupos armados, con narcotraficantes, inclusive aliados con carteles, como el Sinaloa, de México. En ese punto entra la minería ilegal con alzados en armas, incluyendo los disidentes de las Farc. El frente ‘Jaime Martínez’ tiene influencia en el área rural de Buenaventura, así como en Dagua, al igual que la ‘Segunda Marquetalia’ y el Eln. 

La minería es una de sus rentas ilícitas. Fuentes de la Policía en el Valle informaron que los disidentes tienen acercamientos con capos del narcotráfico, ya sea para ser contratados para la comisión de delitos, cuando se trata de recuperar bienes a manos de testaferros, que provienen del mismo narcotráfico. Estos acercamientos los tienen en zonas de Buenaventura, Jamundí, y en el centro y el norte del departamento.

Según estas fuentes de la Policía y la Fiscalía, la red criminal con fuerzas de narcos fraguaron una trampa contra el comerciante de oro en cuestión, con la banda delincuencial ‘la Cero’, la cual tiene influencia en la comuna 13 del distrito de Aguablanca, específicamente, en el barrio El Diamante, en el oriente de Cali. Esta es una de las comunas más violentas de la capital del Valle del Cauca, donde viven familias vulnerables. 

Contratados para engaño y asesinato

Tres personas vinculadas a la banda ‘la Cero’ fueron contratadas para simular la compra de lingotes de oro al comerciante, quien en Cali estaba con dos allegados de su confianza al momento del supuesto negocio, ese 17 de noviembre, a las 9:57 de la noche.

Los tres hombres de la banda ‘la Cero’, según la Policía Metropolitana de Cali, contactaron al comerciante diciéndole que le querían comprar oro.

Las tres víctimas y sus agresores se reunieron y se movilizaban en la misma una camioneta Volkswagen Amarok Comfortline, de alta gama y con blindaje tipo 2, en la cual ocurrió la masacre, recorriendo la vía a La Buitrera. Tomaron la carretera desde el barrio Ciudad Jardín, uno de los más exclusivos de Cali.

El tipo de blindaje de la camioneta hace que el vehículo esté protegido contra disparos por armas 9 milímetros FMJ, 45 FMJ, 38 súper y especial y calibres inferiores, así como 357 Mágnum JSP, 9 milímetros FMJ, 45 FMJ, 38 súper y especial, además de escopetas. Pero el blindaje no resistiría disparos de una 44 Magnum, que es totalmente letal, o de una Magnum JSP.

Uno de los lingotes de oro dentro del negocio valía más de 500 millones de pesos, además que había 29 millones de pesos en efectivo.

El comerciante desconfió de la negociación con los tres desconocidos en el suroccidente de Cali y fue acompañado por las dos personas cercanas a él, al tiempo que le pidió a su esposa que siguiera la camioneta. Ella así lo hizo, manejando una motocicleta y guardando distancia, pero después presenció la masacre.

En la escalofriante la trampa, los agresores utilizaron un arma corta tan sofisticada que dispararon a la cabeza de dos las víctimas, quedando sin vida en la camioneta. Entre las hipótesis figura que es posible que haya habido un momento de forcejeo con la tercera víctima o que esta trató de protegerse, por lo que recibió un disparo en el cuello.

En el ataque murieron Brandon Asdrúbal Castrillón Medina, de 29 años, y Daniel Esteban Freire Martínez, de 34. El tercer hombre murió en una clínica. Fue identificado por la Policía como Andrés Camilo Bohórquez Cortés. La identidad no se había dado a conocer, en un comienzo. La Policía lo informó a EL TIEMPO.

Tras la investigación, a los dos meses del triple homicidio, la Policía Metropolitana de Cali capturó a los tres presuntos victimarios del comerciante y de sus dos acompañantes. Además, fueron incautadas dos armas de fuego y se recuperaron los29 millones de pesos en efectivo. 

El comandante de la Policía Metropolitana de Cali, brigadier general Henry Yesid Bello, dijo que los tres victimarios detenidos robaron el oro y luego habrían cometido el ataque.

En este caso no hubo sicarios, sino tres personas que habrían engañado a su víctima, el comerciante de oro, para matarlo, ganándose su confianza.

Aunque otros homicidios han sido bajo la modalidad de ataques de sicarios que se movilizan en motos, se acercan a sus víctimas, les disparan y luego huyen rápidamente. 

Ese fue el caso del hecho sicarial contra el abogado Fredy Albeiro Zapata, quien al momento de su asesinato, el 14 de noviembre pasado, estaba reunido con Andrés Mateo Orjuela Cobo, hijo de Jaime Orjuela Caballero. Este último tuvo vínculo con el ‘cartel de Cali’ y había sido asesinado en 2002. 

Jaime Orjuela Caballero fue señalado por las autoridades norteamericanas como un hombre de relativa importancia en el llamado ‘cartel de Cali’ y había sido solicitado en extradición por Estados Unidos.

El hijo de Orjuela Caballero, al parecer, tenía interés en predios de la carrera 66 con primera, que son de carácter público, administrados por la Alcaldía de Cali y que han quedado en medio de pugnas por restitución.

El abogado también estuvo representando a quien está en un litigio con la Alcaldía por un terreno de 50.000 metros cuadrados en el corregimiento de Golondrinas y donde se levantó una mansión con piscina, jacuzzi y palmeras que no son propias de la región. Este terreno es de uso público y pertenece a la Alcaldía de Cali. 

Fue entregado a la Administración en dación de pago, aunque la persona que construyó la edificación ha reiterado a la Administración distrital hasta hoy que es el legítimo dueño, que compró la propiedad cuando no había pasado a manos de la Alcaldía. Claro está que la dación de pago al municipio de Cali para uso de espacio público fue en 2004 y la adquisición que esta persona argumenta la habría realizado en 2015.

Uno de los últimos ataques sicariales, con tal grado de premeditación, fue el ocurrido el pasado 5 de diciembre, en zona de la avenida Cañasgordas, un sector que está en inmediaciones de la vía al corregimiento de Pance. Allí, hay condominios exclusivos, además de ser una zona comercial donde hay universidades y colegios privados.

La víctima en ese caso fue identificada por la Policía Metropolitana de Cali, como Andrés Fernando Ocampo. Los sicarios usaban máscaras, guantes y habrían disparado un arma con silenciador. 

El contrabando y el multicrimen

Asimismo, en ese entramado de fuerzas ilegales están las que propiciaron disturbios, en la noche del pasado 25 de noviembre, en el centro de Cali, en locales donde, presuntamente, había contrabando.

EL TIEMPO conoció que el contrabando y el lavado de activos es parte de las prácticas de narcotraficantes y de grupos armados que han venido permeando complejos comerciales en el centro de la ciudad. Es por ello que el operativo y la reacción policial con gases lacrimógenos de ese 25 de noviembre no fueron contra vendedores ambulantes, como lo recalcó el secretario de Seguridad de Cali. 

«No fue no fue un proceso de recuperación del espacio público, no fue un proceso que afectaba las ventas ambulantes, era al interior en una bodega. Definitivamente, el contrabando es un gran problema y es una fuente criminal que termina es empoderando a unos grupos que lo único que les interesa es generar réditos criminales y afectar la seguridad de los caleños», afirmó el secretario García a EL TIEMPO.

La organización transnacional de multicrimen que manejaba contrabando en el centro de Cali, según la Policía 

La Policía Nacional capturó recientemente a un ciudadano asiático, en pleno centro de Cali. Comandos de operaciones especiales de la misma Fuerza Pública cumplieron el operativo en la ciudad y en Bogotá, dejando a ocho personas capturadas en total, entre ellas, el extranjero. Son señaladas de pertenecer a una presunta organización criminal, de tipo transnacional.

“Este golpe demuestra que Colombia no permitirá que las economías ilícitas afecten la seguridad ni el patrimonio de los colombianos. Desarticular una organización multicrimen trasnacional es un mensaje claro: aquí hay una institución firme, articulada y decidida a proteger la legalidad», afirmó el director de la Policía Nacional, brigadier general William Rincón.

El oficial explicó que, en una operación conjunta y coordinada entre la Policía Nacional de Colombia, la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), se logró la desarticulación de una organización multicrimen trasnacional, dedicada al contrabando, al lavado de activos y al enriquecimiento ilícito. Esta organización tiene presencia en Bogotá y Cali.

«Gracias a labores investigativas de más de un año, se ejecutaron diligencias simultáneas que permitieron la captura de ocho personas, presuntamente vinculadas con el ingreso irregular de mercancía al país y el movimiento de recursos de origen ilícito, a través de complejas redes financieras», dijo el general Rincón.

Entre esos capturados está el asiático, quien fue identificado como Feisen Chen, investigado por los presuntos delitos de concierto para delinquir, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y contrabando.

Chen fue capturado en un local de su propiedad, ubicado en el centro de Cali. Allí había electrodomésticos, artículos para mascotas, utensilios de cocina, flores artificiales, adornos de Navidad y equipos tecnológicos, avaluados en unos 200 millones de pesos. Todo fue incautado.

Durante la intervención en Cali y Bogotá, las autoridades aprehendieron textiles avaluados en más de 2.100 millones de pesos y se incautaron 396 millones en diferentes divisas, dinero que, al parecer, era utilizado para dinamizar el flujo financiero de la estructura criminal, según la Policía Nacional.

«Las indagaciones permiten establecer que esta organización habría evadido impuestos por más de 47.000 millones de pesos, afectando, de manera directa, el patrimonio económico del Estado y la libre competencia en el mercado nacional», dice el informe oficial de la Policía Nacional.

«Con esta operación, la Policía Nacional y las autoridades articuladas reafirman su compromiso con la lucha frontal contra las economías ilícitas, el crimen organizado y el contrabando que amenazan la seguridad y la estabilidad económica del país», se lee en el documento.

Mapa de los grupos armados en el Valle del Cauca

La Defensoría en su alerta temprana 012-2025 recalcó los «riesgos para la población civil que provienen del entrelazamiento del conflicto armado y la criminalidad organizada en sectores urbanos y rurales del distrito especial de Santiago de Cali (Valle del Cauca), dando lugar a un conflicto de carácter híbrido».

La alerta temprana fue emitida el pasado 26 de agosto, cinco días posteriores al ataque de los disidentes de las Farc del frente ‘Jaime Martínez’ que dejó seis muertos y más de 70 heridos, todos civiles, de los cuales, nueve fueron niños y adolescentes, y tres personas más, adultos mayores.

Según la misma alerta temprana, «este conflicto se manifiesta en un escenario de coexistencia y competencia entre grupos armados organizados (GAO) y de criminalidad organizada, que tiene al menos tres rasgos».

El documento de la Defensoría del Pueblo explica que el primero de esos tres rasgos «es el accionar de grupos armados organizados (GAO), como el Ejército de Liberación Nacional (Eln); disidencias de las extintas Farc-EP, adscritas al ‘Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas (Bocja)’, del nuevo ‘Estado Mayor Central (EMC)’, y a la ‘Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (CNEB)’, y, por último, el ‘Ejército Gaitanista de Colombia (EGC)’ que, además de ser parte del conflicto armado, es un grupo sucesor del paramilitarismo».

El segundo aspecto, según la alerta temprana, es la actividad de grupos de crimen organizado y delincuenciales. «La mayoría son grupos locales, aunque otros influyen desde diferentes regiones del Valle del Cauca, como ‘Shottas’, ‘Espartanos’, ‘La Oficina’ y ‘La Inmaculada’ y otros lo hacen desde Quibdó, como ‘Lokos Yam’, ‘los Zeta’ y ‘RPS’. 

«Además, actores del crimen organizado transnacional, como los carteles mexicanos y el ‘Tren de Aragua’, también influyen intermitentemente en el territorio, en la articulación de redes de economías ilícitas», dice la alerta de la Defensoría.

El tercer factor «se refiere a las redes que enlazan a los GAO (grupos armados organizados) con grupos de criminalidad organizada a nivel local, regional y transnacional, con objetivos económicos, logísticos y políticos. Estas conexiones han evolucionado desde lo descrito en la AT 001-22 para este distrito (Cali), generando impactos en los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad de sus habitantes», se lee en el documento.

Se indica, además, que lo anterior se entrecruza con las vulnerabilidades y capacidades institucionales y sociales del territorio, que se expresan de distinta forma en lo rural y lo urbano, y permiten advertir un riesgo de nivel alto. «En este documento de advertencia, se formularon 34 recomendaciones orientadas a la prevención temprana y urgente para la mitigación de los factores generadores de riesgo, protección de la población, fortalecimiento de las capacidades existentes, entre otras», dice el documento de la Defensoría del Pueblo.

CAROLINA BOHÓRQUEZ 

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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