El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, testificará este martes 24 de marzo de 2026 en el juicio federal contra el excongresista David Rivera, quien enfrenta graves cargos de lavado de dinero y lobby ilegal. Según fiscales de Miami, Rivera y su socia Esther Nuhfer manejaron los intereses del gobierno de Nicolás Maduro entre 2017 y 2018 sin registrarse como agentes extranjeros ante el Departamento de Justicia. Los fiscales alegan que el exlegislador recibió millones en pagos de PDV USA, una subsidiaria de la compañía petrolera estatal de Venezuela, para influir en funcionarios clave de la administración Trump y aliviar las sanciones económicas contra el régimen socialista. Esta aparición pone de relieve la estrecha relación personal entre Rubio y Rivera, quienes compartieron un hogar y una carrera política en Florida durante más de una década.
La acusación detalla un sofisticado plan de pago que ascendió a un contrato total de 50 millones de dólares para mejorar las relaciones diplomáticas entre Washington y Caracas. En consecuencia, los investigadores alegan que los acusados utilizaron lenguaje cifrado en sus comunicaciones para ocultar la naturaleza de su negocio y el origen de los fondos. Por ejemplo, mensajes de texto interceptados revelan que los involucrados se referían a Maduro como «El guaguero» y a millones de dólares como «melones», en un intento de eludir la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA). Aunque Rubio admite que mantuvo reuniones con Rivera en 2017 para discutir la situación en Venezuela, el secretario de Estado afirma que nunca conoció los antecedentes financieros ni la conexión directa de su amigo con la petrolera PDVSA.
Marco Rubio en el estrado: El juicio por cabildeo venezolano sacude la política de Florida / El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, habla con la prensa el 2 de marzo de 2026.
Brendan Smialowski/AFP vía Getty Images
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Además del testimonio de Rubio, el juicio presenta una lista de testigos de alto perfil que incluye a la ex abogada de la Casa Blanca Kellyanne Conway y al representante de Texas Pete Sessions. Sin embargo, la defensa de Rivera afirma que sus esfuerzos buscaban simplemente una reconciliación democrática que incluyera la celebración de elecciones libres y justas en el país sudamericano. Por el contrario, el Departamento de Justicia insiste en que los 25 millones de dólares que recibió Rivera en realidad sirvieron para financiar un lobby encubierto que violó la seguridad nacional. Este proceso legal marca un precedente importante en la aplicación de la Ley FARA, que exige que cualquier persona que trabaje para un gobierno extranjero declare sus vínculos y compensaciones de manera transparente.
La historia personal entre los dos políticos añade una capa de complejidad al caso, ya que Rubio y Rivera compraron una casa juntos en Tallahassee en 2005 mientras servían en la legislatura estatal. A pesar de esta conexión, el portavoz de Rubio reiteró que el senador siempre mantuvo una postura firme contra el régimen de Maduro, exigiendo que se levanten las sanciones sólo a cambio de una democracia real. Asimismo, los fiscales argumentan que si Rivera intentó suavizar la posición de Rubio, su esfuerzo fracasó estrepitosamente debido a la línea dura que Washington mantuvo durante ese período. El testimonio del Secretario de Estado es fundamental para determinar si los acusados engañaron activamente a funcionarios estadounidenses o si había algún grado de conocimiento del origen de los recursos venezolanos.
Marco Rubio en el estrado: El juicio por cabildeo venezolano sacude la política de Florida
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Finalmente, Rivera enfrenta sentencias de hasta décadas de prisión si el jurado lo declara culpable de conspiración, lavado de dinero y transacciones ilegales. Mientras avanza el juicio en Miami, la comunidad internacional observa de cerca cómo los hilos de poder que buscaban conectar a Caracas con Washington quedan expuestos en los momentos de mayor tensión bilateral. Los expertos legales sugieren que este caso fortalecerá el escrutinio de los excongresistas que se lanzan al mundo del lobby, especialmente cuando involucran regímenes bajo sanciones internacionales. La resolución de este conflicto legal no sólo definirá el futuro de David Rivera, sino que también aclarará la integridad de los procesos de consulta diplomática en el corazón del sistema político estadounidense.