Levantamientos en el campo de la salud mental, el abuso sexual y la alimentación infantil

En una reciente sesión, el Consejo de Medellín abordó temas cruciales relacionados con la implementación de la política pública infantil, así como los desafíos que enfrenta durante el periodo de pubertad en la ciudad. La discusión destacó la importancia de revisar y reforzar estas políticas para ofrecer un entorno más seguro y propicio para el desarrollo de los niños y adolescentes en Medellín.

Una de las primeras participantes en la discusión fue Yeni Alexandra Jiménez Pérez, representante del movimiento de acción, quien expresó su preocupación por la situación actual. Jiménez resaltó que, si bien Medellín cuenta con una política de infancia, su implementación todavía está en una fase inicial. Es evidente que las estructuras actuales fallan en conectar a las autoridades estatales con las familias y los niños, quienes deben ser considerados como entidades políticas en este proceso.

Además, Jiménez subrayó que hay una alarmante falta de efectividad en las actividades diseñadas para proteger a la infancia, lo que resalta la necesidad de una regulación más estricta y una revisión exhaustiva de la política vigente. En los primeros nueve meses de 2024, se registraron 161 casos de presuntas víctimas de abuso sexual comercial de niñas, niños y jóvenes (ESCNNA).

Jiménez complementó su intervención diciendo: «Hasta ahora, no hemos visto un informe detallado sobre el progreso de las políticas de intervención en esta área. Es preocupante que los ciudadanos sientan que hay un aumento constante en los casos de abuso.» En este sentido, el concejal José Luis Marín coincidió, señalando que los números proporcionados por las autoridades son inquietantes, aunque pueden variar en diferentes registros.

«En 2024, se brindó atención a 128 menores para restaurar sus derechos relacionados con casos de ESCNNA,» dijo Marín. Indicó que el registro inferior de estos casos es, sin duda, un problema significativo, lo que sugiere que la situación podría ser mucho más grave de lo que los números oficiales indican.

Además, resaltó que, según los datos policiales, hubo 1050 casos de delitos sexuales reportados en 2024, los cuales no deben confundirse con los casos de abuso sexual comercial. Esto crea una urgente necesidad de una revisión más profunda y sistemática de cómo se están abordando estos problemas.

Cordura

En otra parte de la sesión, Camila Gaviria proporcionó cifras alarmantes relacionadas con la salud mental de la infancia, revelando que se registraron 745 intentos de suicidio el año pasado, además de 287 suicidios en el mismo periodo, lo que denota un alto nivel de ansiedad y violencia dentro de esta población. Estos datos, presentados durante el debate, subrayan la crítica necesidad de medidas efectivas para abordar estos problemas.

Por otro lado, el concejal Miguel Ángel Iguarán también tomó la palabra para resaltar el progreso logrado en la ciudad, aunque advirtió que los desafíos persisten. Destacó que «el 20.9 por ciento de la población son niñas, niños y jóvenes, lo cual es un dato significativo.» Además, mencionó que en el período de 2021 a 2025, se registraron 17,745 casos de violencia sexual, de los cuales el 92.4 por ciento involucraron a menores de edad.

Buen comienzo, único

A pesar de estos resultados sombríos, resaltó que desde 2019 se han invertido más de 204,000 millones de pesos en programas destinados a la infancia, los cuales han tenido resultados positivos. Esto incluye a 22,000 niños que han accedido al sistema educativo, y 87,000 que han recibido atención positiva de diferentes programas.

Sin embargo, el cabildero Farley Macías cuestionó la efectividad de estas políticas, argumentando que no son suficientes para responder a las necesidades de los niños y jóvenes que todavía viven en condiciones de extrema pobreza, inseguridad alimentaria, abandono escolar y violencia estructural. Al respecto, citó estadísticas preocupantes: el 46 por ciento de los menores viven en pobreza monetaria, y 6 de cada 10 hogares con niños sufren de incertidumbre alimentaria. Además, en el corregimiento de Palmitas se registró la tasa más alta de trabajo infantil, que alcanza el 4.6 por ciento, en comparación con el 1.2 por ciento de la media general.

Macías concluyó su intervención afirmando que «no es suficiente mantener programas históricos como un buen comienzo. Es imperativo establecer nuevos objetivos, destinar un presupuesto adicional y adoptar una reacción intersectorial que priorice el hambre como un tema crucial.»

Finalmente, el personal del distrito, Mefi Boset Rave Gómez, destacó que con el apoyo de la Personería de Medellín se han tratado 135 casos en 2025 relacionados con problemas infantiles, a través de un observatorio familiar que se enfoca en tres líneas: ESCNNA, protección de adultos mayores y asistencia a personas en situación de calle. Ella expresó que los desafíos enfrentados por esta población se relacionan con la inseguridad alimentaria, la educación, el deterioro de la salud mental, el trabajo infantil y los efectos de conflictos armados.

Adicionalmente, durante la reunión, se notificó la desconexión de la articulación territorial del ICBF, lo que se percibe como un obstáculo por la necesidad de activar la protección de la primera infancia. La Personería admitió que la interacción con el ICBF «aún no es lo suficientemente fluida» para resolver estos problemas de manera efectiva.

Alejandro Mercado

Periodista nacional

Medellín

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