La oficina del fiscal general ha comenzado a desentrañar los detalles de un complicado Red de corrupción en la comuna de Soldad, Atlánnico, que aparentemente se dedica al robo de tierras utilizando documentos falsificados, maniobras administrativas engañosas y el respaldo de funcionarios públicos. Este escándalo ha capturado la atención del público y las autoridades, revelando una red compleja que va más allá de lo habitual en los problemas de corrupción.
Durante un primer interrogatorio relacionado con la solicitud de garantía para un grupo de 17 capturados, La entidad acusadora presentó nuevas evidencias de llamadas telefónicas que comprometen a varios individuos, y entre las revelaciones más impactantes se señala directamente al Secretario del Gobierno de la Ciudad, Carlos Valencia. Este desarrollo ha levantado muchas cejas en el ámbito político y judicial.
Datos revelados por la Oficina del Fiscal del Secretario del Gobierno
Secretario del gobierno de la ciudad, Carlos Valencia. Foto:Cortesía
Uno de los elementos cruciales presentados durante la diligencia fue una conversación interceptada el 19 de febrero de 2025 en la que dos hombres, cuyos nombres aún no están completamente identificados según las evidencias del juicio, discuten un pago de 15 millones de pesos que supuestamente estaba destinado al Secretario del Gobierno a cambio de la aprobación de trámites administrativos. Este tipo de maniobra facilitaría la apropiación irregular de tierras en la región.
Uno de los interlocutores se escucha diciendo: «Hay dinero o Coimas en la oficina de Soledad para favorecer a ciertas personas en el suministro de tierras. ¿Por qué repartir dinero a los funcionarios de la oficina del alcalde si todos los documentos están en orden?» Esta conversación ha sido presentada por el fiscal como una clara evidencia de prácticas ilegales que habrían estado ocurriendo dentro de la administración de la ciudad.
Durante la audiencia, se reveló además que los involucrados no solo mencionaron montos de dinero, sino que también utilizaban vehículos oficiales, incluyendo camiones proporcionados por la Unidad de Protección Nacional (UNP), lo que podría constituir un uso inadecuado de recursos estatales. En algunos casos, se identificaron armas durante las reuniones vinculadas a este supuesto esquema de apropiación de terrenos, lo que añade otra capa de complicidad a esta situación.
Asesor legal de la Secretaría del Gobierno de la Soledad
Capturado involucrado en el robo de tierra Foto:Cortesía
Un nombre que ha surgido como un elemento clave en esta investigación es el de Andrés Rafael Diazgrados, asesor legal de la Secretaría del Gobierno de Soldada. Según diversas fuentes, este funcionario habría recibido cantidades de dinero para sofocar cualquier resistencia interna a los procedimientos que finalmente beneficiaban a los presuntos propietarios de propiedades irregulares.
Además, la oficina del fiscal ha documentado varias reuniones llevadas a cabo entre los integrantes de esta red en centros comerciales de Barranquilla y Soldad. En estos espacios, se habrían formalizado contratos, se entregaron sumas de dinero y se acordaron los procesos irregulares que facilitaban la apropiación de tierras.
A raíz de las acusaciones en su contra, el Secretario del Gobierno de Soldada, Carlos Valencia, se manifestó de manera contundente.
Nunca he actuado ilegalmente. Puede verificar que mi currículum es impecable y que jamás he estado involucrado en actividades criminales. No comprendo cómo puedo estar vinculado a esta investigación y debo aclarar que, por el contrario, mi labor ha sido prevenir situaciones de esta índole.
Carlos ValenciaSecretario del Gobierno de la Soledad
Sin embargo, fuentes cercanas al caso han indicado a El Tiómpo que no se descarta que Valencia pueda verse involucrado formalmente en las etapas futuras del proceso, a medida que avanza el análisis de las detenciones y las evidencias recabadas.
La operación en contra de esta red de corrupción comenzó con la captura de 17 personas por parte del grupo dijín anti-corrupción, en colaboración con un fiscal especializado de Bogotá. Los detenidos incluyen funcionarios de registro de instrumentos públicos, inspectores de policía, notarios, procesadores y abogados.
Y las audiencias continuarán el próximo lunes 12 de mayo a las 8:00 a.m., momento en el que se espera la comparecencia de representantes de las víctimas. La oficina del fiscal está anticipando nuevas revelaciones en lo que se vislumbra como uno de los escándalos de corrupción más graves vinculados a la tierra en la región del Caribe colombiano.
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