las dudas jurídicas frenan el acuerdo; el caso sigue abierto – Primer plano
«El Consejo Supremo respeta las decisiones judiciales y cree que deben respetarse; sin embargo, Las decisiones deben contar con un sólido respaldo técnico, jurídico y financiero para evitar nuevos problemas legales.«.
Con esta declaración Gobernador del Atlántico y Presidente del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa, Explicó las conclusiones adoptadas por este organismo luego de la sesión extraordinaria celebrada el lunes 16 de marzo en Barranquilla.
Durante más de tres horas, miembros del máximo órgano de administración de la institución analizaron los alcances una sentencia de tutela que ordena la reinstalación del exvicerrector de Bienestar Social de la universidad, Álvaro González Aguilar. Sin embargo, al final de la discusión, el Consejo se abstuvo de aprobar el proyecto de acuerdo presentado para implementar esta decisión judicial.
La decisión mantiene abierto el proceso administrativo y legal relacionado con el caso, que en las últimas semanas ha desencadenado un nuevo episodio judicial contra la universidad.
Las dudas jurídicas suspenden la celebración del acuerdo
La reunión extraordinaria fue convocada a solicitud del rector responsable de la institución, Rafael Castillo Pacheco, quien interpuso ante el Consejo Supremo la sentencia emitida por el Primer Juzgado Promiscuo del Distrito de Puerto Colombia.
Rafael Castillo Pacheco, rector de la Universidad del Atlántico Foto:udea
Este despacho judicial ordenó la reinstalación de González Aguilar como vicerrector de bienestar social de la universidad o en un cargo de similar o mayor jerarquía dentro de la universidad.
Para cumplir con esta decisión, la administración universitaria presentó a la Verjovna Rada el proyecto de acuerdo que había propuesto modificar la estructura del puesto, pasando de especialista a asesor. Con ello se pretendía brindar una alternativa administrativa que permitiera llevar a cabo la reinstalación ordenada por el funcionario de libertad condicional.
Sin embargo, los concejales expresaron algunas dudas sobre esta propuesta.
Según Verano de la Rosa, el proyecto no fue aprobado debido a… preguntas legales y técnicos asociados a los documentos que respaldan la iniciativa.
Entre los aspectos señalados por los concejales se encuentra el estudio técnico presentado, que, según indicaron, no cumplió con los requisitos necesario, así como el concepto jurídico presentado y la viabilidad general de la alternativa propuesta para garantizar el cumplimiento de la decisión judicial.
En este contexto, la organización decidió no aprobar el acuerdo y dejar el asunto en el limbo hasta obtener apoyos más sólidos.
Los orígenes del conflicto administrativo
La situación de González Aguilar se remonta a 2025, cuando lo anunció sus aspiraciones al rectorado de la Universidad Atlántica.
Álvaro González Aguilar, exvicerrector de Bienestar Social de la Universidad Uniatlántico. Foto:Redes sociales
En las consultas universitarias realizadas en octubre de este año obtuvo 3.996 votos y se convirtió en la segunda fuerza electoral, después del candidato ganador Danilo Hernández.
Unas semanas después de este juicio, el 29 de octubre de 2025, se le notificó: suspensión temporal por tres meses sin goce de sueldo como parte de una investigación disciplinaria.
Luego, el 4 de noviembre de 2025, la universidad declaró que su nombramiento era infundado como Vicerrector de Bienestar Social de la Universidad mediante resolución N° 003345.
Unos meses después, en enero de 2026, Rafael Castillo asumió como rector propiamente dicho. Wilson Quimbayo como nuevo titular de esta agencia.
Estas decisiones administrativas llevaron a González Aguilar a iniciar un proceso judicial para buscar protección de sus derechos.
Incidente de tutela y desacato
El caso cobró impulso en febrero de 2026, cuando El primer juzgado licencioso del distrito de Puerto Colombia decidió proteger temporalmente los derechos fundamentales de González Aguilar.
Esta sentencia revocó una sentencia anterior que declaró inadmisible la denuncia y ordenó el reintegro del funcionario a su cargo o cargo equivalente en la universidad.
En su solicitud, González argumentóviolación de varios derechos fundamentales, entre ellos empleos, debido proceso, mínimos mínimos y mayor estabilidad laboral por razones de salud.
El exfuncionario también señaló que su situación afecta a su familia, incluidos su hijo menor y su padre anciano, quienes dependen económicamente de él.
Así lo estableció la sentencia del tribunal. Se suponía que el reembolso garantizaría beneficios sociales. y realizarse en condiciones adaptadas a su estado de salud, teniendo en cuenta las recomendaciones médicas adecuadas.
Sin embargo, el proceso no terminó ahí.
El 12 de marzo de 2026 el juez inició proceso por desacato contra el rector Universidad del Atlántico tras una denuncia presentada por González Aguilar, quien alega que la institución no cumplió con la orden judicial dentro del plazo señalado de tres días.
