Sin dar nombres específicos de instituciones educativas, la oficina del fiscal regional Nariñoha publicado un informe que evidencia la creciente preocupación respecto a las acusaciones de acoso sexual y violencia que afectan a niños y jóvenes en las escuelas de esta región, situada en el sur del país. Este es un tema alarmante que ha suscitado la atención de las autoridades y la comunidad en general.
Por otro lado, el Instituto Nacional de Medicina Legal ha documentado un total de 61 exámenes forenses relacionados con presuntos casos de violencia sexual contra niños y adolescentes desde el inicio de 2024, contrastando esta cifra con los 68 casos reportados durante todo el 2023. Este aumento de casos es motivo de alarma y refleja la necesidad de actuar de manera proactiva.
Consciente de que hay situaciones que requieren un análisis riguroso, el organismo de control ha subrayado la urgencia de incrementar las campañas educativas y de concientización relacionadas con este grave problema social. La meta es erradicar, en la medida de lo posible, la violencia en entornos educativos.
Llamada de advertencia
Rechazo de la violencia contra los niños en el país. Foto:César Melgarejo / The Time
Ante esta problemática, el Ministerio Público ha comenzado a hacer un llamado a la acción, instando a receptores, maestros, estudiantes, padres de familia y entidades competentes a unir esfuerzos que permitan erradicar esta pandemia de acoso y violencia en las instituciones educativas del departamento.
Al emitir una advertencia sobre el aumento de incidentes que constituyen violencia sexual contra niños y adolescentes en el año en curso, se ha reconocido la inquietante realidad de que dicha situación ha sido señalada por una entidad de control.
Revisión de directrices concomitantes
Rechazo del abuso hacia los niños. Foto:Tiempo de archivo
La oficina regional del fiscal Nariño, junto a los fiscales correspondientes de las provincias de Pasto e Ipiales, ha solicitado a directores, comités estudiantiles y docentes de más de 16 escuelas profesionales revisar y actualizar no solo los textos educativos, sino también las rutas de atención prioritarias para aquellos estudiantes que sean capaces de identificar y reportar tales acciones delictivas.
El organismo de control ha declarado en el último foro “solicitando la prevención del acoso y la violencia sexual en contextos educativos” que es imprescindible coordinar esfuerzos entre los rectores, el Instituto de Bienestar Social Colombiano (ICBF) y la Oficina del Fiscal General, en respuesta a situaciones que comprometen los derechos humanos y la sexualidad de los menores.
Adicionalmente, el Ministerio Público ha propuesto la socialización de campañas educativas sobre las rutas de atención y ha instado a la participación activa de maestros, padres de familia y estudiantes para poner un alto a las dinámicas de abuso dentro de la educación en Nariño, así como a la violencia sexual contra niños y adolescentes.
Mauricio de la Rosa
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