Tres días después de la reunión del alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, con líderes comunitarios en el distrito de Crespo, se tomaron medidas para abordar las preocupaciones generadas por el Proyecto de Expansión del Aeropuerto Rafael Núñez. El distrito decidió aplicar un sello de suspensión a una de las obras en cuestión, argumentando que estas se estaban llevando a cabo sin los permisos legales necesarios.
La suspensión fue emitida en una propiedad identificada por la referencia catastral No. 0102055540006000, situada en el corazón del distrito de Crespo. Esta acción se da en un contexto de tensión entre las necesidades de desarrollo urbano y las preocupaciones de la comunidad.
Acción después de conocer a la comunidad
De acuerdo con la información proporcionada por el ayuntamiento, la intervención se realizó sin contar con un permiso legal valido, lo cual llevó a una acción conjunta por parte de la Dirección de Control Municipal, así como de la Secretaría de Interior, la gestión del espacio público y la inspección policial.
El distrito explicó que el operador del aeropuerto de OINAC, encargado de las obras de expansión, no presentó documentación que respalde la legalidad de los trabajos ni los permisos requeridos, los cuales deben ser emitidos por las autoridades competentes, como la Aeronáutica Civil.
Esta falta de documentación llevó a las autoridades a actuar, en cumplimiento de lo que se acordó durante la reunión que tuvo lugar el sábado pasado con la comunidad, donde se discutieron las medidas legales, administrativas y policiales necesarias para asegurar el respeto por los derechos de los residentes de Crespo.
Este es el primer paso para establecer orden y comprobar que ninguna intervención perjudique a la comunidad sin cumplir las regulaciones pertinentes.
Emilio MolinaControl urbano directo
El inspector de policía encargado del caso otorgó al operador un plazo de 60 días para que presente la documentación que respalde la legalidad de los trabajos suspendidos. En particular, se requiere que demuestre que la propiedad donde se realizó la intervención forma parte de la extensión del aeropuerto y que cuenta con la correspondiente autorización de la Aeronáutica Civil, conforme a las regulaciones nacionales aplicables.
Argumento del operador: una excepción que no convence
Aeropuerto Internacional Rafael Núñez en Cartagena.Foto:Carlos Capella. Tiempo de archivo
En su defensa, el concesionario de OINAC argumentó que, de acuerdo con el decreto 1077 de 2015, las obras en aeropuertos están exceptuadas del sistema de licencias de la ciudad, por lo que no serían necesarios trámites ante el distrito. Sin embargo, la Oficina del Alcalde señaló que esta excepción no se aplica automáticamente y que el operador no ha demostrado que la zona en cuestión está efectivamente sujeta a la licencia requerida.
«La presunta exclusión del sistema de licencias debe basarse en evidencia técnica y legal que no se ha presentado. Por lo tanto, mientras no se valide la legalidad del proyecto, los trabajos permanecerán en suspensión«, manifestó el inspector de policía en su resolución.
La comunidad de Crespo ha manifestado numerosas veces que las obras del aeropuerto generan un impacto considerable en el entorno urbano, social y ambiental de la zona, lo que incluye alteraciones en el espacio público, cambios destructivos en el paisaje, ruido excesivo y una posible amenaza estructural a las viviendas cercanas. Además, han expresado críticas por la falta de consulta por parte del concesionario y de las autoridades nacionales competentes.
Monitoreo estricto y compromiso institucional
Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena.Foto:Gracias a la amabilidad de los sacos
En respuesta a estas preocupaciones, el ayuntamiento se comprometió a mantener una supervisión estricta sobre las intervenciones asociadas al proyecto de expansión y a establecer un canal de comunicación permanente con la comunidad.
«Continuaremos realizando visitas al terreno, verificando los permisos y escuchando a los vecinos. No permitiremos que la infraestructura se desarrolle a expensas de los derechos civiles», declaró un portavoz de la Secretaría del Interior.
Simultáneamente, los líderes del vecindario y otros grupos comunitarios anunciaron su intención de seguir ejerciendo presión social y legal para garantizar que cada intervención respetara los estándares urbanos y que se incluyera a los involucrados en los procesos de toma de decisiones.
Este asunto se consagra, así, como un precedente significativo en el marco del megaprojecto del aeropuerto, que continúa desarrollándose, ahora con una gestión más rigurosa por parte del distrito y una comunidad cada vez más organizada.
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