. La expansión del aeropuerto internacional de Rafael Núñez, considerado uno de los proyectos de infraestructura más ambiciosos en el Caribe colombiano, ha dejado de ser un símbolo de progreso para convertirse en un epicentro de conflictos urbanos y sociales. Este proyecto se ha situado en el centro del debate entre la administración local, encabezada por el alcalde del distrito de Cartaagen, y la comunidad del tradicional distrito de Crespo.
Las alarmas han sonado en la administración de Dumek Turbay ante las acusaciones de los vecinos, quienes advierten sobre posibles impactos sociales, civiles y medioambientales generados por las obras en curso. Después de escuchar las preocupaciones de la ciudadanía en una reunión el pasado sábado, el alcalde Turbay anunció un cambio en la postura del distrito respecto al proyecto, enfatizando la necesidad de reforzar la estrategia legal para asegurar el respeto por la planificación territorial y los derechos de la comunidad.
Cartagena no puede ser tratada como un escenario en el que se impongan decisiones del centro del país, sin considerar el tejido social, la planificación urbana y los valores ambientales que sustentan nuestra ciudad
Turbay DumekAlcalde de Cartagen
En este contexto, el alcalde ha advertido que se tomarán las acciones necesarias para evaluar la legalidad de la expropiación y la utilización del suelo en la zona intermedia donde se están llevando a cabo las obras.
Lado de disputa y medida de suspensión
Comunidad de Crespo Marchó
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El motivo central de esta controversia fue la construcción de viviendas en terrenos adyacentes a la terminal de aviación, llevada a cabo por la licencia Oinac, una firma privada encargada del desarrollo del proyecto del aeropuerto. Este desarrollo, que se sitúa en un área de alta sensibilidad urbana, fue cercado sin los permisos adecuados de las autoridades regionales, lo que generó una rápida reacción por parte de la oficina del alcalde.
El lunes, como primer paso, los funcionarios de la dirección urbana solicitaron la suspensión de las obras. La administración explicó que el operador no contaba con los permisos necesarios, según los estándares de planificación urbana, para seguir adelante con el proyecto en esa área.
La situación se complicó aún más cuando se conoció que la comunidad temía que otras propiedades privadas en el sector también fueran objeto de expropiaciones, de acuerdo con un comunicado de servicios públicos emitido por el Ministerio de Transporte.
Experiencia bajo la lupa: una solicitud de archivos y medidas legales
Seal funciona en el aeropuerto de Cartagena
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Ante esta potencial amenaza, el alcalde Turbay recurrió formalmente a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIA), a Aeronáutica Civil y a Oinac, solicitando la entrega de un archivo administrativo que contiene la Resolución No. 20232000003805 del 31 de marzo de 2023. Esta resolución declara el proyecto del «aeropuerto de Cartagena» como de utilidad pública, lo que habilitaría legalmente la adquisición forzada de bienes raíces en la zona.
«El objetivo es revisar el archivo con un enfoque técnico riguroso y decidir sobre las acciones de control que se implementarán para defender nuestra autonomía territorial y ordenar el territorio. Este proyecto parece ignorar el uso del suelo definido y genera un estrés colectivo en todo el distrito tradicional de Crespo«, aclaró el presidente del distrito.
En la comunicación enviada a Óscar Torres Yarzagaray, presidente de ANIA; a Carlos Cuartas, gerente de Oinac; y a José Pinto, Director de Aeronáutica Civil, Turbay enfatizó que el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Cartagena establece las condiciones para el uso de la tierra y que cualquier intervención que no se ajuste a este marco corresponde a una amenaza contra la planificación del distrito.
El gobierno nacional defiende el trabajo como clave para el Caribe
Óscar Torres Yarzagaray, presidente de Ania
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Ante las afirmaciones de la administración local, la Agencia Nacional de Infraestructura reafirmó su compromiso con el proyecto y aseguró que el trabajo cuenta con todo el respaldo legal. En respuesta a la solicitud de la región, ANIA instruyó a Oinac para que provea la documentación necesaria que evidencie el uso adecuado de la propiedad en cuestión.
Entre los documentos que se han proporcionado por la concesión se incluyen la Resolución No. 20232000003805 del Ministerio de Transporte y la Ley de Decretos 019 de 2012, que establece que las extensiones o modificaciones de los aeropuertos nacionales e internacionales no requieren una licencia municipal. Esta exención ha sido objeto de un serio interrogante por parte de las autoridades locales, considerando que no puede quedar supeditada a una decisión legal del municipio.
El gobierno nacional repite su compromiso decisivo con la región del Caribe y espera que, después de esclarecer las dudas del distrito, la reanudación del trabajo se pueda dar sin obstáculos. Este proyecto fortalecerá la comunicación, la competitividad y el desarrollo económico de Cartagena.
Óscar TorresgarayPresidente de ANI
Estación: altura vs. armonía territorial
. La expansión del aeropuerto Rafael Núñez no solo incluye la construcción de un nuevo edificio para vuelos internacionales que duplicará la capacidad, sino también la creación de cinco puentes aéreos, nuevas salas de espera y áreas de acceso modernizadas, así como la adición de espacios de estacionamiento y otras mejoras técnicas.
De acuerdo con las proyecciones de ANIA y el operador OINAC, estas obras generarán más de 400 empleos directos e indirectos en la fase inicial y permitirán que Cartagena reciba un mayor flujo de pasajeros y turistas.
No obstante, para la comunidad de Crespo, el tamaño del proyecto y la ausencia de consultas cívicas en su planificación han dejado un vacío entre las promesas de desarrollo económico y el derecho a vivir en un entorno planificado y protegido. Los vecinos sostienen que no están en contra del progreso, pero insisten en que el desarrollo no debe llevarse a cabo sin considerar el bienestar de sus habitantes.
Nueva mesa de concertación y próximos pasos
La disputa entre el alcalde de Cartagen y Ania
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Con la finalidad de encontrar una solución dialogada a este conflicto, el 9 de mayo se llevará a cabo una nueva mesa de concertación entre la oficina del alcalde, Oinac, ANIA, Aeronáutica Civil, la Oficina del Defensor del Pueblo y representantes ciudadanos.
«El objetivo será presentar los documentos requeridos, escuchar a todas las partes involucradas y definir el marco de acción«, indicó el presidente de ANIA.
Mientras tanto, la oficina del alcalde continúa revisando la legalidad de la declaración pública y evaluando las posibles acciones legales que serían necesarias para proteger la autonomía de la planificación territorial de Cartagena.
«Esta no es una lucha contra el desarrollo. Se trata de una defensa razonable de nuestra ciudad, nuestro terreno y los derechos de los cartageneros», resumió el alcalde Dumek Turbay en una conversación con este medio.
