la extensión de dominio proporciona equipamiento financiero – Primer plano
En los grandes juicios por corrupción, las casas suelen contar historias que los contratos intentan ocultar. Una casa en Barranquilla en el exclusivo barrio de Lomas de Caujaral se convirtió en una de esas pistas incómodas nos obligan a mirar más allá de los balances y los informes oficiales.
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La propiedad fue bautizada a nombre de Jeannette Margarita Lux de Navarro, esposa del ex directivo de Triple A Ramón Navarro Pereira, se encontró en el centro de una campaña de decomiso de bienes promovida por la Fiscalía General. La cuestión fundamental no era ni estética ni inmobiliaria: ¿de dónde salió el dinero para comprar y desarrollar esta casa durante los años en que la empresa de servicios públicos se vaciaba sistemáticamente?
La respuesta del tribunal no se limitó a «sí» o «no». La falla conocida por EL TIEMPO provocó algo más profundo: reconstruir el ecosistema de poder, contratos y omisiones que permitieron la extracción de fondos públicos durante casi dos décadas sin consideración verificable.
Convenio madre: 4,5% de la recaudación, mensual
Ramón Navarro Pereira, ex directivo de Triple A. Foto:Fiscalía
El punto de partida del escándalo sigue siendo el mismo: Convenio de asistencia técnica firmado en septiembre de 2000 entre Triple A e INASSA, filial del Canal Isabel II de España. El acuerdo preveía el 4,5% de la recaudación mensual de Barranquilla a cambio de asesoría técnica, administrativa y operativa.
Sobre el papel, el contrato parecía una oferta de modernización. De hecho, Decenas de testimonios y documentos del expediente demuestran que la ayuda nunca llegó. O, cuando apareció, fue marginal, Tarde o revertida: Técnicos de Barranquilla asesorando a otras filiales del grupo.
A pesar de ello, los pagos han continuado a lo largo de los años de acuerdo con la disciplina suiza. Mes tras mes, sin interrupción, aun cuando la ciudad enfrentaba problemas de cobertura, pérdidas técnicas y quejas ciudadanas. El contrato pasó a ser un ingreso automático, amparado por cláusulas, silencios y gobierno corporativoque, según la Fiscalía, actuó de espaldas al interés público.
La gestión como bisagra del sistema.
Triple A Foto:Óscar Berrocal – EL TIEMPO
En esta carrera aparece el nombre de Ramón Navarro Pereira. Su papel no fue marginal. Fue gerente general de Triple A durante los años claves del programa. y posteriormente fue acusado de administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsificación de documentos.
En el proceso penal se estableció que Bajo su gobierno se permitió y mantuvo un modelo de contrato que perjudicó las finanzas de la empresa. y, por extensión, los del distrito de Barranquilla. Pero el proceso de decomiso de activos fue más allá de los cargos penales: pretendía rastrear el impacto del programa en el patrimonio.
¿Hubo un beneficio directo? ¿Hubo una combinación de recursos? ¿Se financiaron los bienes privados con fondos públicos? Estas son las preguntas que impulsaron la acción contra la casa Caujaral.
Pedidos ficticios y contratos en serie: caja chica procedente del saqueo
La sede administrativa de Triple A está ubicada en el distrito de El Prado. Foto:Vanexa Romero / EL TIEMPO
El acuerdo con INASSA no fue el único canal. Fichero al que EL TIEMPO tuvo datos de acceso el segundo mecanismo, menos sofisticado pero igualmente eficaz: 54 órdenes ficticias y cuatro acuerdos de consultoría firmados en 2014-2015 por más de 4.500 millones de pesos.
El patrón se repitió: fRacionamiento contractual para evitar el control, objetivos poco claros, productos inexistentes. y pagos que terminaron en empresas del mismo grupo empresarial. Según la Fiscalía, las pruebas nunca se realizaron. Dinero, sí.
Algunos de estos recursosSegún el testimonio recabado por la Fiscalía, fue devuelto en efectivo para sustentar el sistema de lealtades, silencios y favores. Una economía paralela que operaba dentro de una empresa importante para la ciudad.
Defensa: legalidad formal, duda razonable
Panorama aéreo del Acueducto Triple A en Barranquilla. Foto:prensa triple
Defensa Jeannette Lux de Navarro basó su argumento principal: No todo acto de corrupción genera automáticamente un aumento de la riqueza familiar. Presentó registros de ingresos, pensiones, préstamos y contadores certificados para sostener que la compra de la propiedad era legal.
También destacó eso El dinero desviado se destinó a cuentas comerciales en el extranjero, no a cuentas personales. Y recordó que el proceso penal no demostró el enriquecimiento directo de la esposa del ex directivo.
El tribunal escuchó. Analizó. Contrastando. Y dejó una lección clave: El decomiso de bienes no requiere pruebas penales clásicas, sino más bien una conexión razonable entre la actividad ilegal y el activo en disputa, incluida la mezcla de recursos.
Más que una casa: un modelo de captura
Acueducto Triple A en Barranquilla. Foto:Archivo/TIEMPO
El valor de la sentencia no reside sólo en la decisión concreta, sino en el mapa que traza. Surge un modelo de adquisición institucional: contratos diseñados para no fracasar, directorios desdentados, supervisión formal y una cultura administrativa que normaliza lo anormal.
A lo largo de los años Triple A funciona como una caja fuerte con una combinación conocida. La clave más importante fue el contrato de soporte; Órdenes ficticias, bloqueo secundario.
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El efecto fue real: menos fondos para inversiones, dividendos transferidos al Distrito, tarifas que no reflejaban eficiencia, y una ciudad que sin saberlo pagó costos de desvío.
llegas tarde
Triple A Foto:Óscar Berrocal – EL TIEMPO
El evento de extinción comenzó en 2019. El acuerdo se firmó en el año 2000. La diferencia horaria dice tanto como el fallo. Dos décadas de inacción en uno de los servicios públicos más sensibles del país.
La sentencia nos lo recuerda La confiscación de dominios no es una venganza, sino una herramienta constitucional para romper los incentivos económicos a la corrupción. Pero también revela la lentitud de la respuesta del Estado cuando el poder se ejerce a través de escritorios en lugar de armas.
El caso no cierra el capítulo de Triple A. Lo amplía. Quedan dudas sobre la asignación de responsabilidades, las inspecciones fallidas, las auditorías insatisfactorias y el papel de los actores secundarios.
La casa de Caujaral fue una pista. No el único. Los registros muestran que el saqueo no fue obra de una sola persona, sino de un sistema que había aprendido a coexistir con la desviación.
Para Barranquilla el fallo es una advertencia tardía. Lección actual para el país: Cuando el gobierno gestiona los servicios públicos sin control real, los activos privados terminan contando la historia que contrae el silencio.
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