Fiscalía General aprueba su destitución e inhabilitación – Primer plano
Oficina del Fiscal General despido confirmado e inhabilitación general por nueve años la exsecretaria de Infraestructura de Medellín Natalia Urrego Arias (2020) y Jorge Enrique Liévano Ospina, quien fue director general de Metroparques. Eran funcionarios del exalcalde Daniel Quintero.
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Decisión
Según la Fiscalía General de la Nación, la decisión se basó en la ejecución del contrato «sin realizar una investigación que evaluara las dificultades derivadas de la pandemia de Covid 19, que provocó su prórroga».
Dos de los exfuncionarios de Daniel Quintero se declararon inocentes en su primera audiencia en noviembre. Foto:TIEMPO.
Ambos funcionarios declararon su inocencia en una investigación en curso por un contrato de 5.226 millones de pesos para el mantenimiento de jardines públicos en Medellín.
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En la sentencia de segunda instancia“La Sala Disciplinaria Ordinaria consideró que los sancionados ampliaron hasta el 10 de junio el plazo originalmente previsto en el acuerdo bilateral suscrito por tres meses, del 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021, justificando ello en respuesta a las medidas adoptadas por las autoridades nacionales, departamentales y municipales para combatir la pandemia”, se lee en el informe de la Fiscalía General de la Nación.
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Según el comunicado oficial, la unidad controladora enfatizó que «la justificación para cambiar el negocio jurídico adoptada por los funcionarios no fue consecuencia de un evento que no pudo predecirse o resistirse, sino circunstancias preexistentes que eran plenamente conocidas en el momento de su celebración».
Jorge Enrique Liévano y Natalia Urrego. Foto:Archivo privado.
En nombre del Ministerio Público, «cambiando los términos del contrato firmado a 5.226.291.836 pesos (para el mantenimiento de jardines públicos) Urrego Arias y Liévano Ospina desconocían los principios de economía y eficiencia, por lo que calificaron definitivamente su conducta como un delito muy grave cometido como consecuencia de una falta muy grave.
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El acuerdo es válido a partir de 2020.
Desde el 18 de noviembre del año pasado, Natalia Urrego Arias, exsecretaria de Infraestructura Física del Ayuntamiento de Medellín; Jorge Enrique Liévano Ospina, exgerente de Metroparques, y Luz Eliana Henao Rodríguez, representante legal de Reforestadora El Líbano, enfrentaron juicio por la supuesta adjudicación indebida de un contrato millonario para el mantenimiento de jardines públicos en la capital de Antioquia en 2020.
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La investigación iniciada por los entes fiscalizadores contra exfuncionarios de la administración de Daniel Quintero durante su gestión como alcalde de Medellín se refiere a una serie de presuntas irregularidades detectadas por la Fiscalía General en 2021, de acuerdo con las normas y requisitos establecidos en el marco de una invitación privada en virtud del contrato que implementó Metroparques con la empresa Reforestadora El Líbano SAS. El asunto está regulado por el acuerdo N° 20201300916, el cual finalizó con la celebración del acuerdo interadministrativo N° 4600087446 de 2020.
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El convenio en cuestión fue firmado el 23 de noviembre de 2020 y tenía como objetivo designar un “operador logístico responsable de la protección de jardines, árboles jóvenes y el mantenimiento de áreas verdes en la ciudad de Medellín bajo el procedimiento 20201300916”.
La polémica en torno a este acuerdo comenzó cuando las autoridades distritales, a través de Metroparques, entidad que antes era la única encargada de administrar los parques de la ciudad, cambiaron su propósito y asumieron la responsabilidad del mantenimiento de las áreas verdes de la capital de Antioquia.
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Todo esto, como lo señaló el entonces Secretario General de Medellín, Esteban Restrepo, porque el Jardín Botánico tenía un déficit financiero que le impedía llevar a cabo las tareas que siempre le fueron encomendadas.
Siguiendo esta secuencia de opiniones, la Fiscalía General de la República los acusó de delitos contractuales de incumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos en relación con la supuesta instrucción de favorecer a Reforestador El Líbano con un contrato que -aunque inicialmente firmado por 3.904 millones de pesos- finalmente ascendió a 5.250 millones de pesos.
Los tres funcionarios insistieron en que eran inocentes en la investigación realizada en su contra.
En tanto, el 21 de noviembre, el Tercer Delegado de la Fiscalía de Contrataciones del Estado formuló acusaciones contra el exalcalde de Quintero Calle en relación con presuntas irregularidades relacionadas con la expedición del Decreto N° 412 de 2023, que materializaría modificaciones al Plan de Ordenamiento Territorial de la ciudad que implican un cambio de uso del suelo bajo la mega parcela Aguas Vivas.
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Aguas Vivas es considerado un megalote de 146.000 metros cuadrados que fue donado a la Alcaldía de Medellín en 2019 mediante Ley Pública N° 5762. La entrega al distrito fue una compensación por obligaciones urbanísticas.
El motivo de los cargos y acusación presentados por la Fiscalía General fue el Decreto N° 412 de 2023, pues presuntamente el exalcalde habría realizado modificaciones irregulares al Plan de Desarrollo Territorial (POT) con el fin de beneficiar a terceros de un predio ubicado en El Poblado, donde se ubicaba el Ecoparque Las Palmas. Para el organismo acusador se trata de un acuerdo cuestionable en el que participaría junto a particulares y otros ex funcionarios de La Alpujarra.
KAROLINA BOHÓRQUEZ
Corresponsal de EL TIEMPO con datos de la Redacción de Medellín
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