Exalcalde de la Jagua del Pilar fue condenado por hacer trampa en el registro de tarjetas
El segundo tribunal disuelto de la región de Villanueva, en La Guajira, ha dictado una sentencia de primera instancia en contra de José Amiro Morón Núñez. Esta sentencia considera a Morón Núñez culpable de cometer delitos relacionados con fraude en subtítulos de tarjetas durante las elecciones municipales de 2015 en la ciudad de La Jagua del Pilar, donde fue elegido por primera vez como alcalde.
Bajo la dirección del juez Cristian Camilo López Pontón, se ha impuesto a Morón Núñez una pena principal de 100 meses de prisión. Además, se le ha ordenado la ejecución inmediata de una orden de captura, asegurando que esté disponible para su cumplimiento. A pesar de esta condena, el juez ha decidido otorgarle un beneficio conocido como «prisión de origen», permitiendo que Morón Núñez cumpla su pena en su lugar de residencia ubicado en La Jagua del Pilar. Como parte de las condiciones, se han impuesto medidas de supervisión electrónica y la obligación de pagar un bono equivalente a diez salarios mínimos mensuales actuales.
El juez también expresó su preocupación sobre la amenaza que Morón Núñez podría representar. Se menciona que en este contexto, se está llevando a cabo un proceso electoral atípico en la región, que se tornó complicado tras el Consejo de Estado anunciara la nulidad de la elección de José Amiro Morón Núñez para el período 2024-2027 en La Jagua del Pilar.
La sentencia detalla que existe un riesgo de que Morón Núñez continúe repitiendo acciones delictivas en un entorno electoral irregular, que se está desarrollando en ese momento en su comuna, mencionando expresamente los hechos que lo llevaron a ser culpable de fraude electoral.
Además, se ha impuesto una pena accesoria que incluye la inhabilitación de los derechos públicos y funciones por un período igual a la pena principal. Asimismo, el juez ha ordenado que se haga efectiva una sanción penal sobre Morón Núñez por conspirar para cometer delitos relacionados con la corrupción electoral y el delito electoral.
José Amiro Morón Núñez, ex alcalde de La Jagua del Pilar. Foto:Cortesía
Sobre los hechos que llevaron a sus convictciones
La fiscalía nacional ha acusado a Morón Núñez, quien se desempeñó como secretario del Tesoro de Jagua del Pilar durante el tiempo de los delitos, por pertenecer a una organización criminal que se dedicaba a manipular contratistas y alterar los mecanismos de participación democrática.
Esta estructura criminal, integrada por funcionarios públicos y particulares, había implementado una estrategia sistemática con el objetivo de asegurar la elección de Morón Núñez como alcalde de la ciudad para el periodo 2016-2019. Entre las diversas maniobras delictivas, se alertó sobre el registro fraudulentos de ciudadanos que no residían en la comuna, así como el pago de incentivos económicos a votantes para asegurar su apoyo.
Se ha evidenciado que entre los años 2014 y 2015, la organización criminal coordinó el traslado de jóvenes de Valledupar, Villanueva y Urumity hacia La Jagua del Pilar, incluso aquellos que no eran residentes. Estos eran coaccionados a obtener su tarjeta cívica y registrarse en el inventario electoral a cambio de pagos que variaban entre 100,000 y 200,000 pesos, además de promesas de becas educativas y ofertas laborales.
Los testimonios de varias víctimas y testigos protegidos confirmaron que los traslados se realizaron en autobuses alquilados por la organización. Durante el día de las elecciones, se registró una masiva movilización que evidenció la magnitud de este acto delictivo.
El proceso penal contra Morón Núñez se vio prolongado durante varios años debido a múltiples dilaciones y disputas en torno a la jurisdicción. No obstante, el tribunal concluyó que existían pruebas contundentes sobre la participación activa de Morón en las irregularidades. Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó testimonios que vinculaban directamente a Morón con la creación de una red para reclutar ciudadanos, quienes, tras el uso fraudulento de su identidad, votaron a favor de él.
Un testimonio clave fue el de Ottooniel Pinto Lago, quien en ese tiempo era concejal del municipio. Pinto narra cómo fue testigo del traslado masivo de personas desde municipios aledaños para registrarlos de forma irregular como votantes en Jagua del Pilar. Cabe destacar que muchos de ellos fueron inscritos allí sin tener vínculos territoriales.
Además, se evidenció que hubo acciones coercitivas sobre los contratistas, quienes se vieron obligados a respaldar la campaña de Morón y de sus candidatos al consejo municipal, bajo la amenaza de perder contratos de obras públicas. Esto llevó a que, junto al concejal Wilmar Arment, junto al abogado Iván Francisco Martínez, formalizara las quejas pertinentes y darle inicio a la creación del caso ante los fiscales.
En un giro similar, el concejal Wilmar Arment también participó activamente en la presentación de quejas a las autoridades, confirmando que la logística necesaria para realizar el fraude electoral fue organizada utilizando recursos de la administración municipal.
Plaza central de La Jagua del Pilar. Foto:Cortesía
La defensa de Morón Núñez, por su parte, intentó argumentar la prescripción de ciertos delitos y solicitó la absolución de su cliente, aduciendo falta de pruebas sólidas. También se alegó que diversos testigos eran adversarios políticos que intentaron perjudicar a Morón.
Sin embargo, el tribunal desestimó estas alegaciones, resaltando que la sentencia únicamente hacía referencia a los delitos de conspiración para cometer delitos, corrupción en elecciones y otros elementos, pero no a la cuestión del fraude en el registro de tarjetas, cuyos procesos penales están vigentes hasta el año 2028.
Finalmente, el juez procedió a condenar a José Amiro Morón Núñez por el delito de fraude en el registro de la tarjeta a una competencia homologada y en circunstancias agravantes, rechazando la cordura penal ante otras acusaciones relacionadas con las recetas. La sentencia subrayó que Morón actuó de forma deliberada al violar la confianza pública, lo que representa una grave amenaza a los principios democráticos fundamentales.
Eliiana Mejía Ospino
Especial para
Riohacha
