Recientemente se registraron intensos enfrentamientos entre grupos disidentes de las FARC y el ELN en las zonas de Inzá y Páez, localizadas al este del departamento de Cauca. Durante estos violentos incidentes, tanto estudiantes como maestros se encontraron inmersos en un contexto de amenaza constante debido a los misiles lanzados en áreas adyacentes a una institución educativa.
Los incidentes ocurrieron el viernes 25 de abril en los sectores de Ricaurte y Puerto Valencia, donde los miembros de la comunidad expresaron su rechazo y su indignación, enfatizando que los hombres armados habían irrumpido en un espacio destinado al aprendizaje de los niños.
Los combates se intensificaron en la región oriental del Cauca. Foto:Archivo privado
El comandante de la brigada del 29º Ejército, General Alirio Aponte, comentó: «Estos grupos terroristas, descontentos con la situación que enfrentan, se infiltran en espacios educativos donde los niños deberían poder aprender, no en estos lugares con intenciones de llevar a cabo actos terroristas».
Los combates, que duraron aproximadamente una hora, llevaron a un cierre preventivo temporal de un corredor vial que conecta Cauca con el departamento de Huila.
Afortunadamente, no se registraron heridos, aunque el temor persiste en la población local.
El General Aponte también informó que las fuerzas del Ejército, en colaboración con la Fuerza Aérea, están llevando a cabo operaciones para restablecer el control del área y garantizar la seguridad de los habitantes de la región.
En otro contexto, las autoridades indígenas han denunciado un nuevo caso de reclutamiento forzado de un menor.
El Consejo Regional Nativo de Cauca (CRIC) ha condenado un nuevo incidente de reclutamiento que ocurrió en la zona de Tierradentro, en Páez, donde la víctima es presumiblemente un menor de edad.
Se ha denunciado el reclutamiento de menores en la región. Foto:Juan Carlos Escobar
Eduin, coordinador de CRIC, expresó: «La situación del reclutamiento en los territorios indígenas de Cauca es realmente preocupante, habiéndose reportado 216 casos relacionados para el año 2024; este año han sido ya 15 casos, junto con 18 desapariciones vinculadas al reclutamiento y al menos tres amenazas de reclutamiento colectivo en la zona de los pueblos nativos».
Desde diversas instituciones estatales en Colombia se ha condenado la situación y demandado con urgencia el fortalecimiento de medidas que protejan a los niños y jóvenes, coordinando esfuerzos con las autoridades indígenas. Se espera que el gobierno asuma la responsabilidad de actuar con rapidez para salvaguardar la integridad y el bienestar de los niños indígenas caucanos.
El grupo indígena, a través de un comunicado, resaltó que lo vivido es una situación que pone en riesgo la vida, la armonía y los derechos fundamentales de niños y jóvenes en la región.
“Frente a esta grave realidad y con el objetivo de proteger la dignidad de los menores, se activarán y fortalecerán las medidas para prevenir el reclutamiento forzado», añade el comunicado.
En las áreas de Páez e Inzá, un informe reciente de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) revela que al menos 47,000 personas enfrentan restricciones severas a su movilidad a causa de las disputas entre grupos armados en la región.
“Un mínimo de 47,000 habitantes afrocolombianos, indígenas y campesinos de las comunidades de Inzá y Páez se ven afectados por estas restricciones, lo que agrava problemas de seguridad alimentaria, desarrollo comunitario y limita sus prácticas tradicionales. La presencia y control de grupos armados no estatales (NSAG) afecta significativamente el acceso a servicios educativos, impactando en especial a los niños de estas comunidades», se detalla en el informe.
“A pesar de los numerosos casos reportados de reclutamiento, el registro se ve obstaculizado por la falta de declaraciones formales de las familias y las comunidades, sumado a una escasa respuesta institucional en la prevención del reclutamiento y la atención a estos casos, lo que agrava la problemática”, añade el informe.
Dada esta situación, se ha hecho un llamado a las Naciones Unidas para que implementen medidas que prevengan y respondan al reclutamiento de menores, así como también para que se garantice la protección comunitaria.
“Es necesario fortalecer la protección integral de la comunidad, implementando rutas que respondan a las necesidades de seguridad y derechos de los niños, adolescentes, y líderes sociales, mientras que se promueva el acceso a información y servicios relacionados con derechos sexuales y reproductivos, así como el impulso hacia la igualdad de género y la prevención de la violencia», concluye el informe de OCHA.
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