en riesgo, servicios de agua y obras de desarrollo y movilidad – Primer plano

El anuncio del presidente Gustavo Petro de priorizar otros proyectos y no el tren de cercanías del Valle del Cauca se suma a otras iniciativas que siguen en espera del apoyo del Estado.

Hay peticiones al Gobierno desde la región que, como en el caso del tren de cercanías, tampoco han sido escuchadas y que de no tener una respuesta antes de diciembre de este año se podría poner en riesgo la prestación y la mejora de servicios públicos, como el del acueducto en Cali.

‘En riesgo, obras por $ 380.000 millones de Nación para acueducto de Cali, si el Gobierno no reformula Conpes

Desde hace nueve años hasta ahora, el Ministerio de Hacienda, Ciudad y Territorio, la Alcaldía de Cali y las Empresas Municipales de la ciudad (Emcali) vienen trabajando en la ejecución de 11 proyectos de infraestructura que son claves para el fortalecimiento del servicio de acueducto y alcantarillado de la capital vallecaucana, con más de 2,5 millones de habitantes.

Es decir, desde ese 2016, la Administración distrital está de la mano con el Gobierno Nacional en sacar adelante esas apuestas de obras, bajo el amparo del Conpes 3858 de ese mismo año.

Sin embargo, el plan financiero de dicho Conpes tiene vigencia hasta diciembre de este 2025, «lo que por ahora impide aprobar vigencias futuras para asegurar la continuidad de los proyectos más allá de esa fecha. Lo que le ha impedido avanzar al distrito de Santiago de Cali», de acuerdo con la empresa pública de la ciudad.

Es así que una decena de proyectos, con una inversión de 380.000 millones de pesos de la Nación, están en riesgo para el desarrollo de obras de servicios públicos que beneficiarán a toda la ciudadanía caleña. 

Entre los proyectos más relevantes se encuentran la optimización de la infraestructura existente de la Planta de Tratamiento de Aguas de Residuales (Ptar) Cañaveralejo; la construcción de la nueva línea de aducción de la Planta de Tratamiento de Agua Potable (Ptab) del barrio San Antonio, en el oeste de Cali; la formulación del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado de la empresa de servicios públicos, la construcción de un módulo del sistema de captación de lecho del río Cauca, pionero en Latinoamérica, y la optimización del Centro de Control Maestro de Acueducto y Alcantarillado, así como la del alcantarillado en el barrio San Luis, en el nororiente caleño.

También está mejorar las redes de acueducto de los barrios y sectores de Puerto Mallarino, Simón Bolívar, El Lido, Colseguros y Saavedra Galindo. Estos son sectores ubicados en el sur, el oriente y en el nororiente de esta capital.

Otro de los proyectos es el de la reposición del alcantarillado en el barrio San Carlos de Cali, al tiempo que se busca la optimización de las redes en este mismo sector, así como en el barrio San Luis, siendo el proyecto número nueve en el listado de los 11.

El décimo es la conformación de sectores hidráulicos en la red baja oriental del Sistema de Distribución de Agua Potable de Cali.

«Pese a las reiteradas solicitudes por parte de Emcali a la Nación para la reestructuración del Conpes y/o prórroga del proyecto de inversión, a la fecha no se ha obtenido respuesta que permita dar un horizonte más amplio al proyecto y de esta forma garantizar los recursos necesarios para las siguientes vigencias en las que se espera su ejecución», dice un informe de la empresa caleña de servicios públicos.

«Emcali y el distrito han manifestado al Gobierno Nacional la necesidad de una reestructuración y/o prórroga del Conpes 3858. A la fecha, no se ha definido una decisión que permita proyectar la ejecución en las vigencias siguientes y garantizar la disponibilidad de recursos», se lee en el documento.

«En el segundo semestre de 2024, Emcali y la Alcaldía del distrito presentaron al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio seis solicitudes de reformulación para actualizar precios e incorporar ítems no previstos, necesarios para el cumplimiento de los objetos de cada proyecto. Mientras se adelantaba el análisis técnico, los seis proyectos fueron suspendidos temporalmente», dice el mismo informe de la empresa.

En el documento se lee que «entre julio y agosto de este 2025, el Ministerio otorgó viabilidad a dichas reformulaciones, lo que permitió retomar los trámites de apropiación de recursos y la solicitud de vigencias futuras ante el Concejo distrital».

El Valle del Cauca pide ‘pista’ para la concesión del aeropuerto y su desarrollo

A partir de este primero de septiembre de este 2025, la Aeronáutica Civil (Aerocivil), como ente dentro del Gobierno Nacional, asumió el manejo del aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón, de Palmira, luego de que el concesionario privado Aerocali lo administró durante 25 años, contrato que se culminó el pasado 31 de agosto. 

Palmira es un municipio vecino de Cali, capital del Valle del Cauca, y el aeropuerto en su jurisdicción brinda el servicio a toda la región. 

Ante este cambio, la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder, señalaron la importancia de agilizar la selección de un nuevo operador que asegure la continuidad y eficiencia de los servicios.

“Con la ANI hemos venido hablando, porque queremos que vengan los mejores a competir y operar el aeropuerto de cualquier parte del mundo, porque han mostrado interés los coreanos, también de Londres», sostuvo Toro.

La gobernadora del Valle precisó además: «Esperamos que más o menos junio o julio (en 2026) ya tengamos adjudicada esa licitación y esa nueva concesión se pueda dar”. Insistió en que frente a los cambios en la operación se debe compensar a Palmira por los recursos que deja de percibir.

“A Palmira se le entregaban 32.000 millones de pesos anuales de contraprestación, ahora no los va a tener. La Aeronáutica Civil nos dice que no puede, ni que está dentro de sus manos eso, pero hemos hablado y le hemos dicho a la ministra y tiene muy buena voluntad y al director de la ANI para que esos recursos que se daban en dinero se puedan dar en inversión social, concertada con el alcalde, si es mejoramiento de escuelas, mejoramiento de vías, lo que sea, pero que esos recursos no se pierdan para la inversión social de Palmira”, había recalcado la mandataria en septiembre.

Sin embargo, de acuerdo con el Ministerio de Transporte, el Gobierno Nacional cuenta con la capacidad para manejar el aeropuerto hasta el próximo año, según el cronograma, enfatizando en que la operación por parte del Gobierno Nacional es otra alternativa. Dicha operación tiene un tiempo estipulado de ocho a 11 meses. 

La afirmación de que el Gobierno siga con la operación, genera preocupación entre la Gobernación y demás autoridades, así como entre gremios, argumentando que se requiere músculo financiero. 

En ProPacífico sostuvieron meses atrás cuando se conoció que la Aerocivil asumiría la administración del aeropuerto: «Ya el Gobierno Nacional había aceptado una concesión, entonces, no entendemos por qué se debe devolver a la Aerocivil para volver a poner una concesión. Hacemos un llamado de urgencia al Gobierno Nacional para que dé celeridad a los procesos de selección para que próximamente, en la región podamos tener esta concesión que nos permitan llevar a procesos de modernización del aeropuerto”.

Hay dudas de que el Estado realice inversión y tenga esa capacidad financiera que el Valle del Cauca espera para despegar al aeropuerto hacia su desarrollo, sobre todo, luego de la negativa del presidente Gustavo Petro en firmar el convenio de cofinanciación del 70 % de los recursos que requiere el proyecto del tren de cercanías del departamento. 

¿Se le va el tren de cercanías al Valle?

«El Gobierno Nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, no ha correspondido con el mismo compromiso ni con la misma voluntad. Pese a haber sido una promesa de campaña, el 70 % que le corresponde a la Nación para cofinanciar el tren de cercanías, este sistema de transporte masivo (de unos 12 billones de pesos en total), de acuerdo con la ley sería desembolsado en el 2028, cuando ya no estaremos, ni este Gobierno, ni el Nacional, ni los gobiernos locales», dijo la gobernadora Toro en una alocución por Telepacífico para comunicarle al pueblo vallecaucano que el jefe de Estado no firmó tal convenio de cofinanciación. 

«Esta negativa daña un cronograma de ejecución que permitiría que el próximo año (2026) se diera la licitación y se suma a otros incumplimientos de proyectos importantes, como por ejemplo la vía Mulalo -Guerrero, la profundización del canal de acceso al puerto de Buenaventura y el agua potable de Buenaventura, que tanto se necesita», dijo la mandataria.

Sin la firma del convenio de cofinanciación y todos los trámites previos con el Conpes, antes del 8 de noviembre, dijeron en la Gobernación; en las alcaldías de Cali y de Jamundí, y gremios, se hace más complejo continuar con el cronograma estipulado para que en febrero de 2026 se abriera el proceso de licitación con adjudicación del concesionario en agosto de ese mismo año.

«Vamos a seguir trabajando, buscando soluciones, tocando puertas, porque este sueño no se detiene aquí. Precisamente, con la firma del convenio de cofinanciación realizado el día de ayer (el 7 de noviembre de 2025) entre las alcaldías de Cali y Jamundí, y la Gobernación del Valle, estamos asegurando el 30 % que nos corresponde como región para cumplir con el primer tramo priorizado de este proyecto, que conectará inicialmente ambas ciudades. Muchas gracias a todos los que han creído en este proyecto y han trabajado con nosotros para poderlo hacer realidad», anotó Toro.

El tren de cercanías del Valle sería un tren eléctrico que reducirá en un 33 % los tiempos de viaje, generará más de 14.500 empleos y recuperará 800.000 metros cuadrados de espacio público, aportando a la sostenibilidad ambiental y la competitividad regional. 

«Nada nos detiene. Este proyecto de tren de cercanías lo empezamos a trabajar hace una década entre el sector privado, el sector público y la comunidad de nuestra región, creyentes en que lo sacaríamos adelante a pesar de los obstáculos que sabríamos que tendríamos adelante. El tren de cercanías no es una idea de último momento, es un proyecto que hemos concebido desde cero, hace más de una década», afirmó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

«Nos propusimos financiar sus primeros estudios, lo hicimos. Nos propusimos financiar los estudios de prefactibilidad, lo hicimos. Nos propusimos financiar los estudios de factibilidad, lo hicimos. Y ahora nos estamos proponiendo financiar su construcción, lo haremos», puntualizó el alcalde Eder.

«Durante más de una década vemos cómo los recursos nacionales se van para otras ciudades y le dan la espalda a Valle del Cauca y a Cali. Presidente Gustavo Petro, usted le prometió desarrollo a esta región y nos sigue negando proyectos estratégicos como el tren de cercanías, el aeropuerto, el puerto de Buenaventura y programas sociales tan importantes como ‘Jóvenes en Paz’ que han quedado a medias», manifestó el mandatario.

«Caleños, llevamos años trabajando este proyecto con distintos gobiernos nacionales, con empresarios y mandatarios presidenciales. No vamos a desistir, seguiremos trabajando y buscando opciones para sacarlo adelante. Así, Gustavo Petro quiera negarle este sueño al pueblo vallecaucano», dijo.

«Vamos a construir el tren de cercanías. No habremos recorrido estos 10 años de trabajo en vano. Hoy vemos cómo el centralismo castiga al Valle del Cauca y por eso hago un llamado a todos los sectores de la sociedad caleña y vallecaucana para que unidos saquemos adelante este sueño tan anhelado de conectar nuestras principales ciudades con un sistema de transporte moderno y sostenible como el tren», expresó Eder.

«El Valle del Cauca ya cumplió: entregó los estudios, los diseños y la estructura institucional necesaria. Solo falta la voluntad del Gobierno Nacional para avanzar. Castigar a una región frenando este proyecto por diferencias políticas, es castigar la calidad de vida de su gente. El desarrollo de Colombia no puede depender de cálculos partidistas, sino de decisiones con sentido de equidad y justicia territorial», se lee en un comunicado del Comité Intergremial y Empresarial (Ciev).

El departamento sigue ‘anclado’ sin el dragado de Buenaventura: la respuesta de la Nación ha sido el silencio

Buenaventura se quedó anclado en 1997. Han transcurrido mucho más de dos décadas y los barcos que pueden arribar al puerto más importante del país lo pueden hacer atracando en el canal de acceso a una profundidad de hasta 12,5 metros. Son barcos que datan de hace casi 30 años. 

Para hacerlo, las navieras deben transbordar sus mercancías a los barcos de menor calado, cuando en el mundo los principales puertos manejan profundidades de entre 14,5 y 16 metros.

Las navieras buscan, asimismo, el del Callao, en Perú; el de Valparaíso, en Chile, y los puertos mexicanos Lázaro Cárdenas y Manzanillo.

Durante más de las dos décadas, la Sociedad Portuaria de Buenaventura (SPB) –responsable en un 64,5 por ciento de administrar la carga que circula en el puerto–, gremios económicos –como la Cámara de Comercio de esta ciudad–, el Comité Intergremial del Valle, la Alcaldía distrital y quienes han sido mandatarios en la Gobernación del Valle del Cauca han promovido reuniones con delegados de turno del Gobierno Nacional, con el fin de hallar una salida y hacer lo posible para hacer el dragado.

La profundización del dragado del canal de Buenaventura ha sido otro de los proyectos estratégicos que la gobernadora del Valle ha tratado con el Ministerio de Transporte.

“Es fundamental para la competitividad porque es el principal puerto sobre el Pacífico y ese proyecto está en una factibilidad, hay una consulta previa que se acaba en agosto y la idea es que ojalá antes de que se vaya el presidente Petro pueda dejarlo licitado para que de esa manera podamos hacer esa profundización”, dijo Toro. 

La región ha venido clamando por la profundización del dragado al Gobierno Nacional sin obtener una respuesta. 

La vía de Mulaló, aún en el papel

La vía de Mulaló Loboguerrero es uno de los ejemplos de la Contraloría General de la República como un ‘elefante blanco’, obras que están detenidas en el tiempo. 

El proyecto que está en el papel fue trazado para ahorrar 52 kilómetros entre Cali y Buenaventura, a cargo de la concesionaria Nueva Vía al Mar (Covimar). La obra se extendería a lo largo de 31,8 kilómetros con cinco modernos túneles y 48 obras especiales, como puentes pontones y viaductos.

Fue en ese viernes, 15 de marzo de 2013, que había optimismo en la región vallecaucana, donde el entonces presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, anunciaba la que sería la vía de Mulaló, en el municipio de La Cumbre, en el centro del Valle. Fue un proyecto que se gestó desde 2008 entre el ministerio de Transporte, el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la ANI.

El arranque de obras de la vía a Mulaló con la firma del acta de inicio fue dos años después del anuncio de la nueva carretera, en 2015, y desde entonces, el proyecto viene dando tumbos sin que aún se hubiera puesto algún concreto. Tuvieron que pasar seis años desde el acta de inicio hasta el 2021 para que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) diera permiso sobre el uso de 32,8 hectáreas del cañón del río Grande, entre Dagua, Restrepo, La Cumbre y Vijes.

También hubo aprobación después de mucho dirimir en el uso de más de 100 hectáreas de la Reserva Forestal del Pacífico por parte del ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Fue el 12 de agosto 2021, que Covimar demandó a la ANI en un tribunal de arbitramento, pidiendo la liquidación del contrato de la obra de Mulaló que en este 2024 alcanza cerca de 2,5 billones de pesos. En una fiducia está un poco más de 1,9 billones de pesos que se han ido acumulando en ya nueve años de parálisis.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

Consulte más noticias