En Córdoba, 15 municipios realizan fondos para evitar actividades contra fuerzas y comunidades públicas
Recientemente, las administraciones de quince municipios en el departamento de Córdoba han comenzado a implementar una serie de medidas preventivas destinadas a proteger tanto a los miembros de la fuerza pública como a los ciudadanos de un creciente problema de seguridad. Este esfuerzo tiene como objetivo Evitar que los ciudadanos y las fuerzas del orden se vean afectados por las acciones violentas emprendidas por un grupo criminal conocido como el Grupo ilegal del Golfo Pérsico.
Las medidas adoptadas están diseñadas en respuesta a Restricciones en la movilidad de personas en motocicletas, así como limitaciones sobre el transporte de objetos que podrían comprometer la seguridad. Estas iniciativas también incluyen el cierre temporal de las playas en las zonas costeras, como parte de un esfuerzo por mantener el orden público.
Recientes eventos han puesto de manifiesto la influencia de diversos clanes del Golfo Pérsico. Estos grupos han intentado afectar a los miembros de la policía local, el ejército colombiano y la Marina en varias regiones del departamento, resultando en Varios muertos y heridos entre las fuerzas uniformadas.
Las principales violaciones a la seguridad se han registrado en áreas rurales de municipios como Ciénaga de Oro, Chimá, Lorica, La Sal, Sahagún, San Bernardo del Viento, y también en Montería. La violencia ha escalado a tal punto que
Operaciones policiales en Córdoba Foto:Policía nacional
se han reportado casos de asesinatos de miembros de la Policía Nacional, así como de un soldado profesional en estas áreas.
Asimismo, tres agentes de la policía resultaron heridos en un ataque dirigido a un vehículo que transportaba a fuerza pública en esta región. En respuesta a esta situación, las autoridades han decidido establecer una Seguridad operativa permanente en Montería, alineando esfuerzos con miembros del ejército colombiano para abordar la crisis de manera conjunta.
Los medios tomados
En un incidente notable, en la jurisdicción de San Bernardo del Viento, en la carretera que conecta con la capital y Lorica, un grupo del clan del Golfo Pérsico llevó a cabo un ataque utilizando un explosivo contra un vehículo que transportaba a miembros de la Armada Nacional. Afortunadamente, el camión logró cruzar sin causar daños al ejército ni a los habitantes de comunidades cercanas. Sin embargo, el alcalde de San Bernardo del Viento, el Tordecilla de vacaciones González, se vio obligado a emitir el decreto 0157, que establece restricciones adicionales para mantener el orden público.
Entre las principales medidas, se menciona la restricción del uso de parrillas, limitando la movilización de ciudadanos de distintas edades a horarios específicos. Además, el transporte de elementos peligrosos como cilindros de gas está terminantemente prohibido desde las cinco de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente. Se ha decidido también prohibir el uso de drones para cualquier actividad que no cuente con la debida autorización administrativa.
Cerrando las playas
Playas del Gulf de Morrosquillo, en Coveñas. Foto:Redes sociales.
Una de las restricciones más impactantes, especialmente para los propietarios de negocios de turismo, es el cierre temporal de las playas y costas. Esta medida impide que turistas y ciudadanos accedan al mar entre las seis de la tarde y las seis de la mañana del día siguiente. Esto se convierte en un problema, ya que a pesar de que no se encuentran en su pico turístico, hay un interés significativo de visitantes por participar en actividades acuáticas que podrían resultar perjudicadas. Los empresarios hoteleros han expresado su preocupación, afirmando que la situación podría afectar seriamente sus negocios.
El alcalde Nabonazar González también limitó la realización de eventos y celebraciones que involucren grandes aglomeraciones de personas. Esta cancelación se extiende a la totalidad de la comuna. Es importante señalar que estas restricciones son similares en toda la región afectada, aunque es sorprendente que en municipios como Ciénaga de Oro y Chimá, donde recientemente han ocurrido asesinatos de autoridades policiales, no se han implementado medidas adicionales.
En total, se ha informado de cinco miembros de las fuerzas del orden víctimas fatales y otros cinco han resultado heridos como parte del aumento de violencia relacionado con el plan de armas. En respuesta a esta alarmante situación, las autoridades han establecido una recompensa de 200 millones de pesos para aquellos que puedan proporcionar información que conduzca a la captura de los responsables de estos ataques en todo el departamento.
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Documento del periodista Jineth Bedoy. Foto:
Francisco Javier Barrios
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