El pasado lunes 12 de mayo, el Segundo Tribunal de Conocimiento de Chaparral en Tolima tomó la decisión de arrestar a la gobernadora Adriana Magali Matiz y su Secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoy, debido a la violación de una acción de cuidado que protege los derechos de los individuos involucrados. Esta drástica acción judicial se dio a conocer luego de que se presentaran varias quejas en torno al manejo de una situación laboral que afectaba a una maestra y a sus hijos.
Ahora, los dos funcionarios tendrán que enfrentar una retención de dos días. Además, se les ha impuesto una multa equivalente a dos salarios mínimos legales debido a su inacción en relación con la reubicación de un maestro, quien había solicitado una acción de atención para garantizar los derechos de sus dos hijas en el contexto de su trabajo.
La reacción del gobernador de Tolima ante la orden de arresto
La atención fue presentada por Diana Magaly Muñiz, una docente asociada a la Institución Educativa de Risaralda, quien había ganado una competencia en áreas relacionadas con conflictos de PO. Esta situación la había forzado a permanecer en un puesto asignado durante diez años, lo que significaba un reto considerable en su vida profesional y personal.
Adriana Magali Matiz Vargas es la primera mujer gobernadora de Tolima. Foto:Sergio Acero. Tiempo de archivo
No obstante, la maestra decidó que la ubicación en la que laboraba violaba sus derechos, ya que carecía de garantías adecuadas para acceder a atención médica y educación para sus hijas. Por lo tanto, solicitó que se le permitiera trasladarse al área urbana para así asegurar su derecho a estos servicios básicos. Los tribunales concordaron con esta postura y pidieron a las entidades gubernamentales que realizaran este cambio.
El lunes, el tribunal dictaminó que tanto el gobierno como el Ministerio de Educación no habían cumplido con la resolución judicial que favorecía a la maestra, lo que llevaron a la orden de arresto de los dos funcionarios por un periodo de dos días, así como la imposición de una multa. En respuesta a esta decisión judicial, la entidad gubernamental emitió un comunicado.
La Secretaría de Educación sostiene que el Tribunal se ha excedido en sus órdenes. Foto:Gobierno de Tolima
El comunicado afirma que se recibió la resolución, en el cual se citaban las palabras del Secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya Cárdenas, quien explicó los hechos previos y aseguró que la mujer había acordado permanecer en su puesto de trabajo por una década, aunque luego aumentó la acción judicial por supuesta violación de sus derechos laborales.
En sus aclaraciones, el funcionario afirmó: «El juez no ordenó su traslado al centro urbano.» Lo que, según él, había hecho el Ministerio de Educación fue acercar a la maestra a la sede de la institución educativa de Risaralda para que pudiera acceder a servicios de salud en la comuna de Chaparral.
Vista del parque principal de Chaparral. Foto:Google Maps
De acuerdo con Bedoya, lo que informaron fue más allá de lo exigido por el tribunal, pero para avanzar en el asunto de la maestra se le ordenó «realizar la transferencia a un puesto en el centro urbano» en un caso «excepcional», ya que, de acuerdo con la convocatoria en la que participó, se requiere que el servicio se preste en áreas rurales.
Este último comentario fue reafirmado por otro funcionario, quien destacó que «una garantía de esta competencia especial implica que se debe asegurar la provisión educativa en las áreas rurales también en base a tales concursos.»
En este contexto, se contempla ahora una resolución que notificará oficialmente el traslado de la maestra hacia la Institución Educativa de Nuestra Señora del Rosario en la comunidad de Chaparral. «Es una situación excepcional y considerando la desobediencia de la corte, daremos cumplimiento; aunque el traslado aún no se ha efectuado oficialmente», concluyó el comunicado.
Se trata de un caso con profundas implicaciones legales y sociales que continúa generando discusión y análisis.
