El gobernador Bolívar advierte la crisis fiscal por alimentar a los detenidos en las estaciones de URI y la policía
El gobernador de Bolívar, Yamil Arana Paduí, hizo una fuerte advertencia durante su apasionado discurso en el Congreso Nacional de las Comunas, que tuvo lugar esta semana en Cartagena. Según los líderes territoriales, a partir del 30 de junio se espera que ellos asuman la carga financiera relacionada con la alimentación de las personas detenidas. Este llamado a la responsabilidad financiera proviene de un pronunciamiento judicial, ahora con fuerza de ley, que indica que los gobernadores y alcaldes deben asegurar la alimentación de quienes están bajo custodia en las reacciones inmediatas (URI) y en estaciones de policía.
El gobernador Arana resaltó, «Nos obligan a elegir entre alimentar a las personas privadas de libertad o garantizar la alimentación de nuestros hijos». Este comentario resonó con fuerza ante la presencia de numerosos alcaldes y gobernadores de diversas regiones del país. Arana continuó expresando su frustración: «Entendemos el componente humanitario de este asunto, pero no puede recaer sobre las entidades territoriales». Su visible descontento fue un reflejo de la preocupación de muchos líderes locales.
La reciente decisión nace de un fallo del Tribunal Constitucional en 2022, que fue ratificado por el Congreso e impone a las entidades territoriales la responsabilidad de proporcionar condiciones adecuadas para los detenidos en los centros de separación. Esta decisión fue una respuesta a las crecientes quejas sobre la sobrepoblación y múltiples denuncias de violaciones a derechos humanos en los sistemas penitenciarios.
Yamil Arana, gobernador Bolívar.Foto:Juan David Camacho. Tiempo
Sin embargo, para muchos líderes locales, esta transferencia de responsabilidades sin la asignación de recursos adecuados representa un duro golpe a sus finanzas. En la región de Bolívar, por ejemplo, aproximadamente 3,000 personas se encuentran actualmente en estaciones de policía y en URIs. Esto podría significar una carga financiera millonaria para el presupuesto departamental, que ya enfrenta restricciones en áreas prioritarias como salud, educación y servicios básicos.
El gobernador fue contundente al afirmar: «Este compromiso es una violación a nuestra autonomía fiscal. Es injusto que el tribunal, al que respeto profundamente, no considere la realidad presupuestaria que enfrentan los departamentos». Ante esa realidad, manifestó: «Nos comprometen a asumir responsabilidades que no podemos aceptar. Nuestros ingresos son limitados y, además, se presentan de forma regresiva. Ahora nos enfrentamos al riesgo de desatender programas sociales esenciales».
Asimismo, Arana cuestionó la falta de respuesta del gobierno central a este asunto. «Lo mínimo que se espera es una evaluación de los efectos fiscales de esta carga. No se puede imponer desde el centro sin considerar la capacidad real de los territorios», argumentó.
El descontento del gobernador de Bolívar no es un caso aislado. En las últimas semanas, numerosos líderes regionales han expresado su preocupación, alertando que esta decisión podría poner en peligro el desarrollo sostenible de sus planes de crecimiento. Algunos han ido más allá, pidiendo que se detenga la implementación de la sentencia hasta que se aseguren los recursos necesarios para cumplir con estas nuevas obligaciones.
La cuestión central destaca un debate muy relevante: ¿quién debería financiar el sistema penitenciario, especialmente en momentos tan críticos? Para los gobernadores, la respuesta es clara: históricamente, esa ha sido la responsabilidad del gobierno nacional, y esta situación debe continuar de esa manera.
A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, el diálogo entre las entidades territoriales y el ejecutivo y el Congreso se vuelve más urgente. Las entidades locales demandan una revisión del alcance de esta normativa, ya que, de no realizarse, advierten que los más vulnerables, como niños y jóvenes, serán los que paguen las consecuencias de una decisión tomada sin el respaldo financiero adecuado.
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Documento del periodista Jineth Bedoy.Foto:
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