La Oficina del Ministro de Justicia ha presentado ante la Corte Suprema un informe detallado sobre presuntas irregularidades en el Instituto Nacional de Carreteras (Invias). Este grave asunto involucra a un total de 28 parlamentarios, lo que ha llevado a las autoridades a considerar que el escándalo podría alcanzar dimensiones aún mayores que el caso de la Unidad Nacional para el Manejo de Desastres (UNGRD). Esta inquietante revelación ha comenzado a resonar en los círculos políticos y en los medios de comunicación, ya que afecta a un número significativo de representantes del pueblo.
De acuerdo con la información proporcionada por Infobae, la solicitud para investigar estos presuntos delitos fue presentada por Maria Cristina Patiño. Ella es la transferente del fiscal ante la Corte Suprema y lidera un grupo de proyectos especiales que se encarga de abordar los casos de corrupción relacionados con la UNGRD. Una copia de esta solicitud ya ha sido entregada al Tribunal de Justicia, presidido por César Reyes, quien es un juez designado para recibir este tipo de casos y realizar las consultas preliminares necesarias.
Un elemento central en esta investigación es el testimonio de Maria Alejandra Benavides, quien anteriormente trabajara como asesora del ex ministro de finanzas Ricardo Bonilla. Durante su declaración ante las autoridades, Benavides mencionó que varios parlamentarios de distintos partidos están involucrados, citando nombres como Juan Loreto Gómez, Olga Lucía Velásquez, Katherine Miranda, y otros. Estos testimonios son fundamentales para dar forma a las pesquisas que podrían destapar una red de corrupción desmesurada.
Además, se ha reportado que otros senadores, como Juan Diego Echavarra, Efraín Cepeda, y José Alfredo Gnecco, entre otros, también están en la mira. La Corte Suprema deberá considerar si hay suficientes pruebas para iniciar una investigación formal en su contra. Este proceso es crucial, dado que muchos de ellos ocupan cargos importantes, lo que podría tener repercusiones políticas significativas en el país.
Posible testimonio clave y negociaciones con la oficina del fiscal
Según Blu Radio, se ha informado que Benavides está en negociaciones con la Oficina del Fiscal para establecer los términos de un posible acuerdo, en el cual podría ofrecer información a cambio de una disminución en las cargas penales en su contra. Esto sugiere que ella podría estar dispuesta a admitir ciertos crímenes si esto le abre la puerta a convertirse en testigo clave del caso. La posibilidad de que un testigo testifique sobre la implicación de otros parlamentarios en actividades ilícitas sumaría un peso considerable a las acusaciones.
En caso de que se confirmen las acusaciones, este escándalo podría tener un impacto político profundo, dado el número de personas influyentes que estarían implicadas. La Oficina del Fiscal, a través de su grupo de proyectos especiales, ha estado enfocada en investigar y desmantelar redes de corrupción en diversas agencias gubernamentales, y el desenlace de este caso dependerá de la evidencia que logren reunir y de las decisiones tomadas por la Corte Suprema.
Los parlamentarios especificados son prominentes
Una vez fueron alertados sobre las acusaciones en su contra, varios de los parlamentarios mencionados decidieron comunicar su desacuerdo con las declaraciones y negaron cualquier implicación. Katherine Miranda, por ejemplo, se pronunció al respecto, afirmando que no tiene «conexión con ningún trabajo» y que no ha visto a funcionarios relacionados con la gestión de recursos. En su declaración, también sostuvo que su inclusión en la lista tiene motivaciones que escapan a la verdad y son meramente políticas, con la intención de dañar su reputación.
Elkin Ospina, otro de los mencionados, defendió su trayectoria como miembro del Parlamento, asegurando que su actuación siempre ha sido «transparente y ajustada a la ley.» Asimismo, enfatizó que su trabajo se ha centrado en impulsar proyectos que beneficien a Antioquia y la región de Oriente Antioquia, dentro del marco legal establecido. Declaró que siempre buscará justicia para aclarar las acusaciones en su contra.
En este contexto, la Corte Suprema se enfrenta al desafío de definir los próximos pasos que tomará en este complejo proceso judicial, así como determinar si la evidencia presentada por la oficina del fiscal es adecuada y suficiente para la apertura de una investigación formal contra los mencionados parlamentarios. Este caso promete seguir siendo un punto focal de atención nacional en el futuro cercano.
