En una reciente visita a Soledad, en el departamento del Atlántico, el Vice -República General, Carlos Mario Zuluaga, presentó un serio informe que indica una serie de irregularidades que afectan la gestión de recursos públicos en diversos sectores tanto del Atlántico como de otras áreas del Caribe colombiano. Este informe destaca diferentes aspectos críticos que ponen en jaque la integridad de la administración pública en la región.
La evaluación incluye irregularidades que abarcan desde el comportamiento de las Instituciones de proveedores de atención médica (IPS) hasta la deficiente planificación del Programa de Alimentación Escolar (PAE), así como la falta de implementación adecuada de proyectos que son financiados mediante tarifas de licencia. Esta situación ha planteado serias preocupaciones sobre el uso correcto de los recursos destinados a la salud y educación de la población más vulnerable.
Durante su declaración, Zuluaga informó que actualmente se están investigando cinco IPS ubicadas en el departamento del Atlántico que han recibido pagos a pesar de no ofrecer servicios médicos relevantes. “Estas son direcciones IP que operan solo en el papel, presentando tarifas sin prestar atención a los pacientes”, aclaró. La situación es alarmante, y se requiere una pronta acción para aclarar las responsabilidades involucradas.
Este año, se sellaron 12 direcciones IPS en la comuna de Soledad. Foto:Archivo ET
Aunque los nombres de las entidades involucradas aún no se han revelado al público, el funcionario subrayó que los archivos están en proceso de recopilación de evidencias y que “tarde o temprano, estas instituciones tendrán que dar explicaciones detalladas sobre su actuar”.
Plan de alimentación amenazado en el Atlántico
Este análisis se suma a una serie de visitas técnicas realizadas por el Contralor durante un período de más de dos meses, con el fin de documentar exhaustivamente todos los hechos irregulares. El equipo designado está enfocado en determinar la responsabilidad, tanto administrativa como fiscal, e incluso penal, que podría recaer sobre los representantes legales de estas entidades, lo que representa un nuevo y preocupante capítulo sobre el uso inapropiado de los recursos del sistema de atención médica.
Según el controlador, hay una mala planificación del PAE en varias comunas del Atlántico. Foto:Archivo/tiempo
Al mismo tiempo, el Contralor alertó sobre el riesgo inmediato que enfrenta un total de 43,000 niños en los municipios certificados del Atlántico, quienes podrían carecer de alimentos escolares durante un periodo que podría extenderse hasta 20 días. La razón subyacente a esta crisis es una planificación inadecuada del suministro de alimentos escolares, así como los retrasos en los procesos de contratación. Si el procedimiento de subasta no se finaliza según lo previsto, el inicio de un nuevo ciclo de alimentación escolar podría retrasarse, lo que afectaría directamente a los menores en situación de vulnerabilidad y necesidad.
Progreso en la recuperación de CDI del nuevo distrito de Esperanza
Uno de los casos más representativos de infraestructura inacabada en el Atlántico empieza a dar señales de recuperación. Se trata del Centro de Desarrollo Infantil (CDI) en el distrito de Nueva Esperanza en Soledad, cuya construcción, iniciada con una inversión de $3,937 millones, se convirtió en un “elefante blanco” después de años de abandono y falta de atención.
Este proyecto, que fue entregado en 2017, tenía como objetivo garantizar una atención integral para niños de 0 a 5 años en áreas como educación, nutrición y cuidados especiales. Sin embargo, debido a múltiples suspensiones contractuales, el centro estuvo inoperativo durante más de seis años. Los trabajos se interrumpieron en 2015 por período de dos meses y 15 días, y en 2016 por un año, dos meses y 26 días, lo que evidenció la ineficiencia y falta de seguimiento a los proyectos.
Comunas de Soledad, en el área metropolitana de Barranquilla. Foto:Ayuntamiento de la Soledad
Ante esta situación, el Contralor, a través del Grupo de participación de los ciudadanos, llevó a cabo visitas de campo y organizó seis mesas de trabajo con entidades responsables y la ciudadanía. Esta gestión permitió al Ministerio de Obras Públicas realizar un inventario de daños y establecer una inversión adicional de 1,042 millones de pesos para la rehabilitación del centro. El Ayuntamiento de Soledad, junto con el Ministerio de Educación, apoyaron la adaptación de este espacio como un colegio alternativo para la institución educativa de Juan Manuel Santos, incluyendo servicios de comedor y cocina durante el día. Se estima que el Centro podría comenzar a operar dentro de cinco meses, tras cumplir con los procedimientos legales y contractuales necesarios.
52 acuerdos fiscales por más de 223 mil millones de pesos
La operación especial de inspección realizada por el control general en la región del Caribe ha revelado datos alarmantes: de 106 proyectos revisados, el **55% presenta observaciones fiscales** por un valor total de **223,988 millones de pesos**. Además, se identificaron seis beneficios de auditoría que suman $12,146 millones.
Visita a obras sanitarias básicas Fase I y Fase II en la comuna de Soledad Foto:Contralor
El departamento con mayor número de irregularidades es La Guajira, con nueve proyectos en total desafiados por $69 mil millones. Se identificaron cuatro acuerdos fiscales por $56 mil millones en Sucre, incluido el escandaloso caso de la carretera El Porón, al igual que en la subregión de La Mojan, donde se invirtieron $30 mil millones para la construcción de apenas 5 kilómetros de una carretera prevista de 17 kilómetros.
“La gestión de las tarifas de licencia sigue siendo un problema estructural. Muchos de estos proyectos no logran cumplir sus objetivos, lo que nos obliga a reevaluar cómo se estructuran, cómo se aprueban en el Departamento de planificación nacional y cómo son manejados por las entidades territoriales”, afirmó Zuluaga.
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