¿El Clan del Golfo “gobierna” El Rodadero, la Sierra Nevada y las zonas turísticas de Santa Marta? El que está detrás de las «leyes» criminales que imponen en la región – Primer plano
Lo que parecía un simple accidente de tráfico acabó revelando un fenómeno más profundo: Denuncias sobre extorsión, justicia ilegal y control territorial por parte de grupos armados en zonas turísticas de Santa Marta.donde los comerciantes afirman que pagar se ha convertido en una condición de trabajo.
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La situación salió a la luz tras una denuncia del líder ambientalista Luis Miguel Moisés, quien afirmó esto Su hijo se vio obligado a pagar el dinero luego de que chocara su vehículo eléctrico alquilado en el sector turístico de El Rodadero. Según su relato, hombres en motocicletas llegaron al lugar, intimidaron al joven y le exigieron el pago inmediato de 1,5 millones de pesos como indemnización por los daños.
El ambientalista Luis Miguel Moisés fue quien condenó el acoso. Foto:Redes sociales
A los pocos días de hacerse pública la denuncia, Moisés, temiendo represalias, decidió sacar a su familia de la ciudad en avión. Asegura que su nombre y fotografía serán incluidos en la lista asignada al grupo armado que ejerce poder ilegal en la zona.
“Si mi hijo no hubiera tenido dinero para pagar, la historia hubiera sido diferente”, afirmó.
Autoridad paralela en zonas turísticas
Aunque La alcaldía de Santa Marta y la fuerza pública no han confirmado la participación directa de las Autodefensas de Conquistadores de la Sierra (ACSN) en este casoOrganizaciones sociales y defensores de derechos humanos sostienen que en varios sectores turísticos existe un sistema informal de control impuesto por estructuras armadas.
El Rodadero en Santa Marta. Foto:Roger Urieles
El activista de derechos humanos Lerber Dimas confirma que la extorsión se ha convertido en la norma hasta el punto de formar parte del funcionamiento cotidiano de la economía.
“En Santa Marta la extorsión se ha convertido en un servicio público más”, afirmó.
Según explica, los llamados «urbanos», jóvenes reclutados por organizaciones ilegales, cobran periódicamente honorarios a vendedores y prestadores de servicios turísticos a cambio de vigilancia y resolución de conflictos.
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El modelo – asegura – trabaja con logística específica: motos, teléfonos móviles y listas con empresas y números de contacto.
«El mensaje es claro: si pagan, tienen supervisión constante y responden a todo; si no cooperan, no pueden abrir», afirmó.
Hace exactamente un año, después de varios intentos exploratorios, el gobierno anunció que negociaría con ACSN una «paz total».
El ejército intenta recuperar el control en algunas zonas donde la presencia del grupo ilegal es masiva. Foto:Cortesía
Óscar Mauricio Silva fue el hombre delegado por el Ejecutivo para acelerar el acercamiento a la organización criminal que se constituyó tras desmovilización del Bloque Tayrona de las Autodefensas, el entonces octavo juicio bajo la “paz total” y el cuarto espacio sociojurídico que se abrió bajo esta política.
Sin embargo, después de 12 meses, no hay avances significativos y el proceso en sí se mantiene en secreto.
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Según datos de inteligencia, las Autodefensas Victoriosas de Sierra Nevada, antes conocidas como «Los Pachenca», cuentan con aproximadamente 1.000 miembros. Las principales fuentes de ingresos ilegales incluyen el tráfico de drogas y la extorsión a comerciantes, agricultores y al sector turístico.
Penaltis que provocaron aplausos
El fenómeno ganó notoriedad en septiembre de 2025 cuando se volvió viral vídeos de personas con el pelo rapado y sin cejas admitiendo robos o peleas, agradeciendo a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra por darles una «segunda oportunidad».
Las fotografías provocaron miles de reacciones en las redes sociales. Lo llamativo fue que una gran proporción de comentarios respaldaron el accionar del grupo armado, argumentando que el número de robos había disminuido.
Se estima que Sierra Nevada cuenta con al menos un millar de hombres en activo. Foto:Cortesía
Comerciantes consultados afirman que en sectores como El Rodadero y Taganga efectivamente el número de hurtos ha disminuido. Sin embargo, los defensores de los derechos humanos advierten que esta aparente reducción es una reacción a las brutales amenazas contra los criminales y la administración de justicia ilegal.
La economía del turismo bajo presión
El impacto económico se extiende a muchas actividades del sector turístico.
Un comerciante de Taganga, que pidió no ser identificado por razones de seguridad, dijo que prácticamente todas las actividades implican pagos informales.
ACSN negó su participación en estos hechos. Foto:Redes sociales
«Cobran una tarifa por cada silla que alquilan, por cada pescado que venden y por cada billete de barco. Todo está sujeto a impuestos», afirmó.
Según organizaciones sociales, Muchos empresarios aceptan pagar, convencidos de que es la única manera de trabajar sin problemas. Otros optaron por cerrar debido a que no podían aceptar pagos mensuales.
Para los defensores de derechos humanos, estos ingresos fortalecen la capacidad operativa de los grupos armados y facilitan el reclutamiento de jóvenes responsables de las rutas de recolección. Este fenómeno explica por qué cada vez más víctimas que caen en manos de asesinos son personas de entre 19 y 25 años, empleadas de ACSN o AGC.
Negaciones que confirman el control histórico
Las Autodefensas Conquistadores de la Sierra han negado responsabilidad en el caso denunciado por el líder ambientalista. Sin embargo, en el mismo comunicado admitieron que su organización había ejercido control territorial durante décadas debido, según señalaron, a la ausencia histórica del Estado.
El Rodadero es una de las zonas turísticas controladas por grupos armados. Foto:Redes sociales
Para los analistas locales, esta afirmación confirma la existencia de una presencia estructural en algunas zonas urbanas y rurales.
Fuentes de seguridad indican que las disputas entre estructuras ilegales ya no se limitan al tráfico de drogas y ahora incluyen el control de la extorsión en las ciudades.
Al menos cinco personas vinculadas al sector turístico han sido asesinadas en El Rodadero y sus alrededores durante los últimos seis meses. Aunque las autoridades no han establecido un motivo oficial, algunas hipótesis apuntan a conflictos relacionados con cargos ilegales.
Amenazas que también llegan al gobierno
Las tensiones aumentaron recientemente tras la publicación de un vídeo que muestra a hombres armados y encapuchados amenazando a los agentes de movilidad, acusándolos de abusar de motociclistas.
Al día siguiente, en algunas zonas, la presencia de funcionarios disminuyó y se cortó el tráfico por precaución. Posteriormente se reanudaron los controles con un acompañamiento policial reforzado.
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El episodio mostró el impacto del acoso incluso en las instituciones.
La respuesta del gobierno local
Ante la situación, el alcalde Carlos Pinedo Cuello anunció la convocatoria de un consejo de seguridad de emergencia para revisar los casos denunciados y agilizar las investigaciones.
“Desde el primer momento que supimos de las denuncias activamos todos nuestros protocolos y nos comunicamos con las autoridades”, dijo el presidente.
El alcalde también destacó la creación de un Gaula de Policía dedicado exclusivamente a Santa Marta, que investiga redes de extorsión.
Las playas de Santa Marta se encuentran entre las más visitadas del país. Foto:archivo privado
Mientras tanto, unidades del Gaula han intensificado campañas en El Rodadero y otros balnearios, incentivando a vendedores y ciudadanos a denunciar fraudes y evasiones.
Considerando este panorama, Santa Marta vive una compleja paradoja: se fortalece como uno de los centros turísticos más importantes del Caribe colombianoCada vez hay más denuncias sobre la presencia de actores ilegales que regulan conflictos, cobran sanciones económicas y ejercen control social en sectores estratégicos.
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El caso de Luis Miguel Moisés ha roto el silencio que muchos comerciantes prefieren mantener por miedo.
Autor: Roger Urieles para EL TIEMPO Santa Marta. WX: @rogeruv
