El alcalde de Riohach está en línea con el arresto por desprecio en el caso de la profesión de propiedad de familias sensibles
. La oficina del alcalde de Riohach ha confirmado que el alcalde Genaro Redondo Chles se encuentra actualmente cumpliendo un arresto de diez días, ordenado por el tercer tribunal penal local, debido a un supuesto desprecio hacia una decisión legal relacionada con una propiedad que ha sido ocupada por más de 450 familias vulnerables, principalmente de la etnia Wayú, durante un período de nueve años.
De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la oficina del alcalde de Riohach, el caso tiene sus raíces en una acción de restitución presentada en el año 2018 por Manuel Rodríguez Mindiola, el propietario legítimo de la tierra, quien solicitó la recuperación de su propiedad ubicada en la calle 40, justo detrás del sector conocido como Almagrario.
Genaro Redondo Chles, alcalde de Riohach Foto:Cortesía
En una reciente declaración, la oficina del alcalde enfatizó que el mandatario actuó conforme a la ley, reafirmando su compromiso de proteger los derechos de los ciudadanos, especialmente de aquellos que pertenecen a la población sensible de So -Sumuin Wayuuuuu. Asimismo, se manifestó un respeto absoluto por la propiedad privada, lo que ha llevado a buscar una solución justa que no desfavorezca a ninguna de las partes involucradas. La sanción impuesta, se aclara, no fue resultado de ignorancia o obstinación en menoscabar la justicia.
El alcalde Genaro Redondo, al referirse a su responsabilidad constitucional de salvaguardar los derechos básicos de estas 450 familias, que incluyen a menores, ancianos, mujeres embarazadas y miembros de la comunidad Wayú, ha trabajado incansablemente para buscar soluciones a través de las entidades correspondientes.
La sentencia del Tribunal Penal Tercero, dictada el 18 de marzo de 2025, resultó en la condena por violar la orden de atención emitida el 6 de mayo de 2024, y fue confirmada por el Cuarto Tribunal Penal del Circuito el mismo 6 de mayo. Esta decisión también estipuló la entrega efectiva y material de la propiedad al propietario, dado que los ocupantes no pudieron demostrar legalmente su derecho a permanecer en el lugar.
«Desde el inicio de su mandato, el alcalde Redondo ha estado buscando soluciones dignas para estas familias. Todas las alternativas ya fueron exploradas, pero en este momento debemos cumplir con la ley«, manifestó Wilson Rojas Vanegas, secretario del gobierno del distrito de Riohach.
Rojas destacó que durante la gestión de Redondo, la problemática ha ido en aumento.
Genaro Redondo Chles, alcalde de Riohach Foto:Cortesía
Cuando todo comenzó en 2018, la ocupación contaba con apenas 8 a 10 familias. Hoy, la situación ha escalado a más de 450. Durante un año y cuatro meses de gobierno, el alcalde ha intentado repetidamente dialogar con los residentes, pero sus intentos han sido infructuosos.
Wilson Rojas VanegasSecretario del distrito de Riohach
El funcionario atribuyó esta situación a administraciones anteriores, quienes, por falta de acción oportuna, permitieron que la situación se agravara, señalando que hubiera sido mucho más fácil evacuar a unas diez familias en su momento. También mencionó que tras la verificación de los datos, se constató que no era una comunidad nativa Wayú y que la tierra no es territorio ancestral, sino un bien privado con un título de propiedad formalmente constituido.
A pesar de los esfuerzos del alcalde de Riohach para respetar la dignidad de más de 450 familias y garantizar el respeto a la propiedad privada, se espera que el miércoles 7 de mayo se cumpla con una decisión judicial que ordena el desalojo de los ocupantes.
«El alcalde tuvo un enfoque humano al considerar la situación: niños, jóvenes, ancianos«, afirmó Rojas.
El secretario enfatizó que la administración ha respetado el derecho a la propiedad privada, sin desconocer la delicada situación humanitaria de las personas que actualmente residen en esa ubicación.
«No hay administración pública más dolorosa que la que debe ordenar un desalojo. El alcalde intentó evitar esta medida, pero no contamos con tierras ni recursos para reubicar a estas familias. A pesar de su buena voluntad, fue imposible encontrar una solución viable.»
Departamento de Policía de Guajira Foto:Cortesía
«Esto no es una detención, es una responsabilidad asumida»
El secretario del gobierno aclaró que la medida adoptada contra el alcalde Redondo no es en realidad un arresto penal, sino una acción justificada por violación de una decisión judicial, que es ejecutada por las instituciones de autoridad de la Policía de Guajira.
Mientras tanto, el secretario de infraestructura y servicios públicos, Jaime Bruges, ha sido asignado para asumir las funciones del alcalde mientras Redondo cumple con la sanción.
