Ejército desmantela red de minería ilegal responsable de financiar a disidencias de las FARC en Santander de Quilichao – Primer plano
Un duro golpe a las finanzas del remanente grupo armado «Jaime Martínez», perteneciente a las disidencias de las FARC del bloque occidental «Jacobo Arenas», asestó el Ejército Nacional tras el desmantelamiento de una red de minería ilegal que operaba en zonas rurales del municipio de Santander de Quilichao, en el norte del Cauca.
El operativo, desarrollado como parte del Plan de Campaña Estratégica Conjunto Ayacucho Plus, fue resultado de más de dos meses de trabajo de inteligencia coordinado entre el Batallón de Alta Montaña N°8, el Grupo de Caballería Ligera N°8 y la Policía Nacional.
Según las autoridades, las minas generaban cerca de 180 mil millones de pesos al mes. Foto:ejército nacional
Durante el operativo, uniformados destruyeron seis plantas mineras ilegales, las cuales, según información de inteligencia: Generaron ganancias mensuales para la estructura «Jaime Martínez» por cerca de 180 mil millones de pesos. Al parecer, estas actividades ilegales estaban dirigidas por alias Marlon, líder supremo del bloque occidental «Jacobo Arenas».
“Esta acción golpea significativamente la economía ilícita de este grupo armado organizado remanente, reduciendo los recursos dedicados a financiar sus actividades criminales y debilitando su control sobre las comunidades campesinas e indígenas en el norte del Cauca y el sur del Valle del Cauca”, dijo el Tte. Coronel Mario Alberto Celis Manrique, comandante del 8vo Batallón de Montaña.
Impacto sobre el medio ambiente y destrucción de máquinas.
Durante la intervención, los militares localizaron y destruyeron de manera controlada 16 motores, 2 perforadoras y una bomba eléctrica que eran utilizados para la extracción ilegal de oro. Estas estructuras secretas no sólo alimentaron las finanzas de los disidentes, sino que también causaron graves daños medioambientales en la zona.
La explotación de las minas también causó graves daños al medio ambiente. Foto:ejército nacional
Según las autoridades, las actividades ilegales afectaron al menos siete hectáreas de bosques nativos, donde se talaron casi 2.000 árboles y se retiraron más de 53.500 metros cúbicos de suelo.
El impacto ambiental es tan severo que, según cálculos de expertos, la remediación ambiental en la zona costaría más de 850 millones de pesos y requeriría más de treinta años para revitalizarla por completo.
«El daño ambiental que dejan estas actividades es devastador. Además de la pérdida de biodiversidad, el agua se contamina y los ecosistemas se alteran.. Este tipo de minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas a la sostenibilidad ambiental del norte del Cauca”, señalaron voceros del ejército.
Un golpe a las finanzas criminales
El coronel Celis explicó que la estructura «Jaime Martínez» utilizó la minería ilegal como principal fuente de financiamiento para apoyar sus actividades militares, comprar armas y ejercer control territorial sobre las comunidades campesinas.
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Según el ejército, la neutralización de estos seis complejos mineros es un duro golpe a la economía criminal de los disidentes, cuyas fuerzas logísticas y armadas se basaban en la extracción y comercialización ilegal de oro.
Las fuerzas militares están realizando operaciones en esta zona. Foto:EFE.
“El resultado tiene un impacto directo en las finanzas de la Estructura GAO-r Jaime Martínez, que obtiene casi 180 mil millones de pesos mensuales por la explotación ilegal de yacimientos mineros en el norte del Cauca”, dijo el funcionario.
Planificación y coordinación interinstitucional
La operación fue cuidadosamente planificada durante dos meses, con cooperación coordinada entre inteligencia militar, unidades militares y la policía nacional como parte del plan de campaña Ayacucho Plus, una estrategia centrada en socavar la economía ilícita que apoya a las estructuras disidentes en el suroeste del país.
Las autoridades aseguraron que continuarán los esfuerzos conjuntos para neutralizar los corredores de minería ilegal y otras fuentes de financiamiento de los grupos armados restantes que continúan impactando la seguridad, la economía y el medio ambiente de la región.
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