Cuerpos no recogidos y peleas. – Primer plano

El noreste de Antioquia se encuentra en una situación humanitaria crítica. En la aldea de Tamar Bajo, en la comuna de Remedios, intensos enfrentamientos entre el ELN y el Ejército Gaitanista de Colombia (Egc) han mantenido a los civiles bajo fuego cruzado y encerrados durante una semana.

La queja más acuciante de comunidades y organizaciones sociales es la presencia de numerosos cadáveres en descomposición de combatientes, lo que supone un riesgo directo para la salud.

En la vereda Tamar Bajo, parte de la comuna de Remedios, comunidades reportan que luego de días de enfrentamientos entre Eln y Egc (clan del Golfo) Un número indeterminado de cadáveres de militantes yacen en el suelo, sin que ninguna autoridad civil o militar haya intentado recogerlos.

Mientras los campesinos califican de “pasividad” la respuesta del Estado, el general de brigada Eduardo Arias justifica retraso del ataque militar debido a la presencia de artefactos explosivos improvisados ​​colocados en la zona.

«Sabemos que en algunos lugares hay artefactos explosivos improvisados ​​y este es un trabajo que hay que hacer con mucho cuidado porque no venimos y decimos simplemente ‘nos llevamos los cuerpos’, sino que entendemos que son personas, pero en este caso también tenemos que proteger a los soldados», dijo el general de brigada Eduardo Arias, comandante de la Séptima División del Ejército.

El militar señaló que, gracias al apoyo de la Fuerza Aérea y la coordinación con unidades interinstitucionales locales, ya se han realizado reconocimientos aéreos para proteger a la población.

“Ya estamos llegando a estos sectores”, afirmó BG Arias.

Por su parte, el secretario de Seguridad de Antioquia, general Luis Eduardo Martínez, enfatizó fuertemente que hasta el momento no hay confirmación oficial.

“El asunto de los cuerpos no es una situación que podamos confirmar directamente. porque esa información ya ha llegado, pero no estamos seguros de que sea así», explicó el funcionario.

Martínez explicó que el ingreso de la fuerza pública al territorio debe realizarse bajo estrictos protocolos de seguridad para garantizar la integridad de los militares y de la propia población.

“Entiende esto No pueden llegar a «topa tolondra» debido a las condiciones de seguridad que hay allí. Si no pueden mantenerse a salvo, ¿cómo pueden mantener segura a la comunidad?«advirtió el secretario, refiriéndose a amenazas ocultas como campos minados y francotiradores.

Una vez asegurada la zona, la policía judicial iniciará las correspondientes actuaciones urgentes y registros.

Lo que dicen las organizaciones no gubernamentales

Entre el uso de drones que transportan explosivos y el regreso de las prácticas paramilitares, los residentes exigen una intervención urgente para recuperar los cuerpos y restablecer la seguridad.

Según organizaciones sociales de la subregión, la vida en el noreste de Antioquia y en el sur de Bolívar ha vuelto a tornarse gris, recordando los tiempos más oscuros de la primera década del siglo XXI.

La Corporación de Acción Humanitaria para la Convivencia y la Paz en el Noreste de Antioquia (Cahucopana) emitió una alerta internacional sobre crecientes violaciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH). Según la organización, el ataque paramilitar ha reactivado prácticas terroristas: controles ilegales, secuestros, robo de vehículos con fines de movilidad armada y uso de drones para lanzar explosivos contra la población civil..

Territorio en tensión

A pesar de los anuncios oficiales, en el terreno de juego reina un ambiente de abandono. Las comunidades de Remedios, Yondó y Sur de Bolívar ven que el Estado parece «abdicar de su papel protector», dejando áreas cerradas donde los grupos ilegales imponen su ley.

Sólo queda una petición: un corredor humanitario que permita retirar los restos humanos de las carreteras y poner fin a la guerra que vuelve a ser sus principales víctimas.

Por su parte, el comandante de la Séptima División señaló que las operaciones militares en la frontera entre Anorí y Amalfi ya habían dado frutos, mencionando la neutralización del apodo Venezuela, presunto autor de ataques anteriores a la fuerza pública, incluido el incidente del helicóptero en la región.

Según las autoridades, ella fue una de las principales responsables de la ola de violencia que sacude el noreste.

Desplazamiento

La crisis de orden público ya está dejando un costo humano tangible en forma de movilidad forzada.

Según el informe oficial, se confirmó el desplazamiento de 22 familias, totalizando 55 personas, de la vereda El Tamar.. Si bien la zona está bajo jurisdicción de Remedios, la proximidad geográfica provocó que los afectados buscaran refugio en el municipio de Yondó.

Ante esta situación, el gobierno de Antioquia activó rutas de emergencia. “Ya le he dado instrucciones claras y precisas al director de derechos humanos para que coopere con el alcalde y el secretario de gobierno de Yondó en todos los temas relacionados con el apoyo desde el punto de vista humanitario”, dijo Martínez.

El funcionario no descartó que el número de desplazados pueda aumentar con el paso de las horas.

Consejo de Seguridad Extraordinario

Para expresar la respuesta institucional, el general (r) Martínez sostuvo una reunión privada con el Ministro de Defensa, solicitando el apoyo del Gobierno Nacional.

En el siguiente paso, se llamó para la reunión virtual del Consejo de Seguridad el próximo lunes 23 de febrero en el que participarán la 1.ª División, la 19.ª Brigada y la 7.ª División del Ejército.

El principal objetivo de este encuentro será definir una estrategia para restablecer el orden público y el regreso de las familias.

“La comunidad debe tener plena seguridad de que el ejército está en camino y que tiene la intención de restablecer el orden público y, ojalá, permanecer allí por algún tiempo para que una situación así no vuelva a ocurrir», concluyó el secretario.