Crece éxodo a Cali tras destrucción en Buenos Aires, Cauca – Primer plano

“Hay muchas balas y la gente tiene miedo de resultar herida en sus casas. Desde que cayeron los cilindros, existe el riesgo de que haya más gente en las calles, abandonando las aceras o los ayuntamientos».

Es parte de la historia primitiva. EL TIEMPO conoció a una de las 560 mujeres desplazadas que llegaron al Centro Regional de Atención a las Víctimas (Crav), ubicado en el distrito Guayaquil de Cali.

Allí acuden a las autoridades en busca de ayuda para permanecer seguros en la ciudad. Algunos recurren a amigos y familiares en busca de apoyo, otros no tienen suficiente dinero para encontrar una vivienda.

Según el portavoz del distrito, debido al próximo éxodo, el número de desplazados ha aumentado registro desde el feroz ataque ocurrido el 16 de diciembre por parte de disidentes de «Iván Mordisco» en el casco urbano del norteño municipio de Cauca, en Buenos Aires.

Este martes de diciembre antes de las 6:00 a.m. y Durante siete horas, la comuna fue sacudida por explosiones y disparos contra la Oficina del Mariscal, la Policía, la sede del Archivo Municipal y el Banco Agrícola, instalaciones en la misma calle céntrica de la vecina ciudad del Cauca. Este ataque fue repelido por 17 valientes policías.

«¡Están a punto de explotar! ¡Corre que son cilindros!» Se escucharon gritos de mujeres y hombres que intentaban acelerar al escuchar explosiones y los primeros disparos.

Los desplazados recuerdan que se cargaron 16 cilindros entre Timba, en el partido del valle de Jamundí, y La Balsa, en la zona de Buenos Aires, en el norte del Cauca.

Al mismo tiempo, los disidentes atropellaron camiones de reparto con agujeros en las carreteras. Algunos insurgentes utilizaron casas abandonadas, las más cercanas a la estación y a la Oficina del Mariscal, como trincheras en las que descargaron armas sin piedad.

Sigue creciendo el número de desplazados hacia Cali

Sin embargo, desde las primeras semanas de enero de 2026 los desplazamientos han seguido aumentando. Fueron graduales, ya que muchos vecinos de Buenos Aires no podían salir desde mediados de diciembre debido a la amenaza de explosivos colocados en las vías desde las aceras y los controles insurgentes. Lograron escapar en las últimas semanas. Además, temen que aumente el reclutamiento forzoso y que las mujeres sean violadas por entidades ilegales.

Desde inicios de enero suman más de 200 personas desplazadas en Cali, y al 15 de este mes esta cifra -según Personería- Eran alrededor de las 560 cuando más de 40 caucanos ingresaron a la capital vallecaucana en las últimas 24 horas.

«Recorrieron las casas de la gente, disparando. Rompieron ventanas, dos cilindros cayeron dentro de las casas», dice la desplazada, refiriéndose al ataque con una serie de fusiles y cilindros bomba que se produjo el 16 de diciembre y que destruyó el corazón de la comuna de no más de 32.000 habitantes, y que fue perpetrado por más de un centenar de disidentes. Por supuesto, hubo quienes afirmaron que eran alrededor de 500.

«Tenéis miedo y tenéis que dejarlo todo. Además, rondaban vuestras casas y disparaban mucho». dice otro desplazado.

Otro comenta sobre su terrible salida de Buenos Aires: «Había que santiguarse, confiar en Dios, orar para que ellos (los disidentes) no salieran al camino, y si lo hicieran, estar tranquilos y no notar que nos íbamos».

«Esto no puede ser otro Catatumbo»

“El suroeste de Colombia no puede convertirse en otro Catatumbo”. Dijo de nuevo El representante de Cali, Gerardo Mendoza, ante una situación crítica.

“Aquí hay institucionalidad, presencia del Ministerio Público y respuesta oportuna encaminada a proteger a las víctimas del conflicto armado”, afirmó el funcionario.

Según el informe consolidado de la Defensoría del Pueblo Distrital, del 16 de diciembre al 4 de enero se recibieron 103 declaraciones individuales.

El desplazamiento forzado parece ser el principal evento de victimización, junto con más de 20 amenazas, dos ataques y un incidente de abuso sexual. Todas las familias provienen de Buenos Aires.

«Es nuestra obligación constitucional garantizar a estas familias atención digna, oportunidades y un enfoque diversificado. California no puede permitir que la violencia se traduzca en abandono institucional», enfatizó el representante.

De conformidad con la Ley No. 1448 de 2011 y en consulta con la Subsecretaria de Atención a las Víctimas, la Defensoría del Pueblo identificó la necesidad de iniciar el proceso de asistencia humanitaria inmediata.

El 29 de diciembre de 2025, el Ministerio Público presentó el asunto ante la Subcomisión de Compensación, Restitución, Compensación y Reparación durante la octava sesión extraordinaria para activar un plan de contingencia ante un posible desplazamiento masivo desde Buenos Aires, Cauca.

La Defensoría del Pueblo Distrital informó que el pasado 30 de diciembre se adoptó formalmente una declaración colectiva respecto del multitudinario evento, la cual se encuentra en proceso de envío a la Unidad de Atención Integral y Compensación a las Víctimas para su correspondiente valoración y registro.

Asimismo Personería anunció la organización de una cumbre en la que, además de Caquetá, participarán unos 120 representantes de otros municipios del Valle, Cauca, Nariño y Putumayo en el suroeste del país, que quieren unirse con una sola voz y los mismos gritos ante el Gobierno nacional. Según Personería, el Estado dejó de lado a toda esta región.

Reconstrucción lenta

Según la Intendencia porteña, el proceso de reconstrucción de las oficinas de la Administración, la Policía y el Archivo Municipal no avanza significativamente.

El propio alcalde Pablo César Peña dijo que pensar en construir nuevas instalaciones supone que este proceso podría tardar al menos dos años.

Además, los habitantes de las casas ubicadas frente a las autoridades de la ciudad están abandonados. Algunas porque ya no son habitables, pues el ataque provocó incluso un incendio en una de las viviendas y dejó graves daños estructurales. Al temor de un nuevo ataque terrorista con bombas y disparos se suma el temor de que las casas en ruinas se derrumben.

La población afectada ha intentado quedarse con vecinos, pero otros continúan saliendo de la comuna, y Cali, como capital del Valle del Cauca fronterizo con el norte del Cauca, entra en juego como una ciudad que recibe, como ha ocurrido en años anteriores, desplazamientos por parte de grupos armados en todo el occidente de Colombia.

Según la Alcaldía, el gobierno busca fondos para reconstruir las oficinas y la comisaría por un costo de más de 20.000 millones de pesos.

Aunque la Fiscalía tendría que sumar alrededor de mil 500 millones de pesos, no es fácil lograr ese monto.

De igual manera, las víctimas piden dinero al Estado para sus viviendas, pensando en las inversiones que han hecho en ellas; Esto significa que esperan un proceso de compra que puede retrasar la resolución para estas personas, ya que se deben realizar trámites que incluyen tasaciones para garantizar que estén seguros en términos de pago de impuestos y otros trámites gubernamentales, incluso si son parte de procesos testamentarios o testamentarios, por lo que la espera sería mucho más larga.

Se dice que unas 500 personas en 186 hogares se vieron afectadas. Por ahora, el municipio necesita urgentemente fondos del Estado, y más de la mitad de las casas dañadas han sido registradas en el proceso para que sus propietarios puedan beneficiarse de subsidios de vivienda para modernizarlas.

KAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

California

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