Contratos de 18 983 a 27 387 millones
El fiscal general de la nación, en un momento crucial para la administración pública, confesó que el ex gobernador de Sucre, Édgar Enrique Martínez Romero, está involucrado en un escándalo relacionado con el Plan de Alimentos de la Escuela (PAE). Este programa, que comenzó con un valor inicial de 18,983 millones de pesos, se disparó hasta alcanzar los 27,387 millones. Tal aumento ha generado dudas sobre la gestión y la transparencia del proceso.
Martínez Romero ha sido señalado por autorizar este programa sin una planificación adecuada, lo que ha derivado en inconsistencias significativas desde el principio. La acusación destaca que el costo del programa de alimentos destinado a estudiantes en 25 municipios del departamento se volvió desmesurado y excesivo. Es evidente que esta situación requiere de un análisis detallado y de seguimiento, especialmente cuando se manejan recursos públicos.
¿Qué había establecido este Acuerdo con PAE?
El contrato en cuestión se firmó el 5 de junio de 2017, con el objetivo de proporcionar suplementos de alimentos a niños inscritos en las escuelas oficiales de succión. Según la oficina del fiscal, este proceso se desarrolló a la ligera, sin investigaciones serias previas, y se realizaron especificaciones que favorecieron ofertas que no cumplían con los requisitos mínimos exigidos. Esta falta de diligencia en la selección de contratistas contribuyó a aumentar los costos y la ineficiencia del programa.
La oficina del fiscal acusó al ex presidente del delito de un contrato sin cumplir con los requisitos legales.
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Gobernación
Las fallas observadas en la planificación y ejecución de este programa no fueron corregidas antes de la firma del contrato, lo que resultó en un incremento del tiempo de ejecución de 104 a 146 días. Este hecho no solo generó un incremento en los costos relacionados con la administración, sino también con el personal de apoyo y auditoría, como indica la acusación. El presupuesto, así, se disparó de 18,983 millones a 27,387 millones de pesos, una diferencia significativa que merece atención.
Otro aspecto preocupante es que el contrato fue liquidado en marzo de 2018 sin contar con las firmas correspondientes del supervisor designado ni del entonces gobernador. Esto plantea serias dudas sobre el rigor en el monitoreo y la terminación de los procesos administrativos, lo que, según el 11.º delegado del fiscal ante la Corte Suprema, evidencia una falta de control.
Por estos motivos, la oficina del fiscal ha presentado cargos contra Martínez Romero por un crimen de «Acuerdo sin cumplir con los requisitos legales», lo que en la práctica implica que se omitieron pasos fundamentales para asegurar la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos destinados a la educación.
El valor inicial del contrato fue de 18,983 millones de pesos.
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Archivo/tiempo
Martínez Romero tenía un registro disciplinario
No es la primera vez que el ex gobernador se enfrenta a cuestionamientos relacionados con la contratación pública. En mayo de 2024, la oficina del fiscal general impuso una suspensión de nueve meses a Martínez Romero por irregularidades en su gestión, particularmente en una consulta para estudios y proyectos de comedores escolares y baterías sanitarias. Este tipo de comportamiento no solo pone en riesgo la integridad del proceso sino que también deja en la cuerda floja la confianza del público en las instituciones.
En este caso específico, el fiscal general determinó que las especificaciones fueron redactadas de tal forma que limitaron la participación de las partes interesadas, exigiendo experiencia exclusiva con entidades públicas e instituciones educativas, lo que restringió la competencia y la posibilidad de obtener ofertas diversas y eficaces.
Asimismo, el entonces secretario de infraestructura, Antonio Carlos Peralta Sánchez, fue suspendido por ocho meses debido a fallas en el desarrollo de estudios previos que sirvieron de base para el concurso de mérito CM-004-2019. A pesar de estas sanciones, el impacto sobre el desempeño de estos funcionarios ha sido limitado, dado que sus funciones han cesado y la suspensión no ha sido efectiva.
El contrato fue liquidado en marzo de 2018, sin las firmas del supervisor y del ex gobernador.
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Ayuntamiento
Los siguientes pasos en el juicio
Con la formulación de cargos, la Corte Suprema debe decidir si acepta el enjuiciamiento y abre el juicio contra Martínez Romero. En el caso de que se acepte, el ex gobernador podrá presentar pruebas y defender su postura ante la Corte Suprema, dado que el sistema legal contempla el derecho a la defensa.
No obstante, hasta el momento, el ex presidente no dispone de declaraciones de defensa conocidas ni de solicitudes para versiones libres. Las precauciones necesarias no han sido registradas por las entidades de control pertinentes, lo que añade una capa adicional de complicaciones al caso en cuestión.
La investigación del fiscal se centra en determinar si hubo intención delictiva o si se trató de una simple negligencia en la gestión del PAE. Las acusaciones sugieren que la combinación de omisiones y la falta de control constituyen serias violaciones de los procedimientos establecidos para la utilización de los fondos destinados a la alimentación de los estudiantes.
En última instancia, la Corte Suprema tendrá la última palabra sobre la apertura de un posible juicio y las sanciones correspondientes. La demostración de responsabilidad podría tener que ser asumida por Martínez Romero.
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Danna Valeria Figueroa Rueda
Escuela de periodismo multimedia
