Contralor en el trabajo del canal de la tumba
El pasado jueves, el general de la República, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, reiteró la alerta sobre los posibles peligros asociados con la Terminación estimada del contrato en el proyecto en el canal Dike, hecho que podría conllevar el desembolso de una suma que, en la actualidad, alcanzaría la cifra de 434,000 millones de pesos.
El funcionario expresó sus preocupaciones durante una monitorización, justo después de su visita relacionada a la advertencia que se había formulado en noviembre de 2024 por parte de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANIA) y el Ministerio del Medio Ambiente y el Desarrollo Sostenible.
Dicha advertencia se emitió como resultado del riesgo fiscal que se identificó en el desarrollo del proyecto, el cual tiene como objetivo la «Restauración de ecosistemas degradados del canal Dike».
De acuerdo con el controlador, si se llegara a una resolución anticipada de este contrato de concesión, por las razones que se mencionan como «imposibilidad de asignar un concesionario», el contrato estipula el pago de esta suma, potencialmente equivalente a 434,000 millones de pesos.
Este pago se realizaría sin que la nación obtenga a cambio la restauración de los ecosistemas degradados en la zona del canal de Dike, ni tampoco otros beneficios que se desprenden de las actividades y obras planificadas como parte del proyecto.
«Adicionalmente, hay un considerable riesgo social y fiscal en juego, dado que sin las garantías adecuadas, casi 200,000 hectáreas pertenecientes a 19 comunas de la región influyente del canal de Dike y, por ende, alrededor de un millón y medio de personas, estarán continuamente expuestas a inundaciones intensas, producto de un invierno riguroso», expresó el controlador.
Otro riesgo indicado por el Contralor
Asimismo, destacó que la degradación ambiental de los ecosistemas alrededor del canal Dike podría intensificarse debido a la entrada incontrolada de sedimentos en el canal, los pantanos, tuberías y bahías situadas en Cartagena y Barbacoas.
Por otro lado, se estima que casi $213,000 que están asignados para la gestión social, institucional y ambiental en 19 municipios afectados por este macroproyecto, quedarían sin uso ni rendimiento ayudado.
Hasta la fecha, ya se han invertido cerca de $11,000 en el desarrollo de protocolos y obligaciones que corresponden a 17 consultas previas ya realizadas con las comunidades locales, las cuales también se perderían.
«Aunque este riesgo ha sido notificado con la debida anticipación, consideramos que aún es posible manejarlo y resolverlo adecuadamente, siempre que se actúe con total apego a la ley y cumpliendo con el acuerdo actual. Esto es crucial para que su materialización no se convierta en la justificación para proceder a la cancelación definitiva del acuerdo de concesión, el cual debe continuar siendo parte de la estrategia de desarrollo nacional», subrayó el general Carlos Hernán Rodríguez Becerra.
Considerando cuatro opciones
En este contexto, el controlador general sugirió que se evalúen cuatro posibles opciones para corregir la situación actual y para facilitar la transición del contrato de concesión a la etapa de construcción. Estas son las siguientes:
Primero, la suscripción a la modificación contractual: formalizar el desarrollo y reconocimiento de un estudio de impacto ambiental requerido por ANLA según la resolución 0322 del 29 de febrero de 2024.
En segundo lugar, llevar a cabo un estudio legal y llegar a un acuerdo entre las partes para poder finalmente formalizar la modificación contractual, que contempla diferentes aspectos, como el desarrollo y el reconocimiento del estudio de impacto ambiental solicitado por ANLA.
Asimismo, se hace necesaria una revisión de las licencias ambientales: evaluar legalmente la posibilidad de excluir las unidades funcionales 13 y 14 de las obligaciones estipuladas en la licencia ambiental, facilitando así la gestión a través de pagos, permisos automáticos y otros mecanismos de acción preventiva.
Del mismo modo, se recomienda la optimización del proceso de autorización del estudio de impacto ambiental: se busca desacelerar y facilitar al máximo posible la presentación y aprobación del estudio de impacto ambiental que exige ANLA tras la firma del contrato de concesión.
Como cuarto punto, es crucial que se cumplan las condiciones contractuales adicionales: garantizar que el concesionario cumpla con los requisitos necesarios para avanzar a la etapa de construcción, lo que incluye la fase 3, el plan de gestión de riesgos, así como la consideración de la rentabilidad social y de la propiedad.
El controlador insistió en que es fundamental actuar de manera inmediata para evitar la terminación prematura del contrato, ya que esto podría conllevar serias consecuencias fiscales, sociales y ambientales.
«La gestión coordinada es crucial para avanzar en la restauración de los ecosistemas del canal Dike y asegurar la protección de las comunidades afectadas. Es el momento de actuar con responsabilidad y compromiso, garantizando así la viabilidad del proyecto y el bienestar de la región», concluyó.
