Condenar disparos contra objetos; ¿Qué pasa?

Una vez más, la prisión de Villahermos se ha convertido en el foco de atención debido a un ataque violento. Esta instalación, que se caracteriza por tener un nivel de seguridad medio, fue objetivo de un incidente que tuvo lugar a primera hora de la mañana del 22 de abril. El acontecimiento ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad tanto dentro como fuera de las instalaciones penitenciarias.

Según una carta que fue enviada el mismo martes por la directora de la prisión, Maria Loren Serrano, a Guillermo Andrés González, director regional del Instituto Nacional de Kenitaria y Prisión de Occidente (INPEC), se indica que a las 11:50 de esa mañana se escucharon al menos dos detonaciones de armas en el camino 25, específicamente en el sector de Eron. Esta situación alarmante llevó a que de inmediato se activara el plan de alarma y defensa, durante el cual se recuperaron dos pistolas de 9 milímetros.

La carta continúa describiendo que las armas fueron entregadas a una unidad policial judicial y que se implementaron medidas de seguridad extremas en respuesta al ataque. Además, se menciona que la revisión de las cámaras de seguridad se está realizando para identificar a los posibles responsables del hecho. Sin embargo, la falta de funcionamiento de las cámaras durante el ataque ha generado inquietud sobre la capacidad de respuesta y control de la situación por parte de las autoridades.

Otros ataques

Es importante señalar que este no es el primer incidente de violencia que enfrenta la prisión de Villahermos. En las últimas tres semanas, se registraron disparos realizados por dos hombres en motocicletas dentro de las instalaciones. En esa ocasión, se documentaron al menos ocho impactos de bala, siendo uno de ellos en una puerta de entrada de metal que carece de blindaje. En contraste con el ataque más reciente, se logró capturar a uno de los motociclistas gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad, que no estaban operativas el 22 de abril.

El director de la prisión sugiere que el ataque y otros similares podrían ser reacciones a las restricciones implementadas recientemente. Además, él mismo recibió amenazas de muerte, un eco de lo que sufrió su predecesor, quien se vio obligado a mudarse a otro centro penitenciario. A pesar de contar con el respaldo de INPEC y diversas medidas de protección, la inseguridad persiste.

Este mes, INPEC ha llevado a cabo operativos en 12 pabellones de seguridad en el país, excluyendo a Villahermos, que han resultado en la confiscación de 250 teléfonos móviles, 125 armas, 450 litros de bebidas alcohólicas y dos kilogramos de sustancias psicoactivas. Existe una creciente inquietud sobre la facilidad con la que se introducen teléfonos móviles y otros objetos prohibidos en Villahermos, algo que las autoridades aún están investigando.

Superpoblación

La prisión enfrenta un severo problema de superpoblación, que complica aún más la situación de seguridad. Actualmente, no hay suficiente capacidad para albergar a todos los condenados, lo que lleva a que más de 2,000 de ellos sean mantenidos en estaciones de policía inadecuadas. El director hizo un llamado a las autoridades, recordando las promesas hechas en 2018 para la construcción de tres nuevos pabellones con colaboración de diversas entidades gubernamentales, aunque hasta la fecha, esas promesas no se han materializado y la situación de desbordamiento continúa deteriorándose.

Para transitar por las celdas, que son visiblemente estrechas y oscuras, es complicado, ya que están superpobladas con dos prisioneros en cada una, lo que se traduce en condiciones insalubres y de hacinamiento. La temperatura y el olor en los pasillos se incrementan debido a la falta de ventilación adecuada, ya que hay solo entre tres y cuatro ventiladores dispersos por el corredor.

La situación es similar en la mayoría de los 12 patios del centro penitenciario, donde el primero debió cerrar por una falla en la pared que acaba de ser reparada. Cada patio tiene un número que oscila sin ceñirse a la capacidad adecuada: hasta el 10 de abril, había 215 prisioneros en el patio 1; 618 en el 2; 455 en el 3; 495 en el 4; 572 en el 5; 408 en el 6; y 199 en el 8, y así sucesivamente. No se debería permitir que cada patio exceda un promedio de 90 prisioneros.

El director insistió en que están haciendo todo lo posible para garantizar los derechos básicos de la población carcelaria, pero estos esfuerzos se ven obstaculizados por la falta de apoyo de las autoridades locales. Aunque existe una estrategia de cumplimiento de las normativas constitucionales que apuntan a proteger a la población carcelaria, los resultados son insatisfactorios.

Desafortunadamente, hace siete años, el entonces alcalde Maurice Armitage, junto con el Gobierno del Valle del Cauca, el Ministerio de Justicia, y la colaboración de INPEC, planeó la construcción de nuevos pabellones en un área de 25,000 metros cuadrados pertenecientes al gobierno del Valle del Cauca. Sin embargo, la propuesta no prosperó y ha dejado a las autoridades y a la población en una situación crítica.

Durante este proceso, se esperaba una inversión que alcanzaría casi $50,000, y a pesar de los planes establecidos en 2023 para nuevas construcciones en Yumbo y Navarro, nada se ha concretado. Esto ha generado un ciclo de descontento y desesperación en una ciudadanía que anhela una solución efectiva al problema de la superpoblación y la inseguridad carcelaria.

En medio de esta caótica situación, la actual administración se ha comprometido a mitigar el desbordamiento en 22 estaciones de policía y a implementar centros de atención especial para aquellos crímenes que afectan a menores. Recientemente, se anunció un nuevo pacto por un valor de $2,000 millones, con expectativas de cambios en el futuro cercano, aunque la comunidad sigue siendo escéptica respecto a la voluntad política de resolver estos problemas históricos.

Carolina Bohorquez y Juan Pablo Raeda

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