Y Ejemplos de condena, en el medio de uno de los eventos más graves de violencia electoral en el país en 2023. Valledupar (CESAR) Sistema de justicia penal especialista Él 20 años de prisión en Yuberlys Bermúdez Rubian tuvo lugar el 28 de octubre en el proceso de elecciones regionales.
De acuerdo con el juicio de primera instancia, Tres convictos fueron reconocidos como responsables de los crímenes relacionados con el asesinato, un intento de apretar el asesinato y el fuego. Además de la privación de la libertad, tienen que pagar una multa de 210 salarios mínimos mensuales legales vigentes y el juez ordenó el cumplimiento de la máxima seguridad en prisión.
Julio Rojas Marín, ex candidato para el Ayuntamiento de Gamarra (CESAR). Foto:Redes sociales
Durante la audiencia, el Fiscal General de la Nación presentó un conjunto de documentos, opiniones y evidencia audiovisual que permitió reconstruir los hechos en detalle, mostrando la responsabilidad directa del acusado en el ataque. El juez especialista organizó completamente la teoría de la entidad acusadora, y especialmente las películas valoradas de las cámaras de seguridad y las declaraciones de testigos faciales, incluyendo funcionarios de registro y residentes del sector.
Ataque y fuego en medio de la protesta
El hecho tuvo lugar durante una manifestación violenta motivada por la decisión del Consejo Electoral Nacional, que supuestamente influyó en el interés político del candidato local. La concentración, que inicialmente se desarrolló antes del Registro Municipal de Gamarra, desencadenó rápidamente disturbios que llevaron al vandalismo y culminaron en un incendio, que destruyó gran parte de la sede institucional.
Según la evidencia, Isaiah Peña Oliveros y su esposa, Yuberlys Bermúdez Rubiano, llegaron al lugar con un automóvil para bebés, en el que escondieron un proxeneta de plástico lleno de gasolina. Una vez en las inmediaciones del edificio, proporcionaron combustible a William Castro Torrado y otras dos entidades que aún no están completamente identificadas, quienes empezaron a rociar y quemar la propiedad.
El procedimiento criminal resultó en la muerte por quemadura de un empleado de registro que se encontraba encarcelado en el edificio, y dejó a otras seis personas gravemente heridas, incluidos miembros del personal de logística y ciudadanos que realizaban los procedimientos. Varios heridos requirieron tratamiento prolongado y aún enfrentan consecuencias tanto físicas como psicológicas.
Responsabilidad comprobada y multa máxima
Convicto Foto:Fiscalía
Durante el proceso, la oficina del fiscal presentó pruebas forenses en el sitio del incendio, informes de organismos de incendios y peritos en el campo del delito, que confirmaron que el incendio fue causado por un acelerador inflamable.
A su vez, los testimonios de los vecinos permitieron ubicar a los procesados en la escena, y se obtuvo una grabación del sector que muestra el momento en el que las personas involucradas manipulan un tambor de gas.
El juez llegó a la conclusión de que había una planificación previa y que el acusado actuaba con plena conciencia del daño que podía causar, sin haber estado en una situación de defensa propia o haber reaccionado de manera espontánea. La penalización de 60 años corresponde al máximo establecido por la legislación colombiana para este tipo de delito.
Convicto Foto:Fiscalía
Reacciones y demanda en curso
A pesar de que la condena fue recibida con satisfacción por las familias de las víctimas y las agencias de control electoral, aún se encuentra en la primera instancia, y los abogados defensores han anunciado que interpondrán los recursos de apelación pertinentes, anticipando que el caso podría llegar a la Corte Suprema en Valledupar en los próximos meses.
Por su parte, la oficina del fiscal enfatizó que esta decisión establece un precedente en la lucha contra la violencia política y electoral, que ha afectado a varias regiones del país. «No permitiremos que el miedo o la violencia dominen los procesos democráticos. La justicia ha hablado y ha impuesto un castigo ejemplar a quienes son responsables de este terrible evento», manifestó uno de los fiscales del caso.
La Oficina del Fiscal General también ratificó su apoyo a esta decisión judicial y llamó a las autoridades competentes a continuar identificando a otros implicados, los cuales aún no han sido capturados. Se cree que al menos dos personas más participaron de manera directa en la ejecución del incendio.
La comuna de Gamarra, ubicada en el sur de César, ha experimentado días de tensión y ansiedad tras el ataque a su registro, en el contexto de una alta polarización política. Con este caso, se espera que uno de los capítulos más dolorosos de las elecciones en 2023 en el país quede debidamente registrado.
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