Así es el operativo de grupos armados que siembran el terror en la zona de Nariño utilizando drones y niños en alto riesgo de reclutamiento: dos municipios afectados – Primer plano
La Defensoría del Pueblo ha emitido una alerta temprana sobre una amenaza inminente o ATI para los municipios de El Peñol y El Tambo en el departamento de Nariño. Esta decisión se produce tras un enfrentamiento entre grupos armados ilegales que han comenzado a utilizar drones, lo que podría tener enormes impactos en los civiles.
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Según el informe de la entidad, un escenario considerado muy peligroso tiene dos dinámicas diferentes.
El Tambo, Nariño. Foto:mauricio de la rosa
El primero se refiere a la disputa territorial por el control de grupos ilegales en el corredor vial Guambuyaco, eje estratégico que permite el acceso a municipios ubicados en la cordillera occidental donde los mismos agresores obtienen ingresos ilegales del narcotráfico.
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“En esta zona, el frente de “Franco Benavides” (comandante del Bloque Occidental Jacobo Arenas” y el disidente Estado Mayor Central) lleva a cabo un proceso de expansión que choca con el control hegemónico y la convivencia que mantienen los “Comuneros del Sur (grupo disidente de la guerrilla del ELN) y el grupo criminal organizado Autodefensas Unidas de Nariño”, señala el mismo informe.
Respecto a la segunda dinámica identificada por la Defensoría del Pueblo, se advirtió que es de extrema gravedad.
El Tambo, Nariño. Foto:mauricio de la rosa
“Se trata del uso reiterado de sistemas aéreos no tripulados (drones) modificados con explosivos y otros artefactos improvisados contra comisarías y sedes administrativas, como la Alcaldía de El Peñol”, anotó.
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Ya ha habido ataques
La Defensoría del Pueblo recordó que estos ataques, registrados con mayor frecuencia en noviembre y diciembre de 2025, tuvieron lugar en centros urbanos y poblados, por lo que se destruyeron bienes civiles durante las horas de trabajo, provocando enormes consecuencias humanitarias para funcionarios y transeúntes.
Municipio de El Peñol. Foto:Archivo privado, redes sociales.
La Comisionada para los Derechos Humanos advierte sobre la materialización de graves consecuencias del conflicto armado.
Hasta la fecha, dijo, la población civil ha sufrido ataques con explosivos, asesinatos selectivos y el desplazamiento forzado de 124 familias indígenas de El Peñol a la ciudad de Pasto, registrado en diciembre del año anterior.
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Según la entidad, los grupos armados ilegales ejercen un fuerte dominio armado mediante la instalación de vallas y banderas; la imposición de pautas de comportamiento a través de WhatsApp y folletos, y la compulsión de organizar guardias campesinas que obstaculizan el paso de la fuerza pública.
Niños en riesgo de reclutamiento
La Defensoría del Pueblo también alertó a las autoridades que niños y jóvenes de ambos municipios corren riesgo de ser reclutados forzados por grupos armados ilegales, al igual que los pueblos indígenas, quienes enfrentan amenazas a su autonomía.
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Posteriormente señaló: «En el caso de los habitantes rurales y campesinos, se ven afectados por la contaminación de sus territorios con minas antipersonal (MAP) y restricciones de movimiento. Mientras tanto, los funcionarios públicos y los transportistas han sido víctimas de instrumentalización, amenazas y ataques directos a la infraestructura en la que desarrollan su trabajo».
Recomendaciones
Tras el dramático panorama de inseguridad y violencia en El Tambo y El Peñol, la Defensoría del Pueblo emitió un total de 16 recomendaciones a diversas entidades nacionales y departamentales.
En el caso del Ministerio del Interior, este ámbito se refería a coordinar una respuesta inmediata a una alerta emitida, mientras que al Ministerio de Defensa Nacional se le solicitó implementar una estrategia de combate a drones y desminado militar en esta zona.
Por su parte, la Unidad Nacional de Protección, la UNP y la Defensoría del Pueblo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) exhortaron a fortalecer las medidas de seguridad para líderes sociales, comunidades étnicas y menores de edad.
A su vez, la Procuraduría para la Paz pidió verificar si se estaban cumpliendo los acuerdos especiales sobre desminado y prohibición de reclutamiento de menores y adolescentes en El Peñol y El Tambo, mientras que el Ministerio Público requirió al gobierno de Nariño contar con los recursos financieros y la asistencia técnica necesaria para que ambos municipios pudieran implementar los proyectos preventivos necesarios.
MAURICIO DE LA ROSA
Especialmente para EL TIEMPO
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