Después del incidente relacionado con el caso 15 -Mesth -lold Child, donde se administró una vacuna caducada contra la meningitis en Valledupar, las reacciones de la comunidad han sido profundas y variadas. Cuidado y una clara indignación se han apoderado de los ciudadanos, quienes exigen respuestas inmediatas y precisas ante una situación que pone en duda la inocuidad de los procesos de vacunación. Este caso fue inicialmente denunciado en las redes sociales por la madre de un niño que acompañó su reclamo con fotografías de un paquete biológico que mostraba sin lugar a dudas que el producto había vencido el 11 de julio de 2024.
La vacuna en cuestión, denominada Menactra, fue administrada el 20 de enero en la IPS Santa Helena del Valle, una institución privada situada en la capital del departamento de Cesar. Ante esta alarmante situación, el Ministerio de Salud de César ha tomado cartas en el asunto, al instante de recibir la queja pública, dando inicio a una investigación administrativa para esclarecer si hubo algún tipo de violación en la gestión biológica y en los protocolos de aplicación pertinentes.
En diálogo con El Tío, el Secretario de Salud de César, Georgina Sánchez Daza, confirmó la veracidad del incidente y explicó en detalle las acciones que se han implementado para dilucidar lo sucedido. Ella explicó:
Enteramos del hecho por las redes sociales, como todos los demás. Inmediatamente, activamos el protocolo de control, supervisión y auditoría.
Georgina Sánchez DazaSecretario de Salud César
La vacuna y muchas fallas han expirado
Evidencia proporcionada por la madre de un menor. Foto:Cortesía
Es importante señalar que la vacuna Menactra no forma parte del programa de vacunación regular del Ministerio de Salud, lo que implica que esta institución no distribuye ni mantiene este tipo de biológicos en sus centros de salud. En este caso particular, la responsabilidad recae completamente sobre la IPS, que fue la que administró la vacuna, ya que es una adquisición privada.
«Deseamos ser claros: esta vacuna no es parte del programa oficial de vacunación. No deseamos fomentar desinformación ni perjudicar el proceso de vacunación, que es fundamental para la salud pública. Esta vacuna fue adquirida de manera independiente por la IPS, y, por lo tanto, es su responsabilidad asegurar la correcta gestión, protección y administración«, afirmó Sánchez Daza.
El Ministerio de Salud ha constituido un equipo especial conformado por personal del programa de vacunación extendida (PAI), inspectores de supervisión de salud y el secretario, que visitará la IPS para llevar a cabo una auditoría minuciosa. Esta inspección se llevó a cabo el miércoles por la mañana.
«Queremos saber qué no se ha hecho»
La comisión gubernamental ha verificado los protocolos adecuados para identificar la adquisición de la vacuna. «Pretendemos solicitar las facturas de compra, las condiciones de almacenamiento, el control de inventario y los procedimientos que llevaron a la caducidad de la vacuna administrada al niño. Cualquier falta en este proceso es inaceptable», enfatizó el secretario durante la conversación.
En su diálogo, Sánchez Daza fue claro en que ya se están tomando medidas para iniciar un proceso administrativo contra la IPS involucrada. «Con la evidencia fotográfica ya se ha comprobado un hecho: la vacuna estaba caducada. El proceso administrativo está en marcha, pero aún debemos analizar todos los aspectos para determinar si hay lugar para sanciones y posibles quejas ante las entidades de control», indicó.
Monitoreo médico para el menor afectado
En cuanto a la salud del niño, el Ministerio de Salud informó que hasta el momento no se han presentado efectos secundarios serios, pero ha activado un protocolo de monitoreo especializado. «Nos aseguraremos de mantener una vigilancia médica cercana entre la Secretaría y la IPS. El niño será evaluado por un pediatra y, si es necesario, será referenciado a un especialista en enfermedades infecciosas», explicó Sánchez Daza.
Además, se solicitó la colaboración de expertos del Instituto Nacional de Salud y especialistas en vacinología para proporcionar apoyo. Uno de los infectólogos consultados recomendó que lo más apropiado sería revacunar al niño, siempre bajo supervisión médica, para garantizar su efectiva protección contra la meningitis.
Acercamiento y respuesta a la madre
Comunicación de IPS Santa Helena del Valle. Foto:Cortesía
A pesar de que hasta la mañana del miércoles no había habido contacto directo entre el Ministerio de Salud y la madre del niño, el secretario afirmó que es necesario establecer esta comunicación. «Quiero sentarme con ella, escuchar sus inquietudes, explicarle lo que estamos haciendo y, sobre todo, ofrecerle tranquilidad. Comprendo su preocupación como madre y tiene todo el derecho a exigir respuestas«, afirmó Sánchez Daza.
El Ministerio de Salud también instó a la comunidad a no generalizar el caso ni generar un pánico injustificado respecto al Programa Nacional de Vacunación. «Reiteramos que esta vacuna no forma parte del plan regular del Ministerio de Salud. Las vacunas organizadas por la Secretaría son completamente seguras, siempre bajo supervisión constante y con identificación clara en sus etiquetas, incluidas las fechas de vencimiento«, enfatizó Sánchez Daza.
Una revisión profunda y posibles sanciones
Aparte del monitoreo médico del menor, la auditoría de la IPS podría dar pie a sanciones administrativas. «No podemos anticipar decisiones hasta tener informes de auditoría concluyentes, pero si se confirma alguna falla sistemática, habrá repercusiones. No podemos permitir que ocurran estos errores nuevamente», destacó el Secretario.
Este caso resalta la necesidad de fortalecer los controles internos en la IPS, especialmente en lo que respecta a las vacunas adquiridas de forma particular, fuera del programa oficial. El manejo adecuado de las cadenas de frío, la verificación constante de las existencias y el rigor en la administración son pilares esenciales para prevenir casos como este.
Mientras la investigación sigue adelante, el Ministerio de Salud de César ha asegurado a la comunidad que garantizan la salud integral del menor. «Este asunto debe servir como una enseñanza para todo el sistema de salud. No basta con tener buenas intenciones: los protocolos deben seguirse rigurosamente», concluyó el secretario en su declaración a Tiempo.
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