La controvertida tierra de los comerciantes de drogas en Jamundí, donde los estafadores venden parcelas caras: ¿la mafia de la invasión?

Tierra de 152,000 metros cuadrados en las zonas rurales del distrito de Potrerito, en Jamundí, desde hace bastante tiempo, la extinción del dominio vinculada al tráfico de drogas, que estaba en manos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), se ha transformado en un área donde estafadores brindan oportunidades a ciudadanos en Jamundí para que erijan sus futuros hogares. Se utilizan tácticas engañosas para incentivar la invasión o la formación de nuevos asentamientos ilegales en estas tierras.

Mucho por $ 8 millones

Se venden parcelas por aproximadamente 4, 6 o incluso 8 millones de pesos cada una, fomentando así la ocupación ilegal de estos terrenos.

A lo largo de los años, Jamundí no solo se ha visto afectada por el tráfico de drogas debido a grupos armados, como los disidentes liderados por «Jaime Martínez,» que están asociados con carteles mexicanos. Existe también una mafia que habilita la venta de terrenos para generar esta competencia insostenible por la tierra en su área.

La alcaldesa de Jamundí, Paola Castillo, presentó una denuncia el mes pasado, mencionando que los delincuentes estaban ofreciendo a las personas la posibilidad de comprar terrenos, afirmando que la administración de la SAE y la ciudad habían emitido autorizaciones, las cuales, según ella, son completamente fraudulentas. Esta propiedad en cuestión se conoce como San Isidro.

Lo más alarmante, según la alcaldesa, es que esta comercialización ha estado en curso durante varios años, con la evidencia de que los terrenos tienen límites irregulares.

El director territorial de la Sociedad de Activos Especiales, Felipe Tascón, visitó la propiedad «San Isidro.» Observó que en los últimos años, esta tierra se ha vendido parcialmente a familias de Jamundí y otras áreas en Valle del Cauca y Cauca.

Según Tascón, las ventas carecen de respaldo legal, dado que la tierra está administrada por la entidad tras un proceso de extinción del dominio.

Frente a las denuncias sobre esta actividad fraudulenta, el director territorial de la SAE, Felipe Tascón, decidió inspeccionar los terrenos de San Isidro. Según sus observaciones, la venta es ilegal, ya que la tierra se encuentra bajo la administración de la entidad, después de haber asumido el control tras el proceso de extinción.

«Iniciaremos procesos formales una vez que la comunidad presente denuncias contra los estafadores. Hemos acordado que el próximo miércoles ofreceremos transporte a las oficinas de algunos fiscales para que puedan presentar sus quejas», explicó Tascón.

Los precios de venta alcanzan hasta ocho millones de pesos, que muchas familias han pagado por la compra de lotes que no sobrepasan los 300 metros cuadrados. Las transacciones fraudulentas fueron aparentemente realizadas por fundaciones que ofrecieron documentos falsos, logrando así comercializar la propiedad durante varios meses.

«Hemos sido engañados, aquí las partes fueron vendidas entre 4 millones de pesos hasta 8 millones de pesos, y 6 millones. En la siguiente área, ya se vendió todo por valores de 7 o 6 millones de pesos. Necesitamos soluciones, porque nos han timado, tenemos un proyecto, cultivos, hemos hecho una gran inversión», manifestó uno de los afectados.

El seguimiento de los bienes raíces se realiza en comparación con la información que tiene la SAE. Existen otras tres propiedades que también se están vendiendo ilegalmente a través de entidades fantasma y empresas. Tanto la alcaldesa de Jamundí como la SAE advierten a la comunidad que eviten caer en estas estafas y que busquen información oficial basada en el estado legal de los terrenos a la venta.

Una delegación de verificación, integrada por funcionarios gubernamentales y los secretarios de seguridad de Jamundí, logró determinar que hay invasiones en otras propiedades aledañas, como «Loma Largo.» Sus propietarios desmienten cualquier interés en la venta, y advierten sobre el impacto ambiental y ecológico que están enfrentando debido a la llegada masiva de personas interesadas en comprar terrenos, sin conocimiento de que algunos provienen de individuos con intenciones poco claras.

Esta es la propiedad legal proporcionada por el estado

En un procedimiento que tuvo lugar el mes pasado, en abril, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y la Sociedad de Activos Especiales (SAE) entregaron 8.3 hectáreas de tierra a favor de 358 familias, que constituyen el Consejo Comunitario de Jamundí de San Isidro.

Según la ANT, después de un proceso de consulta sobre la construcción de una prisión en Jamundí, se generaron reclamos respecto a la violación de la ley 70 de 1993, así como tensiones entre las comunidades que han luchado por reivindicar sus derechos territoriales ante las autoridades locales.

Con este trasfondo, el Consejo Social declaró que el proyecto de construcción de un complejo penitenciario de alta seguridad en Jamundí (Cojam) causó una serie de efectos adversos, incluyendo la destrucción de viviendas y bienes, como ocurrió con algunos ranchos en Bocas del Palo y Guabal.

Después de diez años de dilaciones, se logró este suministro de tierras, lo que «valida el trabajo y el compromiso del Gobierno del Presidente Petro con las comunidades étnicas para facilitar, mediar y garantizar los derechos de territorio y acceso a la tierra, lo que supone una oportunidad para celebrar el progreso y mejorar la calidad de vida». Esto fue expresado por Astolfo Aamburo, director del comercio del medio ambiente de las hormigas.

Carolina Boorquez

Corresponsal de

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