Un póster que transformó los activos estatales en actividades privadas con soledad
Tiempo ha investigado a fondo el complejo Red de corrupción que, de manera ilegal, despojó al alcalde de las valiosas tierras de la ciudad de Soledad, que estaban destinadas a áreas verdes y proyectos sociales. La oficina del fiscal ha revelado detalles reveladores durante la desglosación de una solicitud contra 17 acusados de un presunto delito de robo de tierras.
La atención judicial que tuvo lugar mucho antes En el tribunal penal municipal encargado de controlar las garantías, se demostró la existencia de un programa penal bien estructurado entre 2019 y 2024, en el que se habrían visto involucrados diversos funcionarios públicos, abogados, inspectores de policía, notarios y servidores de la oficina de registro de instrumentos públicos. Según la Oficina del Octavo Fiscal, que se especializa en la lucha contra organizaciones criminales, el objetivo principal era apoderarse de las tierras que, de acuerdo a la ley, deberían destinarse al uso público, para luego venderlas de manera deshonesta.
Letras irregulares y tareas falsas
Durante su discurso, el fiscal del caso presentó evidencia contundente que demostraría cómo los implicados se habían apoderado ilegalmente de la propiedad ubicada en 65th Street y Carrera 13, en el sector de Acacia, que originalmente había sido entregada por una empresa de construcción a la oficina del alcalde de Soledad para el desarrollo de un parque.
José Luis Pacco Teherán es uno de los nombres centrales en esta maniobra, junto con el calificador de la oficina del Instituto Público y David de Castro Macías, un registrador de la misma entidad. Según la oficina del fiscal, ambos firmaron y calificaron resoluciones que otorgaron este terreno de forma indebida a un particular, sin la debida documentación legal, actuando en beneficio de la cirugía antes mencionada.
La investigación del fiscal ha revelado que durante la revisión de la oficina del Alcalde de Soledad, no existía ningún documento que validara la transferencia de la parcela al presunto beneficiario, lo que prueba que la propiedad seguía siendo de la Comuna. Sin embargo, el inspector de policía Marlon Mora Montesino emitió un medio de protección a favor de la partículaA, a través del cual facilitó la subdivisión ilegal y la reventa de bienes raíces.
Notarios en monumentos
Ana Dolores Meza Caballero, la segunda notaria pública, fue detenida por la policía. Foto:Redes sociales
La oficina del fiscal ha señalado a dos notarios como piezas fundamentales de esta red: Ana Dolores Meza Caballero, notaria del segundo de Barranquilla, y Francisco María Mejía de la Hoz, notario público de Santo Tomás. Ambos se encargaron de registrar actos públicos que, al menos en el papel, transferían bienes raíces de propiedad pública a individuos.
Meza Caballero, quien fue arrestada el 22 de abril, logró obtener arresto domiciliario por cuestiones de salud, después de haber sido acusada de delitos relacionados con la usurpación de propiedad, la propagación por omisión, urbanización ilegal y conspiración para cometer delitos. Según la fiscalía, su participación fue crucial en la legitimación de terrenos que nunca debieron ser desalojados de su uso como espacios públicos.
Interceptaciones de llamada y la red
Uno de los aspectos más destacados de la intervención del fiscal fue la presentación de interceptaciones telefónicas entre los acusados, en las que discuten de manera abierta sobre pagos ilegales, manipulaciones documentales y estrategias para alterar los procesos de registro.
En una de estas conversaciones, se puede escuchar a José Luis Paczeco hablando con Javier Gutiérrez sobre sobornos, los cuales fueron pagados para acelerar ciertos procedimientos en la oficina de instrumentos públicos. «Podemos ver cómo la Oficina efectivamente ha llevado a cabo actos de corrupción en relación con CoiMas, quienes recibieron pagos para agilizar el registro de propiedades«, mencionó el fiscal.
En otra interceptación, un diálogo entre el notario público Francisco Mejía de la Hoz e Iván Carlos Páez Redondo, un registrador de instrumentos públicos, evidenció un acuerdo para formalizar procesos que involucraban a ciertos clientes notarios, confirmando así la complicidad entre funcionarios y particulares para la legalización ilegal de bienes públicos.
Funcionamiento de la red y su desprecio hacia los bienes públicos
De acuerdo con la Oficina del Fiscal de Octavo Especialista contra organizaciones penales, las personas implicadas en el escándalo sobre el robo de tierras en Soledad implementaron una red compleja que interconectaba corrupción administrativa, falsificación de documentos, abuso del sistema judicial y complicidad de notarios y abogados.
Ana Dolores Meza Caballero, justo antes de su arresto en Barranquilla. Foto:Cortesía
Las evidencias indicaron que la red adoptó dos métodos principales de operación:
1. Modalidad de procesos de afiliación falsos
Utilizaron técnicas para apoderarse de propiedad sin un propietario claro o abandonada.
- Reclutamiento de personas vinculadas a la red: Quienes trabajaban como testaferros o cómplices se situaron en la propiedad, establecieron construcciones mínimas para justificar su ocupación.
- Presentación de demandas de pertenencia ante jueces civiles: Con la assistencia de abogados cómplices, los «titulares» iniciaban procesos de pertenencia, presentando declaraciones ficticias, y testigos, y confeccionando documentos que demostraran diez años de tenencia.
- Sentencias favorables basadas en pruebas manipuladas: Sin una objeción válida o posible control de abandono por parte de la oficina del alcalde, los jueces resolvieron a favor del demandante.
- Protocolos de acciones en notarios aliados: Notarios como Ana Dolores Meza o Francisco Mejía formalizaron acciones públicas que otorgaron legalidad a estos nuevos «propietarios».
- Registros fraudulentos en la Oficina de Instrumentos Públicos: Funcionarios como José Luis Paczeco o Iván Páez registraron nuevas acciones y modificaron registros de bienes raíces con documentos inválidos o basados en fallas procesales manipuladas.
2. Modalidad de asignación ilegal de bienes inmuebles públicos o áreas verdes
Intentaron apoderarse de tierras designadas para uso comunitario, como parques o escuelas.
- Identificación de bienes raíces estratégicas en el proceso de urbanización: Comunas que eran parte de los actos de los constructores (arquitectura y concreto, marval, amarillo, entre otros) que debían ser destinados a áreas verdes o recreativas.
- Obtención de información privilegiada de la oficina o curaduría del alcalde: Funcionarios o abogados con acceso a documentación urbanística identificaban bienes inmuebles que estaban bajo la supervisión del Ayuntamiento pero sin registro completo.
- Creación de transacciones o ventas ficticias: Se generaban documentos de traspaso falsos, a menudo con fechas anteriores a las asignaciones oficiales.
- Uso de inspectores de policía para emitir medidas de protección ilegales: Inspectores como Marlon Mora emitieron resoluciones a favor de propietarios falsos, obstaculizando la acción de las autoridades municipales.
- División de inmuebles para aumentar el número de registros: Una vez ilegalmente reconocidos, los terrenos se subdividían en parcelas pequeñas, comercializándose posteriormente a terceros de buena fe.
- Legalización en notarios: Los notarios emitieron escrituras públicas sin verificar la legalidad de las transferencias que otorgaban nuevos títulos.
- Registro público mediante sobornos o ‘coimas’: Para que los procesos fueran exitosos, los miembros de la red pagaron sobornos a los funcionarios de la Oficina de Registro, señalando que estos pagos fueron clave para «acelerar» los trámites.
Casos específicos en esta modalidad
Involucrando a varios funcionarios públicos. Foto:Prensa de la policía de Barranquilla
- Propiedad de las Acacias (65th Street con Carrera 13): Terreno que fue entregado por una constructora para un parque, pero que finalmente fue transferido a un particular mediante una cadena de documentos falsificados. Implicados: David de Castro (Registro), Pakco (calificador) e inspector Mora (Protección).
- URBANIZACIÓN MANANTICA: Terreno asignado a la comunidad en 2019 por arquitectura y concreto, que fue vendido ilegalmente y registrado como propiedad privada. Se menciona a Luis Fernando Rojas Peñaloza como principal culpable.
- Ciudad Salitre (Amarilo): Terreno asignado para un establecimiento social que terminó involucrando a 13 personas en ataques ilegales.
Nexo entre la banda criminal «Los Costeño»
Uno de los aspectos más graves que reveló la oficina del fiscal fue la posible conexión entre esta red de corrupción y el grupo criminal «Los Costeño», dirigido por el conocido como ‘Castor’.
En una de las interceptaciones, Jesús Alberto Bedoya, presunto miembro de esta banda, mencionó que las tierras «venían de Castor» y que el grupo era «la mejor seguridad».
«No habrá problema con la seguridad» se escucha en el audio, que para la oficina del fiscal demostraría una alarmante articulación entre el crimen organizado y la corrupción institucional a fin de garantizar el control sobre propiedades de utilidad pública.
Soledad (Atlántico) Vanexa Romero Fotografía/Clima. Foto:Vanexa Romero/ El TIempo
Acusados y judicialización
- Funcionarios de registro: Juan Manuel Ucrós, ex registrador; Iván Páez, actual secretario; David de Castro, ex registrador.
- Calificadores y abogados: José Luis Pacheco, Rafael Bossio, José Luis Márquez.
- Notarios: Ana Dolores Meza (Barranquilla), Francisco Mejía (Santo Tomás).
- Funcionarios del alcalde: Andrés Díazgranados (legal), Neissy Cantillo y Marlon Mora (inspectores).
- Presunta corrupción y propietarios: Luis Fernando Rojas, Wilmar Machuca, Ismael Cárcamo, Inés Salas, Alex Ahumada, José Peñaloza.
- Presunto testigo falso: Roque José Lugo.
La oficina del fiscal ha declarado que no se descarta la incorporación de nuevos acusados, dado que las pruebas apuntan a una red de corrupción más amplia que podría afectar otras unidades en el Ayuntamiento de Soledad.
El fiscal continuará presentando evidencia que, según sus portavoces, «confirmará un sistema penal articulado para robar tierras de herencia pública para beneficio de intereses privados.»
