Las apelaciones frenan la orden del juez de devolver 480.000 millones de dólares en patrimonio a los herederos – Primer plano
El legado millonario de un campesino vallenato José Guillermo «Ñeñe» Hernández una vez más se encontró en el centro de una disputa legal. En caso de devolución de bienes cuyo valor sea superior a 480 mil millones de dólares Se presentaron apelaciones a sus herederos. El viernes 13 de febrero suspendieron la entrega material del inmueble y remitió los expedientes a la Corte Suprema de Bogotá.
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La cuestión prejudicial fue adoptada por el Juzgado Sexto Penal del Distrito Especializado en Extinción de Dominio, que ordenó el levantamiento de la mayoría de las medidas de protección impuestas sobre el patrimonio del empresario.. El fallo favoreció a la viuda del campesino, la exreina María Mónica Urbina, y a sus hijos, señalando que la Fiscalía no cumplió con la carga de la prueba necesaria para acreditar el origen ilícito del bien.
Tras la presentación de recursos de apelación por parte de varios intervinientes, El proceso entra ahora en una fase decisiva. A la espera del resultado de la segunda instancia, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) continuará administrando los inmuebles bajo su control.
Un fallo que cambió el rumbo del juicio
Ex Reina María Mónica Urbina, viuda de José «Ñeñe» Hernández. Foto:Néstor Gómez. Archivo EL TIEMPO
En primera instancia, el tribunal rechazó la solicitud de la Fiscalía General de la República de extinguir la propiedad de la mayor parte del patrimonio de Hernández. La oficina encontró que La fiscalía no pudo acreditar que los bienes provinieran de actividades relacionadas con la estructura criminal. de Marcos de Jesús Figueroa, alias «Marquitos».
El juez señaló enfáticamente que la demanda no se refería formalmente a la llamada «presunción de origen ilegal» prevista en el art. 152A de la Ley N° 1708 de 2014. Según el análisis judicial, esta omisión procesal fue determinante porque este monto fue decisivo no funciona automáticamente y deberá haber sido expresamente solicitado y sustentado por el Ministerio Público.
La oficina también cuestionó la solidez de las pruebas. En particular, cuestionó la coherencia del testimonio informante conocido como «La Penca», cuyas declaraciones calificó de contradictorias e insuficientes para establecer un vínculo claro entre el patrimonio del ganadero y el narcotráfico o actividades fachada.
Propiedad en disputa y alcance económico
Sentencia de primera instancia que ordena devolución de bienes a la familia de «Ñeñe» Hernández. Foto:TIEMPO
Sentencia de primera instancia ordenó la devolución de 72 propiedades, entre fincas y terrenos ubicados en Cesar, La Guajira y Bolívar, así como cinco gasolineras y 76 vehículos. También incluyó la restitución de Agropecuaria El Búfalo SA y cerca de mil cabezas de ganado, activos claves en la estructura productiva regional.
Si se produce un reembolso, Esta sería una de las fallas más graves de la fiscalía en materia de decomisos de dominio en los últimos años, tanto por el monto como por el carácter público del caso. La cifra total de más de 480.000 millones de dólares refleja el tamaño de los activos que se han sospechado a lo largo de los años.
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Sin embargo, la misma sentencia aclaró esta cuestión. No todos los recursos se liberarán automáticamente. Algunos activos específicos seguirán siendo administrados por SAE, dado que en estos casos se han cumplido los requisitos legales exigidos para mantener las medidas de seguridad.
Apelación y lo que sigue en segunda instancia
Sentencia emitida en primera instancia ordenando la devolución de bienes a la familia de «Ñeñe» Hernández. Foto:EL TIEMPO/ Archivo privado
Efecto inmediato El recurso de apelación es la suspensión de la ejecución de la orden. Si bien el fallo representó un triunfo legal para la familia Hernández, no se puede otorgar una reparación sustancial hasta que la Corte Suprema de Bogotá revise la decisión en su totalidad.
En esta nueva etapa Los magistrados deben evaluar si efectivamente existieron fallas procesales que afectaron la actuación de la Fiscalía. o si el análisis de las pruebas por parte del tribunal fue legal. El examen incluirá tanto una evaluación del testimonio como un examen de la estrategia jurídica de la entidad investigadora.
La sentencia fue calificada como «mixta» porque Esto no resolvió de manera uniforme la situación de todos los activos o de todos los activos relacionados. También se hizo referencia a la situación jurídica de bienes relacionados con otras personas, incluido Armando de Jesús Gnecco, lo que complica aún más el asunto.
Un caso de gran importancia política y judicial
Sentencia de primera instancia que ordena devolución de bienes a la familia de «Ñeñe» Hernández. Foto:EL TIEMPO/ Archivo privado
Proceso En torno a la fortuna de «Ñeñe» Hernández Esto tuvo repercusiones que iban más allá de lo estrictamente paternal. El empresario fue asesinado en mayo de 2019 en Uberaba, Minas Gerais (Brasil), en un incidente que, según informes oficiales de la Policía Militar del país, se produjo tras una pelea derivada de un presunto intento de robo mientras viajaba en un taxi.
Desde entonces, su nombre ha estado vinculado a investigaciones de alto perfil, haciendo del caso de confiscación de dominio un caso emblemático en todo el mundo. la capacidad del estado para liquidar activos supuestamente vinculados a la economía ilícita.
La decisión de primera instancia desató un delicado debate: el rigor con el que la Fiscalía debe formular sus demandas y la necesidad de cumplir estrictamente con los requisitos legales en procesos donde se discuten activos de gran escala. Para los expertos en derecho penal y decomiso de activos, el caso podría sentar un precedente para los estándares probatorios requeridos.
Ahora, La última palabra la tendrá la Corte Suprema de Bogotá. Su anuncio no sólo determinará el destino de una fortuna multimillonaria, sino que también enviará un mensaje sobre el alcance y los límites de las actividades de confiscación de activos en Colombia. Mientras tanto, los productos todavía están en espera, Permanece bajo custodia estatal a la espera de una decisión final.
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