Cauca, Antioquia y Valle, los tres departamentos donde más se registran asesinatos de líderes sociales – Primer plano
Jaime Becerra Castilla, líder social asesinado. Foto:Archivo Particular
Este hombre, de 61 años, se convirtió para la Fiscalía en el líder social número 136 en ser asesinado este año. Las cifras de esta violencia siguen siendo dispares: para el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) es el caso 105, mientras que para la Oficina del Representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas la correlación entre asesinato y liderazgo está plenamente corroborada en 41 crímenes; el resto de casos sigue en verificación.
Lo cierto es que tras la implosión de la mayor parte de mesas de la ‘paz total’ y con los grupos armados crecidos –y a pesar de las promesas de la campaña presidencial del 2022– los asesinatos contra los líderes sociales no se detienen. En varias regiones del país –el Catatumbo, el mismo Guaviare, Arauca, Putumayo y Cauca– tan solo levantar la voz contra la economía de la coca, la minería ilegal o el reclutamiento de niños equivale a cargar una lápida al cuello.
Según los registros de la Fiscalía, en promedio cada día y medio es asesinado un líder social en el país. Si la tendencia se mantiene, el 2025 podría ser uno de los años más violentos para esta población, siendo el 2022 el más crítico en los últimos cuatro años: 212 casos, según las cifras del ente acusador. Ese mismo conteo marcó 141 asesinatos en 2021, 190 en 2023 y 204 el año pasado.
El pico de los registros de Indepaz se contabilizó en 2023, con 188 crímenes de líderes sociales, seguido de 187 en 2022. Y los de la ONU pasaron de 78 en 2021 a un máximo de 116 en 2022, para luego descender a 105 en 2023 y 89 en 2024.
Las diferencias en los registros, señalan fuentes que conocen del tema, representan una dificultad adicional a la hora de implementar estrategias que realmente sirvan para tratar de frenar este flagelo. Esas fuentes también recuerdan que la entidad que tiene la misión de investigar penalmente estos casos y que tiene además los recursos para hacer esa tarea es la Fiscalía, que en lo que va de este 2025 tiene el reporte más alto de ataques contra los liderazgos sociales.
A estos los están matando no solo en regiones apartadas sino en las calles de ciudades intermedias y en las goteras de las grandes capitales.
El 15 de agosto, en el barrio Zamorano de Palmira (Valle), asesinaron a Álvaro Roncancio, de 64 años, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Tenjo. Una semana antes, también en el Valle, la víctima fue Ruhalt Martínez, presidente de la junta de acción comunal del corregimiento de Villa Colombia, del municipio de Jamundí. Villa Colombia, a no más de una hora de Cali, se convirtió en los últimos cuatro años en el enclave de las disidencias de la columna ‘Jaime Martínez’ de las disidencias de ‘Mordisco’.
Familiares despidieron a Álvaro Roncancio, un líder social que dejó una gran huella en la región. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO.
Esa zona montañosa es considerada por las autoridades como la retaguardia estratégica desde donde se planean atentados terroristas como el que hace una semana sacudió a Cali y al país. Y allá, a pesar de todas las denuncias, siguen mandando los violentos. Los que se oponen pagan las consecuencias.
Al hombre que antecedió a Ruhalt Martínez en la presidencia de la junta de acción comunal, Yeri Edwin Martínez, lo mataron las disidencias en julio del 2024. Aunque desde hace más de dos años la Defensoría del Pueblo viene advirtiendo sobre el riesgo que corren en esos municipios “líderes, lideresas y representantes de comunidades campesinas, así como de personas en proceso de reincorporación” por cuenta de la expansión de las disidencias, el Estado sigue fallando a la hora de protegerlos.
Tanto en Villa Colombia, en el Valle, así como en El Retorno, Guaviare, los grupos armados no solamente controlan la economía ilegal sino cada actividad de la vida de las personas. Los tienen carnetizados y pagan extorsión por cada actividad, incluso por las ventas callejeras.
La oposición de líderes comunales a ese control social o a la instrumentalización de las comunidades –se vio esta semana durante el secuestro de los soldados– es respondida con violencia. Quienes deciden quedarse y dar la lucha arriesgan su vida y la de sus familias. Y muchos, señalan fuentes consultadas por este diario, son forzados a salir de sus regiones o a callar y simplemente a acomodarse.
Cauca, Antioquia y Valle, los tres departamentos donde más se registran asesinatos de líderes. Foto:Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO.
La Defensoría del Pueblo señala que desde 2016 (el año de la firma del Acuerdo de Paz con las Farc) van al menos 1.577 asesinatos de líderes y defensores de derechos humanos en todo el país.
Leonardo González, director de Indepaz, asegura que el Gobierno y el país no pueden quedarse en el debate sobre cifras que, incluso, pueden dar lugar a falsas expectativas. Así, frente a la tendencia de caída de los casos desde 2022 y 2023 asegura: “Hay que ver si es por los diálogos de paz, por más control del Ejército o porque simplemente ya no hay líderes en algunas zonas”. Así, afirma que ante el riesgo y los asesinatos, en varios territorios no se están dando relevos en los liderazgos.
Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señala que sin importar si son 50 o 100 casos de asesinato, “siguen siendo muchos para una población que es parte del tejido social democrático y territorial del país”, y expuso deficiencias en la política de prevención y protección.
“En este momento, Colombia no tiene cifras unificadas de violaciones a los derechos humanos que sean fácilmente consultables por la ciudadanía”, afirma Bonilla, y agrega que hay problemas de dispersión institucional y grandes dificultades en la Unidad Nacional de Protección (UNP), que a los cuestionamientos por corrupción suma las limitaciones presupuestales y operativas a la hora de cumplir su misión.
Las cifras en los territorios
De acuerdo con Indepaz, el Cauca sigue siendo el epicentro de la violencia contra líderes sociales en 2025, con 26 asesinatos registrados, una cifra que duplica a la de Antioquia, con 13 casos, y que casi triplica a la del Valle del Cauca, que aparece con 11. Los tres representan el 47,6 % de los casos. Les siguen Norte de Santander con siete, y Putumayo y Nariño, ambos con cinco. Departamentos como Magdalena, Chocó, Bolívar y Guaviare también registran una situación crítica, con cuatro asesinatos cada uno.
En el caso de los municipios, los registros confirman la persistencia de esta violencia en los territorios más golpeados por la presencia de grupos armados. Tibú, en Norte de Santander, que a lo largo de este año ha sido víctima de la mayor crisis de orden público y humanitaria en los últimos años en Colombia, encabeza la lista con cinco casos, seguido por Páez (Cauca) con cuatro y Toribío y Santander de Quilichao (Cauca) con tres cada uno.
Cali, que hace una semana fue golpeada por el peor atentado terrorista de los últimos meses en una ciudad capital del país, aparece con tres hechos, mientras que municipios como Puerto Caicedo (Putumayo), Tumaco (Nariño) y Palmira (Valle) reportan dos casos cada uno. Tumaco, en todo caso, reporta mejoría frente a años anteriores, cuando fue uno de los lugares más riesgo del país para todo tipo de liderazgos comunitarios.
Aunque las disidencias de ‘Mordisco’ siguen siendo el principal azote de los líderes en casi todo el territorio, la violencia del Eln ha sido particularmente fuerte en el Catatumbo (en medio de la escalada violenta a inicios del año, que dejó, además, 80.000 personas desplazadas o confinadas forzosamente) y en Arauca. Y en el norte y el occidente, el ‘clan del Golfo’ tampoco da tregua: de nuevo, las imposiciones para forzar a comunidades a mantenerse en las rentas criminales del oro y la coca son los mayores focos de tensiones con las personas que lideran las veredas y caseríos o que alertan sobre la depredación de la naturaleza asociada a esas prácticas.
En marzo, en Segovia, miembros del ‘clan del Golfo’ secuestraron a Jaime Alonso Gallego Gómez, fundador de la Mesa Minera de ese municipio antioqueño, que por siglos ha vivido de la explotación del oro. Su cadáver apareció días después en una carretera, baleado.
“Jaime Gallego, dirigente de Colombia Humana en Segovia, Antioquia, fue asesinado por el ‘clan del Golfo’ en Vegachí. Se sindica a alias Máximo o Sebastián de ser el autor de su asesinato. Espero la inmediata captura de los miembros del ‘clan’ del nordeste antioqueño”, escribió en su cuenta de X el presidente Gustavo Petro. Esa misma organización criminal es la que se apresta a iniciar conversaciones con el gobierno Petro en la recta final de la ‘paz total’.
Foto:Julián Ríos Monroy. EL TIEMPO
¿Quiénes son las víctimas?
Respecto a los perfiles de líderes asesinados, los datos revelan que quienes cumplen labores comunales son los más afectados este año, con al menos 23 víctimas en lo corrido del año, seguidos por los líderes indígenas, con 18 casos, y los comunitarios, con 13. También resalta el asesinato de nueve líderes políticos, ocho campesinos, siete sindicalistas y siete culturales.
Aunque en menor medida, también han sido víctimas líderes vinculados a procesos ambientales, juveniles, religiosos, afrodescendientes, mineros, de víctimas y de la comunidad LGBTIQ+, lo que refleja la amplitud de sectores sociales bajo amenaza. Leonardo González explica que Indepaz clasifica a las víctimas con el fin de hallar patrones de riesgo que puedan influir en estos crímenes.
“Por ejemplo, liderazgo de mujeres, liderazgos de la comunidad LGBTIQ+, liderazgos de víctimas. En total son aproximadamente 23 o 24 categorías que existen en estos momentos para determinar lo que es un líder social”, asegura.
González advierte que la escalada de todos los grupos violentos contra las juntas de acción comunal representa una amenaza contra la base de la democracia a nivel local.
“Es esa legítima contravía a los intereses de los grupos armados la que los pone en la mira”, dice la cabeza de Indepaz. Sacarlos del juego termina impactando proyectos que son de enorme valor para las comunidades, pero que desafían los intereses de los grupos ilegales: la ampliación de un resguardo indígena, planes de erradicación de cultivos ilícitos o la construcción de una carretera que los campesinos necesitan para sacar sus productos y que, desde la lógica criminal, también representa una vía para la movilización de la Fuerza Pública.
Según explica un líder social del Cauca entrevistado por este diario, las comunidades indígenas –en particular en departamentos como el suyo– son quienes con más fuerza resisten a la guerra y a las normas de facto que pretenden imponer los grupos armados ilegales. Se trata de normas que van desde el reclutamiento forzado de menores hasta la violencia sistemática contra mujeres y comunidad LGBTIQ+. La resistencia a esos abusos convierte a los líderes en objetivo directo. “No podemos decir que no, una negativa es una condena a la muerte”, afirma el líder.
Hace dos semanas, en El Dovio (Valle), la víctima fue el joven líder emberá Yeison Aizama Variaza, cuyo trabajo por la defensa de los derechos territoriales y la protección ambiental lo habían hecho un personaje reconocido en el norte del Valle. “Vivimos con miedo constante. No podemos caminar libres en nuestra propia tierra”, le dijo a EL TIEMPO una líder comunitaria, que pidió reservar su identidad.
Entierro de un líder social. Foto:Juan Pablo Rueda /
Eso no está pasando solamente en el Valle y en Cauca, sino en otras regiones del país, como el Meta. A mediados de julio, en Puerto Gaitán, asesinaron a William Gaitán, líder del pueblo sikuani y que era consejero de salud de la Asociación Indígena Unuma (Asounuma) y gerente de la IPS indígena Matsuludani.
Ser mujer, indígena, afrodescendiente o miembro de la comunidad LGBTI aumenta el riesgo. El asesinato de una lideresa, por ejemplo, es considerado un golpe aún más devastador para las comunidades, dado que el camino para que las mujeres accedan a liderazgos sociales ha sido históricamente más difícil.
Uno de los casos más representativos marcó el inicio del fin de las polémicas negociaciones de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y las disidencias de ‘Mordisco’: fue en marzo del año pasado con el asesinato de la lideresa Carmelina Yule Paví a manos de las disidencias, cuando esta intentó rescatar a un menor indígena al que se querían llevar reclutado.
En su momento, Naciones Unidas aseguró que el crimen “se suma a una problemática de violencia que afecta a mujeres líderes indígenas en la región, quienes son blanco constante de amenazas, agresiones y homicidios por su labor de defensa territorial y de derechos”. Este es un panorama que no ha cambiado 18 meses después.
Los líderes sociales no son los únicos blancos de los violentos en los territorios. A la par de los ataques en su contra, todos los grupos armados mantienen su acoso contra los desmovilizados de las antiguas Farc. Desde el 2016 van más de 460 asesinatos.
Entre enero y junio de este año, según los datos de la Defensoría del Pueblo, se perpetraron al menos 25 homicidios contra los firmantes de la paz.
Redacción Justicia y Nación.
