Japón ejecuta al «asesino de Twitter» después del crimen que sacudió al país – Primer plano

Takahiro Shiraishi, de 34 años, fue colgado este viernes en Japón. Fue sentenciado a muerte por matar y eliminar a nueve personas que contactaron a Twitter, hoy llamó X. Esta es la primera aplicación de la pena de muerte en ese país desde 2022.
El horror comenzó en Halloween
La policía descubrió los asesinatos en octubre de 2017, mientras examinaba la desaparición de una niña de 23 años. Su hermano se unió a su cuenta de Twitter y llevó a los agentes a la casa de Shiraishi, en los suburbios de Tokio. Allí encontraron 240 fragmentos de piernas ocultas en refrigeradores portátiles y caja de herramientas, cubiertas con arena de gato.
Debajo del disco también confiscaron cuchillos, tijeras, montañas y otros elementos de carpintería. Las víctimas, entre 15 y 26 años, habían expresado pensamientos suicidas en las redes sociales. Shiraishi se ofreció a «ayudarlos a morir», pero terminó matándolos.
Un crimen sexual, violento y calculado
Shiraishi reconoció los nueve asesinatos. El ministro de Justicia, Keisuke Suzuki, explicó que el hombre conoció, sofocó, robó, violó y limitó a sus víctimas. Sostuvo partes de los cuerpos y arrojó a otros en un vertedero. Según Suzuki, actuó para satisfacer los «deseos sexuales y financieros». Confirmó que los crímenes «conmocionaron al país» y que después de una reflexión ordenó su ejecución.
Condena confirmada por justicia
En 2020, un juez lo condenó a muerte. Los abogados pidieron prisión y afirmaron que las víctimas habían consentido morir. El tribunal rechazó esa idea y describió sus acciones como «astutas y crueles». Señaló que el asesino usó personas vulnerables y pisoteó su dignidad.
Japón tiene la pena de muerte
El país ejerce la pena de muerte colgando. En 2024, una encuesta oficial reveló que el 83 % de los ciudadanos creen que es «inevitable». Aunque la ley requiere al prisionero seis meses después de la decisión, muchos años en el corredor de la muerte pasan. En Japón, generalmente sabe la fecha de su ejecución solo unas horas antes.
A pesar del apoyo popular, las organizaciones cuestionan la falta de apertura en este sistema y critican el tratamiento de los condenados.